La Administración rehúye de los informes de economía sumergida porque sus resultados pueden evidenciar, con toda probabilidad, una política antifraude ineficaz y precisamente lo último que desean los responsables políticos en este
Recientemente, losTécnicos del Ministerio de Hacienda hicimos público nuestro último informe sobre la evolución de la economía sumergida, que arrojaba una cifra de fraude equivalente al 24,6% del PIB, más de 250.000 millones de euros. Pese a la rigurosidad del estudio coordinado por el profesor Jordi Sardá de la Universitat Rovira i Virgili, algunos responsables políticos salieron una vez más a la palestra pública para asegurar que es imposible aproximarse a la dimensión del fraude precisamente porque es una realidad opaca y difícil de medir.
Si el Gobierno o cualquier otra administración respaldara un informe de economía sumergida estaría dispuesto a hacer
Pero lo cierto es que este argumento enmascara una falta clara de voluntad política en la lucha contra el fraude. Sin ir más lejos, ningún gobierno o administración pública, salvo contadísimas excepciones, ha encargado un estudio independiente al respecto, por lo que cabe preguntarse por qué. Desde
En primer lugar, la Administración rehúye de los informes de economía sumergida porque sus resultados pueden evidenciar, con toda probabilidad, una política antifraude ineficaz y precisamente lo último que desean los responsables políticos en este momento
Segundo. La ausencia de este tipo de informes permiten al Ejecutivo continuar
Otra de las causas que explican esta falta de voluntad política reside en el alto grado de jerarquización de la AEAT, lo que la hace poco funcional debido a la desigual carga de trabajo
Por último, aunque no menos importante, si el Gobierno o cualquier otra administración respaldara un informe de economía sumergida estaría dispuesto a hacer
De todas formas, la resistencia de los gestores políticos a realizar estos estudios no tiene mucha lógica si tenemos en cuenta
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