LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA IMPULSADA POR LOS SALARIOS: UNA ALTERNATIVA A LA DEFLACIÓN

Nacho Álvarez, Departamento de Economía Aplicada (Universidad de Valladolid)

Introducción: el vínculo entre salarios, empleo y crecimiento económico

La relación entre salarios y empleo es central en el análisis macroeconómico e, igualmente, en la política económica. La economía ortodoxa señala que dicha relación es manifiestamente inversa, es decir, que la creación de empleo responde positivamente ante reducciones en el coste de la fuerza de trabajo. Múltiples estudios –tanto teóricos como empíricos– cuestionan sin embargo dicha aproximación.

En concreto, destacan tres líneas de investigación que analizan los vínculos entre salarios y empleo y que cuestionan el enfoque ortodoxo. En primer lugar, numerosos análisis del impacto del salario mínimo en los niveles de empleo (ver, por ejemplo, Card y Krueger, 1994; Dickens et al., 1999) contradicen abiertamente la predicción ortodoxa de que los aumentos salariales provocan incrementos de la tasa de paro.

Una segunda línea de investigación se interroga por el impacto que tienen las instituciones del mercado de trabajo (sindicatos, negociación colectiva, normativa laboral, protección frente al despido, etc.) sobre el empleo. A pesar de la ingente literatura ortodoxa existente tratando de vincular dichas instituciones con niveles superiores de desempleo y menor crecimiento económico, las contrastaciones empíricas realizadas no resultan en absoluto concluyentes[1]. Es más, son diversas las investigaciones que señalan en la dirección contraria: la existencia de estas instituciones en el mercado de trabajo no sólo no determina mayores niveles de desempleo, sino que colabora al crecimiento económico y la creación de empleo (Palley, 2011).

En tercer lugar destaca la reciente literatura –vinculada fundamentalmente al enfoque postkeynesiano– que analiza hasta qué punto el crecimiento económico de los distintos países está impulsado por los salarios o por los beneficios. Este enfoque –desarrollado a partir del trabajo original de Bhaduri y Marglin (1990)– resulta particularmente interesante para analizar la política económica que actualmente se implementa en el marco de la crisis, en la medida en que plantea la posibilidad teórica de que la redistribución de la renta afecte al crecimiento económico[2].

Bhaduri y Marglin analizaron los efectos que los cambios en la distribución funcional de la renta pueden tener sobre el consumo, la inversión y el crecimiento económico. Su modelo parte de una constatación básica: el salario presenta una doble dimensión en nuestra economía siendo, simultáneamente, coste para las empresas y el principal determinante del consumo privado de las familias. A partir de ahí estos autores estudian el carácter contradictorio que tiene el impacto de una variación salarial sobre los componentes de la demanda agregada: una reducción del peso que los salarios tienen en la renta nacional conllevará, por un lado, una mejora en los márgenes de beneficios y mayores expectativas de rentabilidad, impulsando así la inversión empresarial. No obstante, la reducción salarial impactará negativamente sobre la capacidad de consumo de los trabajadores. Esta reducción salarial entrañaría así una reducción agregada del consumo privado que no sería compensada por el consumo que ejercen las rentas del capital, en la medida en que los asalariados presentan una mayor propensión al consumo que los empresarios, accionistas y directivos.

Por todo ello, el impacto directo que sobre el crecimiento económico tenga una reducción de los salarios dependerá de qué componente de la demanda agregada pese más: si la reducción del consumo privado desborda la posible mejora de la inversión empresarial que cabría esperar de la caída salarial, el impacto general sobre el crecimiento será negativo. Y, viceversa, cuando en una economía la mejora de la rentabilidad y, con ello, de la inversión, sea capaz de compensar la reducción del consumo privado, el impacto de una caída relativa de los salarios será positivo para el crecimiento económico. En el primero de los casos hablamos de economías “dirigidas por los salarios” (wage-led) y, en el segundo de economías “dirigidas por los beneficios” (profit-led).

Durante los últimos años múltiples estudios econométricos han tratado de contrastar empíricamente hasta qué punto el crecimiento de las distintas economías europeas está dirigido por los salarios o por los beneficios (Hartwig, 2014; Onaran y Galanis, 2012; Stockhammer y Onaran, 2012). La mayor parte de estos trabajos señalan que las principales economías europeas se encuentran dirigidas por los salarios. Es decir, que el efecto que tiene un aumento del peso de las rentas salariales sobre el PIB (es decir, un crecimiento salarial superior a la productividad) es el de un crecimiento del consumo y, con ello, del grado de utilización de la capacidad instalada en las empresas. Este impulso de la demanda de consumo explicaría a su vez –a pesar de los menores márgenes de beneficios– el crecimiento de la inversión y del conjunto de la demanda agregada de la economía.

En resumen, esta tercera línea de investigación abre la puerta a una nueva orientación de la política económica, identificando la posibilidad de que una estrategia redistributiva a favor de los salarios facilite la recuperación económica y la creación de empleo.

El papel de los salarios en la crisis y en los desequilibrios macroeconómicos de la zona euro

Las élites políticas y económicas pretenden trasladar la idea de que la crisis de la Unión Económica y Monetaria (UEM) responde fundamentalmente a la progresiva pérdida de competitividad experimentada por las economías periféricas frente a los países centrales, fruto de un crecimiento más acelerado de sus costes laborales unitarios. En consonancia con ello, y dado que la recuperación de la competitividad perdida en el marco de una unión monetaria no se pude hacer vía devaluación cambiaria, la Troika ha impuesto a la periferia una estrategia de devaluación salarial para recuperar dicha competitividad.

Sin embargo, esta estrategia está fracasando, como vemos a continuación. Este fracaso obedece a un (interesado) error de diagnóstico: los déficits por cuenta corriente en el seno de la zona euro durante el periodo previo a la crisis no son la consecuencia de un crecimiento “excesivo” de los salarios, sino el resultado de la articulación de un modelo de crecimiento desequilibrado en el conjunto de la UEM.

La recuperación de la rentabilidad de las economías europeas –tras la crisis de la década de 1970– se produce gracias a la aplicación de las políticas neoliberales durante las décadas siguientes. La consecuencia inmediata de estas políticas –desreglamentación, privatización y apertura de las distintas economías– es la progresiva reducción del peso que los salarios tienen sobre el PIB. Con ello, y dado el carácter wage-led de estas economías durante el periodo descrito, se desarrolla un modelo de acumulación en Europa de débil crecimiento, como consecuencia de la insuficiente demanda agregada[3].

No obstante, frente a este problema de insuficiencia de demanda las distintas economías experimentarán diversas “salidas” posibles. En cualquier caso, estas “salidas” entrañan que unos desequilibrios internos crecientes –vinculados a una distribución de la renta cada vez más regresiva– se transformen en desequilibrios externos –comerciales y financieros– entre los distintos países.

Así, encontramos por un lado un grupo de economías (particularmente la alemana) caracterizadas por una evolución muy limitada de los salarios y de la demanda interna, y cuyo crecimiento ha estado fundamentalmente impulsado por una estrategia de incremento de las exportaciones (export-led). Esta estrategia podría denominarse neomercantilista, en la medida en que intenta trasladar los problemas de estancamiento interno a los países vecinos por la vía de una competición a la baja en los salarios. Por otro, el segundo polo de crecimiento (del que España es un claro ejemplo) habría basado su expansión en un crecimiento más intenso de la demanda interna financiado por el aumento de la deuda externa (debt-led), permitiendo además con ello el reciclaje de los superávit comerciales del primer grupo de países.

Ambas estrategias son además interdependientes y se retroalimentan: el crecimiento del primer grupo de países se sustenta –en parte– en la demanda externa ejercida por las economías periféricas y, simultáneamente, estas últimas necesitan que los países con superávit financien sus déficits por cuenta corriente. Además, una política monetaria común y la existencia de la moneda única han jugado un papel importante en el desarrollo de este modelo, al garantizar un mismo tipo de interés a todas las economías y reducir la prima de riesgo en la financiación de las más débiles.

En ambos grupos el estancamiento salarial –con crecimientos de los salarios por debajo de la evolución de la productividad– ha constituido por tanto un problema macroeconómico desde hace décadas, que ha pesado como uno de los factores estructurales determinantes de la crisis. Sólo la acumulación de deudas privadas y la formación de burbujas de activos financieros e inmobiliarios han permitido que el bloqueo salarial no derivase en un estancamiento económico más intenso. Pero en un contexto como el actual, en el que no es viable que la articulación de un régimen de crecimiento vuelva a ponerse en pie sobre la acumulación de burbujas crediticias, será difícil de evitar un prolongado estancamiento en Europa y en España si no hay cambios radicales en la política económica y, en particular, en la política salarial.

El modelo neoliberal de crecimiento –basado en ajustes permanentes sobre los salarios– ha implosionado y está agotado. La articulación de un nuevo modelo pasa por un cambio en los patrones de distribución de la renta.

El fracaso de la estrategia de devaluación salarial

La respuesta de las élites económicas y políticas hasta la fecha no ha pasado sin embargo por una ruptura con la política económica y salarial implementada a lo largo de las últimas décadas. Todo lo contrario, se ha profundizado –hasta el paroxismo– la estrategia neoliberal de hacer recaer sobre las rentas del salario los ajustes necesarios para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos.

Bajo el discurso de que la crisis de la UEM responde fundamentalmente a la progresiva pérdida de competitividad de las economías periféricas, fruto de su evolución salarial, la Troika ha impuesto diversas reformas encaminadas a disminuir de forma estructural los costes laborales unitarios en estas economías. Ese ha sido el caso de la reforma laboral que aprobó el gobierno español en 2012.

La reforma laboral ha abierto la puerta a un proceso de intensa devaluación salarial en nuestra economía, como consecuencia de una drástica erosión de la capacidad de negociación de los asalariados. El incremento del poder unilateral de la parte empresarial –al reforzarse la negociación a nivel de empresa e incrementarse la posibilidad de acudir a descuelgues del convenio sectorial–, así como el abaratamiento y la flexibilización del despido resultan determinantes a la hora de explicar esta quiebra del poder contractual de las organizaciones sindicales. Así, los cambios en la legislación han reforzado los propios efectos que, en este sentido, ya estaba teniendo el aumento del desempleo después de los primeros cuatro años de crisis.

Como consecuencia de todo ello los salarios reales medios de los trabajadores –medidos a través de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE– se han reducido un 9% aproximadamente entre 2010 y 2013. El propio Banco de España ha admitido que la estadística oficial infravalora notablemente la dimensión de la devaluación salarial, como consecuencia del efecto composición causado por el hecho de que el empleo destruido ha sido fundamentalmente el de menor cualificación y antigüedad.

Esta devaluación salarial es presentada como un dato positivo por el gobierno y la Troika. Supuestamente, la reducción en los costes laborales unitarios estaría explicando el incremento actual de las exportaciones y, con ello, el reciente punto de inflexión en el ciclo económico.

Semejante argumentación presenta no obstante importantes debilidades teóricas, al tiempo que no se confronta satisfactoriamente con la información estadística ofrecida por la contabilidad nacional. Veamos tres de estas debilidades. En primer lugar, esta argumentación descansa en el supuesto que la reducción de los costes laborales unitarios se está transmitiendo de forma equiparable a los precios de las manufacturas y, con ello a las exportaciones. Sin embargo, cuando analizamos los determinantes de la inflación comprobamos que a partir de 2011 no son los salarios, sino los márgenes de beneficio, los que explican la evolución de los precios (Uxó, 2014): los intensos recortes salariales no se han trasladado de forma paralela a los precios de las manufacturas, a una depreciación del tipo de cambio real y, con ello, a una ganancia de competitividad debido fundamentalmente a que estos recortes están siendo captados por aumentos en los márgenes empresariales. El incremento de las exportaciones españolas durante los últimos años no responde tanto a una mejora de nuestra competitividad externa, cuanto a la necesidad de las empresas españolas de buscar nuevos mercados ante el hundimiento de la demanda interna.

En segundo lugar, la argumentación empleada para defender la estrategia de la devaluación salarial descansa sobre una “falacia de la composición”. Esta falacia consiste en inferir que algo es verdadero o válido para un sistema en su conjunto por el mero hecho de serlo para una de sus partes. Sin embargo, lo que es cierto para una firma individual puede no serlo para el conjunto de una industria o para una determinada economía.

Así, una reducción en los salarios puede resultar positiva para la evolución particular de una empresa pero, como ya nos advierte el modelo de Bhaduri y Marglin, en economías “dirigidas por los salarios” puede traducirse finalmente en una reducción del gasto agregado. Esta caída del gasto entraría a su vez reducciones en el empleo total, a pesar de los efectos positivos que la devaluación salarial pueda tener sobre los beneficios empresariales y la rentabilidad, o sobre el sector exportador. De este modo, la mejora de la rentabilidad no llegaría a transformarse en inversión efectiva fruto de la falta de demanda y el avance del sector exportador no podría compensar el hundimiento de la demanda interna. Este parece ser precisamente el caso de la economía española: en 2013 las exportaciones contribuyeron con un 1,6% al crecimiento del PIB, si bien dicha contribución fue anulada por la de la demanda interna (-2,8%), que determinó finalmente el crecimiento negativo del PIB durante ese año.

Esta falacia de la composición, en tercer lugar, se presenta no sólo en el plano doméstico, sino también en el plano de la inserción externa. Las reducciones en los costes laborales unitarios pueden –bajo determinadas circunstancias– hacer que una economía resulte más competitiva[4]. Sin embargo, en un contexto como el actual caracterizado por una importantísima apertura externa de las economías de la UEM, por un peso muy significativo del comercio intraeuropeo y por una aplicación simultanea de las medidas de devaluación salarial en varias economías de la zona euro, la devaluación salarial puede perfectamente derivar en una reducción de la demanda agregada global y en un deslizamiento del conjunto de las economías europeas hacia la deflación. Así, salvo que los países centrales que presentan superávit externos experimenten cambios significativos en su demanda interna –dando paso a un crecimiento del consumo privado–, el resultado de las devaluaciones salariales en las economías periféricas apunta a un largo periodo de estancamiento.

El punto de inflexión en el que actualmente se sitúa nuestra economía –compartido con otras economías periféricas– poco tiene que ver con un supuesto éxito de la estrategia de devaluación salarial. El hecho de que el crecimiento haya dejado de reducirse responde fundamentalmente a dos hechos. En primer lugar, a la relativa relajación de las políticas de austeridad fiscal que ha tenido lugar a lo largo de 2013. Además, la recuperación de la financiación internacional fruto de la intervención del Banco Central Europeo en la segunda mitad de 2012 haciendo descender las primas de riesgo, también ha colaborado a poner freno a la caída que experimentaban algunas economías periféricas.

De este modo, la devaluación salarial y la dinámica exportadora no son los factores que están actuando como motores de la recuperación. Más bien sucede al contrario: una vez llegado al punto actual, en el que las tasas de crecimiento han dejado de caer, difícilmente habrá salida de la crisis en tanto en cuanto se mantenga la política actual de recortes salariales. No sólo porque estos recortes dificultan la reactivación de la demanda agregada, sino porque impiden el proceso de desapalancamiento de empresas y hogares y, de este modo, mantienen latente el peso de un elevado endeudamiento del sector privado. El riesgo de que esta dinámica de devaluación salarial de lugar a un prolongado estancamiento, análogo al experimentado por la economía japonesa durante las últimas décadas, es claramente posible.

Una estrategia de salida de la crisis en la UEM no puede por tanto seguir ni un patrón, de nuevo, basado en la acumulación de deudas ni uno de tipo neomercantilista, centrado en el impulso del sector exportador. Una estrategia sostenible de salida de la crisis debe pasar por un aumento generalizado de los salarios. Por ello, resulta imprescindible que las fuerzas sociales, sindicales y políticas comprometidas con el progreso social sitúen en su agenda la necesidad de plantear un giro radical en la política salarial que debiera implementare en el contexto actual.

Una política alternativa a la devaluación salarial

Los elementos teóricos inicialmente apuntados, así como la valoración de la estrategia de devaluación salarial, ayudan a entender que las políticas económicas de oferta –encaminadas a favorecer la creación de empleo por la vía del incremento de la rentabilidad empresarial– no resultan operativas en un momento de trampa de la liquidez y falta de demanda como el actual. Por el contrario, en este contexto, en el que las empresas se enfrentan a una fuerte restricción del consumo en los mercados de bienes y servicios, las subidas salariales facilitarían la recuperación económica de los países europeos. Una nueva política salarial debería impulsarse, por tanto, basada en cuatro principios generales.

*Principio 1: Las economías europeas, tanto las periféricas como las centrales, deben transitar hacia un nuevo patrón de distribución de la renta en el que los salarios recuperen el peso relativo que han perdido en las décadas anteriores con relación al PIB.

Para ello es necesario que una nueva política salarial vuelva a vincular el crecimiento de los salarios reales con el crecimiento de la productividad laboral (es decir, que los salarios nominales deben crecer a un ritmo igual al de la productividad más el objetivo previsto de inflación). Sin embargo, durante un largo periodo el crecimiento de los salarios reales debiera situarse por encima de la productividad, condición necesaria para que se recupere el peso que estos han perdido en la renta nacional.

Dos instrumentos resultarían particularmente propicios para alcanzar este cambio en el patrón de distribución. Por un lado, un fortalecimiento institucional de los diversos marcos de la negociación colectiva (lo que en nuestro país pasa por derogar la reforma laboral, reducir la segmentación laboral desincentivando la contratación temporal y mejorar significativamente los subsidios por desempleo). Por otro lado, una subida del salario mínimo hasta situarse próximo al salario mediano actual facilitaría que el incremento de rentas se diese allí donde especialmente resulta necesario: entre las rentas más bajas.

*Principio 2: La política salarial debe coordinarse en el marco de la UEM, de forma que se sustituya la actual estrategia neomercantilista –que se esfuerza por trasladar la crisis a otros socios comerciales mediante reducciones salariales– por un aumento diferenciado de la demanda interna según los países. Así, aquellos países que han experimentado, y siguen experimentado hoy, intensos superávit por cuenta corriente (particularmente, el caso de la economía alemana) deberían garantizar un crecimiento mayor de su demanda doméstica para reducir con ello los desequilibrios intracomunitarios de balanza de pagos.

*Principio 3: Una política salarial que trate de cambiar el actual patrón de distribución de la renta estará llamada al fracaso si no se enmarca en una estrategia más amplia de política económica. En concreto, son elementos clave de esta estrategia una política fiscal expansiva centrada en el desarrollo de los servicios públicos, una política monetaria que tenga por objetivo prioritario la creación de empleo, una intensa regulación y nacionalización del sector financiero que ponga el crédito al servicio de las necesidades productivas y sociales, y una ambiciosa reforma fiscal que garantice una verdadera progresividad en la recaudación.

*Principio 4: La crisis económica se solapa actualmente con otra crisis –la ecológica– de importantísimas dimensiones, y que no puede ser obviada por la política económica. Una salida de la crisis en beneficio de las y los trabajadores, y de la mayoría social, requiere no sólo de la reactivación del crecimiento y de la creación de empleo. Requiere que esta estrategia tome en consideración la necesidad de abordar una drástica reducción de las emisiones de dióxido de carbono para contener con ello el calentamiento global del planeta.

En este sentido, la política salarial debiera favorecer las estrategias de aumento de la demanda doméstica y de distribución de la renta basadas en el reparto del trabajo mediante reducciones de la jornada laboral.

El ejemplo islandés: un posible estudio de caso

Ningún país europeo está aplicando una política salarial como la que aquí se plantea. Existe sin embargo una experiencia, como es la islandesa, que sí presenta algunos de los rasgos que aquí se han formulado, aunque con matices importantes. Con el apoyo de la información gráfica que a continuación se ofrece analizamos –muy esquemáticamente– la política salarial aplicada por el país nórdico en el marco de la crisis.

Como podemos ver en el gráfico 1, el crecimiento económico islandés, a pesar de haberse reducido muy intensamente durante los años 2009 y 2010, comienza a experimentar nuevamente tasas positivas en 2011 que se mantendrán –a diferencia de la zona euro– hasta la fecha. Las tasas de crecimiento experimentadas son además superiores a las de la zona euro.

Dos son los principales factores que explican el hecho de que la recuperación económica se haya producido en Islandia con mayor celeridad. En primer lugar, la intensa depreciación sufrida durante 2009 por la corona. En segundo lugar, la recuperación de la demanda interna fruto de la política económica aplicada. Este segundo factor presenta una especial importancia, dado que permite ejemplificar –aún tomando en cuenta todas las consideraciones atribuibles a una economía tan particular como la islandesa– las posibilidades de la política salarial aquí señalada.

Tras la intensa contención que los salarios nominales experimentan en Islandia durante el año 2009 (gráfico 2), que lleva a una significativa reducción de los salarios reales (gráfico 4), los primeros comienzan a crecer de forma muy significativa de nuevo entre la segunda mitad de 2010 y el primer semestre de 2012. Este crecimiento de los salarios entraña una recuperación a partir de 2010 del peso que estos tienen sobre la renta nacional (gráfico 5) y, con ello, un impulso importante de la demanda interna durante los años 2011 y 2012. A la recuperación del consumo privado y de la demanda interna también ha contribuido el proceso de reestructuración y quitas parciales de la deuda hipotecaria de los hogares que, si bien ha sido tímido hasta 2013, ha ayudado a relajar las presiones contractivas en el gasto de las familias.

Así, y a diferencia de lo que sucede en las economías periféricas de la UE donde se aplican los programas de ajuste salarial de la Troika, el consumo privado contribuye en Islandia al crecimiento del PIB un 1,3% en 2011 y un 1,2% en 2012 (gráfico 6), reactivando igualmente la inversión empresarial (que contribuye un 1,4% y 0,8% respectivamente durante estos años).

En el gráfico 6 podemos comprobar igualmente como la contribución del sector externo al crecimiento del PIB islandés es muy significativa durante estos años, a pesar del aumento de los salarios y del incremento que experimentan los costes laborales unitarios nominales después de 2009 (gráfico 7). Lógicamente, la importante ganancia de competitividad externa asociada a la depreciación de la corona en 2009 tiene un impacto muy notable en la evolución del sector exportador islandés durante estos años, política que por el contrario resulta inalcanzable para las economías europeas integradas en la unión monetaria.

Esta evolución económica –determinada por la recuperación de la demanda interna, vía consumo privado, y de la demanda externa vía depreciación cambiaria– se ha traducido en una progresiva disminución de la tasa de desempleo ya desde 2011 y en la creación de empleo neto a partir de 2012 (gráfico 8).

De hecho, el menor ritmo de crecimiento salarial en Islandia a partir de 2013 habría conllevado una ralentización de la contribución que el consumo privado tiene sobre el crecimiento económico y, con ello, un cierto freno al proceso de creación de empleo, como podemos comprobar en los gráficos. Así, el crecimiento de la economía islandesa a partir de la segunda mitad de 2013 pasa a depender en buena medida de la evolución de su sector externo, ralentizándose la demanda doméstica.

Este breve vistazo a la economía islandesa nos permite comprobar algunos elementos de importancia para nuestro análisis: 1) el crecimiento de los salarios ha permitido una recuperación relativamente rápida de la demanda doméstica (en una economía además donde el sector exportador ha tenido históricamente un peso muy relevante) 2) este incremento de los costes laborales no se ha traducido en un deterioro de la competitividad externa (como consecuencia, en buena medida, del proceso de depreciación cambiaria).

Salvando las importantes diferencias y la distancia que separa a la economía islandesa de las grandes economías de la zona euro, estos dos elementos ayudan a entender cómo una política salarial similar en los países de la UEM y una depreciación del euro impulsada por el BCE resultarían de indudable utilidad para la recuperación económica. Más aún, si estas medidas se acompañasen de una política fiscal expansiva y de una significativa reestructuración de la deuda –basada en quitas efectivas– en los países periféricos.

Que las distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas puedan imponer una política en esta línea depende lógicamente del grado de correlación de fuerzas que dichas organizaciones ostenten. No obstante, para el favorable desarrollo de dicha correlación de fuerzas resulta necesario, antes de nada, que las organizaciones sindicales –principales actores implicados en el proceso de negociación colectiva– identifiquen la moderación salarial como un problema macroeconómico que conduce a la deflación y a la profundización de la crisis. Un cambio de orientación en la política salarial resulta por tanto necesario, cambio que debe partir en primer lugar de aquellos que defienden los intereses de la mayoría social.


Bibliografía

-Bhaduri, A. y Marglin, S. (1990): “Unemployment and the Real Wage: The Economic Basis for Contesting Political Ideologies”, Cambridge Journal of Economics, 14 (4).

-Calmfors, L. (1993): “Centralisation of Wage Bargaining and Macroeconomic Performance. A survey”, OECD Economic Studies No. 21, Winter 1993.

-Card, D. y Krueger, A.B. (1994): “Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania”, in America Economic Review, vol 84 (sept).

-Dickens,R., Machin,S. y A. Manning (1999): “The Effects of Minimum Wages on Employment: Theory and Evidence from Britain”, Journal of Labor Economics, Vol. 17, No. 1 (January 1999).

-Hartwig, J. (2014): “Testing the Bhaduri-Marglin Model with OECD Panel Data”, KOF Working Papers No. 349, January 2014, KOF Swiss Economic Institute.

-Molero, R. (2014): La distribución primaria como factor determinante de la relación entre crecimiento económico y desigualdad de la renta. El caso de la China de la reforma (1978-2007), Tesis doctoral, Departamento de Economía Aplicada I, Universidad Complutense de Madrid

-Onaran, Ö. y Galanis, G. (2012): “Is Aggregate Demand Wage-Led or Profit-Led? National and Global Effects”, ILO Conditions of Work and Employment Working Papers Series, 40.

-Palley, T. (2011):”The economics of wag-led recovery: Analysis and policy recommendations”, International Journal of Labour Research, Vol. 3, Issue 2.

-Stockhammer, E. y Onaran, Ö. (2012): “Wage-Led Growth: Theory, Evidence, Policy”, PERI Working Paper Series, 300.

-Uxó, J. (2014): “Bajan los salarios pero suben los márgenes empresariales”, eldiario.es, 28/01/2014.

[1] Para una revisión interesante de esta literatura, véase Calmfors (1993).


[2] Un buen análisis de esta literatura es el realizado por Molero (2014).


[3] Otros factores, entre los que destaca especialmente la financiarización de la actividad económica, deben incorporarse al análisis para entender la ralentización del crecimiento económico durante las décadas de 1990 y 2000 en Europa con respecto a las décadas anteriores.


[4] No se debe olvidar aquí que la competitividad de una economía depende no sólo de los precios de exportación, son también de otros factores como la calidad y las gamas de los productos intercambiados, o el grado de desarrollo tecnológico que estos incorporan.