CLAUSULAS SOCIALES

El Parlamento Navarro modifica la Ley de Contratos Públicos para poder introducir "cláusulas sociales"

La comisión de Economía y Hacienda aprueba por unanimidad la modificación propuesta por NaBai

La comisión de Economía y Hacienda del Parlamento foral aprobó el día 18 la modificación de la Ley de Contratos Públicos para posibilitar y dar cobertura legal a la introducción de "cláusulas sociales" en las contrataciones públicas. La iniciativa, aprobada por unanimidad y que deberá ser ratificada por el pleno del Parlamento, modifica el artículo 51 de la ley, referido a los "criterios de adjudicación del contrato", y según la exposición de motivos de NaBai, promotora de la iniciativa, pretende "favorecer la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos mediante la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos de las administraciones". La propuesta de la coalición finalmente se ha completado con una enmienda del PSN, y con otra enmienda in voce de NaBai, ambas aprobadas por unanimidad. Así, el artículo contempla ahora que "el precio ofertado se empleará como criterio de adjudicación con carácter exclusivo, cuando aquel constituya el único elemento determinante. En todo caso, los contratos de concesión se adjudicarán a la oferta más ventajosa". Además, las administraciones podrán incorporar en la contratación pública criterios que respondan "a las necesidades de las personas discapacitadas, las desfavorecidas del mercado laboral, las precarizadas laboralmente, las dirigidas a favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, y al cumplimiento de las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo o a garantizar los criterios de accesibilidad y diseño universal para todas las personas". La moción in voce lo que haces es concretar, de forma genérica, los colectivos a los que aplicar los criterios sociales establecidos en el apartado.

"Lo que se ha aprobado se basa en una triple rentabilidad: rentabilidad económica porque la Administración reducirá las cuantías destinadas a recursos de incorporación laboral; rentabilidad humana al mejorar su calidad de vida e inserción social; y por último, rentabilidad social al dedicarse los excedentes para fines sociales", destacó ayer el parlamentario de NaBai, Ioseba Eceolaza.