Aunque no soy muy partidario de dejarme llevar por este tipo de indicadores, parece que el que señala el peligro de quiebra del Reino de España indica "riesgo inminente". Es normal. Las autoridades europeas están dejando que los especuladores presionen sin cesar a los Estados y esa presión ejercida libremente siempre es definitiva y letal porque, cuando no hay respuestas, juegan con la ventaja de saber casi con certeza que van a poder someterlos.
España, como Portugal, y antes Irlanda, Grecia y otros países del Este de Europa ya capturados, están en situación de emergencia.
La pasividad de las autoridades europeas empieza a ser, como decía en un artículo reciente el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, mucho peor que criminal, es un error. Un error, me parece, de incalculables consecuencias.
Ya no somos solamente los economistas de izquierdas quienes pedimos una intervención urgente del Banco Central Europeo, comprando deuda y mostrando así a los especuladores que no tienen nada que hacer, para evitar el desastre.
Hasta personas como Felipe González y el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados lo han pedido.
Lamentable e incomprensiblemente, el gobierno se empeña en mirar a otro lado y sigue cediendo al chantaje, como si se hubiera demostrado en algún momento que ésa es la solución. Una cesión continuada que nos aboca sin remedio al desastre.
Tengo la impresión de que la presión contra España va a aumentar y muy posiblemente no lleguemos ni a Navidad. Quizá sea cuestión de días.
Los especuladores no van a parar y los acreedores saben que cuanto antes apuntalen sus créditos más garantías tendrán de hacerlo sin demasiada presión social. El "rescate" de una economía no consiste en realidad sino en salvar a los bancos acreedores y a los grandes capitales imponiendo la suscripción de una financiación leonina acompañada de políticas que les den todavía más libertad y mejores condiciones de negocio. Y tienen prisa por conseguirlo porque saben que al gobierno se le está acabando la posibilidad de seguir sacando conejos de la chistera para entregárselos a ellos sin provocar un cisma social y un clima político demasiado perturbado: hoy mismo Zapatero ha anunciado nuevas privatizaciones.
La caída de España no será la última. Vendrán después Italia o incluso Francia mientras que Alemania seguirá tratando de salir tirándose de los pelos del hoyo que ha cavado la política que ha practicado en estos últimos años: favorecer la obtención de un gran excedente del que se han apropiado los bancos y las grandes empresas y que en lugar de dedicarlo a elevar el nivel de vida y el bienestar de su población lo han destinado a financiar las burbujas de la Europa de la periferia.
Estamos en unos momentos de gran emergencia. La magnitud del "rescate" español puede justificar (y apuesto a que seguramente así ocurrirá) que se tomen medidas excepcionales que permitan reorientar algunos principios constitucionales, como entre líneas apunta el reciente informe que los grandes empresarios han entregado al Rey (¿un gobierno de técnicos sine die?, ¿supresión de ayuntamientos y quizá suspensión de las elecciones municipales? ¿privatizaciones generalizadas? ¿despidos masivos en las administraciones públicas?...).
Es incomprensible que los partidos de izquierda (el propio partido socialista que se arriesga a terminar como el francés), los sindicatos y los movimientos sociales no se hagan cargo de esta situación y no salgan a la calle inmediatamente a reclamar la única medida que puede poner fin a esta caída continuada de las fichas del dominó europeo: la intervención del Banco Central Europeo comprando la deuda, reembolsando los intereses a los Estados, negociando planes bilaterales de recuperación económica vinculados a un pacto de rentas que es lo único que podría evitar el estallido de un conflicto social sin precedentes en Europa.
Es urgente y cada vez queda menos tiempo para reaccionar, para frenar la verdadera hecatombe que está a punto de producirse.
España, como Portugal, y antes Irlanda, Grecia y otros países del Este de Europa ya capturados, están en situación de emergencia.
La pasividad de las autoridades europeas empieza a ser, como decía en un artículo reciente el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, mucho peor que criminal, es un error. Un error, me parece, de incalculables consecuencias.
Ya no somos solamente los economistas de izquierdas quienes pedimos una intervención urgente del Banco Central Europeo, comprando deuda y mostrando así a los especuladores que no tienen nada que hacer, para evitar el desastre.
Hasta personas como Felipe González y el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados lo han pedido.
Lamentable e incomprensiblemente, el gobierno se empeña en mirar a otro lado y sigue cediendo al chantaje, como si se hubiera demostrado en algún momento que ésa es la solución. Una cesión continuada que nos aboca sin remedio al desastre.
Tengo la impresión de que la presión contra España va a aumentar y muy posiblemente no lleguemos ni a Navidad. Quizá sea cuestión de días.
Los especuladores no van a parar y los acreedores saben que cuanto antes apuntalen sus créditos más garantías tendrán de hacerlo sin demasiada presión social. El "rescate" de una economía no consiste en realidad sino en salvar a los bancos acreedores y a los grandes capitales imponiendo la suscripción de una financiación leonina acompañada de políticas que les den todavía más libertad y mejores condiciones de negocio. Y tienen prisa por conseguirlo porque saben que al gobierno se le está acabando la posibilidad de seguir sacando conejos de la chistera para entregárselos a ellos sin provocar un cisma social y un clima político demasiado perturbado: hoy mismo Zapatero ha anunciado nuevas privatizaciones.
La caída de España no será la última. Vendrán después Italia o incluso Francia mientras que Alemania seguirá tratando de salir tirándose de los pelos del hoyo que ha cavado la política que ha practicado en estos últimos años: favorecer la obtención de un gran excedente del que se han apropiado los bancos y las grandes empresas y que en lugar de dedicarlo a elevar el nivel de vida y el bienestar de su población lo han destinado a financiar las burbujas de la Europa de la periferia.
Estamos en unos momentos de gran emergencia. La magnitud del "rescate" español puede justificar (y apuesto a que seguramente así ocurrirá) que se tomen medidas excepcionales que permitan reorientar algunos principios constitucionales, como entre líneas apunta el reciente informe que los grandes empresarios han entregado al Rey (¿un gobierno de técnicos sine die?, ¿supresión de ayuntamientos y quizá suspensión de las elecciones municipales? ¿privatizaciones generalizadas? ¿despidos masivos en las administraciones públicas?...).
Es incomprensible que los partidos de izquierda (el propio partido socialista que se arriesga a terminar como el francés), los sindicatos y los movimientos sociales no se hagan cargo de esta situación y no salgan a la calle inmediatamente a reclamar la única medida que puede poner fin a esta caída continuada de las fichas del dominó europeo: la intervención del Banco Central Europeo comprando la deuda, reembolsando los intereses a los Estados, negociando planes bilaterales de recuperación económica vinculados a un pacto de rentas que es lo único que podría evitar el estallido de un conflicto social sin precedentes en Europa.
Es urgente y cada vez queda menos tiempo para reaccionar, para frenar la verdadera hecatombe que está a punto de producirse.
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