Aceptar humillantes rebajas no es el final sino el principio: equivale a abrir la puerta a mayores desafueros.
Hemos olvidado los pasos clave que llevan a un imprescindible cambio de tendencia.
Rosa María Artal, en eldiario.es
Lo dicen ya sin pudor: “ Llevará 10 años arreglar la crisis española” (Olli Reh desde la UE). “El alto desempleo en algunos países europeos, España entre ellos, persistirá durante años” (FMI). 20 años da la auditora PWC para volver a crear el empleo destruido. Y esointensificando las reformas, el eufemismo neoliberal que se traduce por recortes y mermas a los ciudadanos para que unos cuantos se enriquezcan obscenamente.
El gobierno y ya prácticamente todos los medios grandes nos están vendiendo una recuperación engañosa, en la que advierten algún problemilla para curarse en salud. Una bicicleta de ruedas cuadradas que por más que no deje de ocasionar batacazos a sus usuarios –los ciudadanos- sigue en los primeros puestos de ventas. Nunca ha funcionado mejor la propaganda. Por algo es masiva y uniforme. Y porque, mientras se cae, los ilusos creen que vuelan y ya remontan.
Por el empleo en España, pues, ya nadie da un euro seriamente. Todo el que venga a cuentagotas y buena parte del preexistente será -como suelo insistir- con sus premisas, con las premisas del PP y sus colegas ideológicos: parcial, temporal, precario y abaratando el trabajo, el despido y las condiciones laborales de todos los ciudadanos. Cuando Rajoy no está ocupado en dictar propaganda para su audiencia española, presume de ello; de lo asequibles que ya somos para cualquier empresario, como hizo meses atrás en Japón. Avisamos, aceptar humillantes rebajas no es el final sino el principio: equivale a abrir la puerta a mayores desafueros. ¿Para qué van a pagar a nadie ya salarios ni de mil euros cuando lo pueden solventar con la mitad o menos? El plato de garbanzos y el catre como modelo de “competitividad”.
¿Y SI NO TUVIERAS TRABAJO NUNCA?
Etiquetas: empleo, paro, políticas sociales | author: jose luis ochoaLA UE TIENE NUEVAS NORMAS DE COMPRAS PÚBLICAS CON CRITERIOS SOSTENIBLES Y DE COMERCIO JUSTO
Etiquetas: comercio justo, sostenibilidad | author: jose luis ochoa
El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las nuevas normas de contratación pública que introducen criterios sociales y medioambientales en las licitaciones y fija condiciones más estrictas para la subcontratación. Además, incluye un fuerte respaldo a las certificaciones de Comercio Justo.
comunicarseweb.com
El Parlamento Europeo aprobó ayer nuevas normas de contratación pública y concesiones, que pretenden dar mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, en lugar de premiar simplemente a la oferta más competitiva. Esto permite introducir, por ejemplo, criterios sociales o medioambientales en las licitaciones. Además, facilitarán que las pymes puedan presentar ofertas e incluirán condiciones más estrictas sobre subcontratación.
La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, implica una actualización de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa y garantizar la obtención una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación.
comunicarseweb.com
El Parlamento Europeo aprobó ayer nuevas normas de contratación pública y concesiones, que pretenden dar mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, en lugar de premiar simplemente a la oferta más competitiva. Esto permite introducir, por ejemplo, criterios sociales o medioambientales en las licitaciones. Además, facilitarán que las pymes puedan presentar ofertas e incluirán condiciones más estrictas sobre subcontratación.
La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, implica una actualización de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa y garantizar la obtención una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación.
CENTRALIDAD DEL TRABAJO Y FUNCIÓN SINDICAL
Etiquetas: empleo, sindicatos | author: jose luis ochoa
Rodolfo Benito Valenciano y Pere J. Beneyto, en nuevatribuna.es
La magnitud de la crisis económica y sus efectos devastadores sobre el empleo, así como el sesgo ideológico de su gestión política basada en recortes de derechos y prestaciones, han reactivado el debate en torno a la cuestión social y conferido una nueva centralidad al trabajo como factor de ciudadanía, poniendo de manifiesto los dramáticos desajustes entre su oferta y demanda, que han generado seis millones de parados e incrementado dramáticamente los niveles de desigualdad y desregulación laboral.
El modelo que se está imponiendo trata de romper todos los dispositivos legales (Derecho del Trabajo), organizativos (Sindicatos) e institucionales (Negociación Colectiva) que se han desarrollado históricamente con objeto de compensar colectivamente la profunda asimetría que caracteriza la relación capital/trabajo.
La reforma laboral y sus sucesivas vueltas de tuerca apuntan contra dichos dispositivos con el objetivo de desequilibrar radicalmente las relaciones laborales, tanto en sus medios (aumenta el poder empresarial, disminuye la tutela judicial y la cobertura de la negociación colectiva) como en sus fines (devaluación salarial, desregulación normativa, debilitamiento del poder contractual de los trabajadores).
La magnitud de la crisis económica y sus efectos devastadores sobre el empleo, así como el sesgo ideológico de su gestión política basada en recortes de derechos y prestaciones, han reactivado el debate en torno a la cuestión social y conferido una nueva centralidad al trabajo como factor de ciudadanía, poniendo de manifiesto los dramáticos desajustes entre su oferta y demanda, que han generado seis millones de parados e incrementado dramáticamente los niveles de desigualdad y desregulación laboral.
El modelo que se está imponiendo trata de romper todos los dispositivos legales (Derecho del Trabajo), organizativos (Sindicatos) e institucionales (Negociación Colectiva) que se han desarrollado históricamente con objeto de compensar colectivamente la profunda asimetría que caracteriza la relación capital/trabajo.
La reforma laboral y sus sucesivas vueltas de tuerca apuntan contra dichos dispositivos con el objetivo de desequilibrar radicalmente las relaciones laborales, tanto en sus medios (aumenta el poder empresarial, disminuye la tutela judicial y la cobertura de la negociación colectiva) como en sus fines (devaluación salarial, desregulación normativa, debilitamiento del poder contractual de los trabajadores).
ASÍ MANIPULA MONTORO EL DÉFICIT PÚBLICO
| author: jose luis ochoa
Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España
El déficit público es el resultado de restarle a los ingresos públicos unos gastos públicos de mayor cuantía. Pero este cálculo se puede hacer de varias formas y siempre existe margen para manipular un poco los datos y así ofrecer un resultado interesado. Vamos a ver cómo está manipulando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estos resultados para que el déficit público sea menor del que debiera ser.
Para empezar hay que entender cómo funciona la recaudación de los impuestos.
El Estado recauda dinero a través de una serie de impuestos (IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF, etc) que se expresan como proporción de las rentas o riquezas a gravar. Por ejemplo, si una empresa obtiene 1.000 beneficios en un año, el Estado recauda el 30% de esos beneficios (300 euros). ¿Cuándo los recauda? En teoría debería ser a final de año (último día de diciembre), que es cuando se puede saber cuántos beneficios ha obtenido la empresa (o persona física, o el precio de un patrimonio, etc.) a lo largo de ese periodo. Pero esperar hasta final de año para recibir el dinero le viene muy mal al Estado porque durante todos los meses anteriores ha estado realizando pagos. Si sólo recaudara el dinero en diciembre, todos los pagos que realiza antes repercutirían muy negativamente sobre sus cuentas públicas. La forma de solventar este contratiempo es ir recaudando el dinero a lo largo de todo el año, no sólo en diciembre.
Pero si no se sabe cuánto va a ganar la empresa (o persona física, o cuánto va a ser el precio de un patrimonio, etc.) a final de año, ¿cómo va a saber el Estado cuánto debe recaudar esos meses anteriores? Es imposible que lo sepa, y por eso realiza un cálculo aproximativo basándose en lo que obtuvieron esos contribuyentes el año anterior. Por ejemplo, el Estado supone que una empresa va a tener 1.000 euros de beneficios (porque así le ocurrió el año anterior), así que debería recaudar a lo largo del año 300 euros. Lo que puede hacer en vez de obtener esos 300 euros de golpe a final de año es recaudar 100 euros en abril, 100 euros en agosto, y 100 euros en diciembre.
¿Pero y si se equivoca en su estimación? Si la empresa gana más al final del año, el Estado le exigirá que le pague la diferencia. Si en vez de 300 euros se comprueba que la empresa debería haber pagado 400 euros, pues tendrá que pagar esos 100 euros. Es lo que se llama “renta a ingresar” en la terminología fiscal. Y al contrario, si en vez de 300 euros la empresa gana 200 euros, el Estado tendrá que devolverle 100 euros. Es lo que se llama “renta a devolver”.
El Estado nunca quiere pillarse los dedos con las cuentas públicas: prefiere recaudar más de la cuenta a lo largo del año y luego devolver la diferencia a recaudar menos y tener que esperar a que le paguen la diferencia. Por lo tanto, normalmente el Estado siempre acaba el año debiendo dinero a los contribuyentes, y para que el cálculo del saldo público no se desvirtúe, Hacienda devuelve el dinero antes de que acabe el año. De esta forma el déficit público que se calcule para ese año recogerá lo más fielmente posible lo que ingresa y gasta el Estado.
Sin embargo, a finales de 2012 Montoro decidió no devolver ese dinero a los contribuyentes y esperarse a los primeros meses de 2013. La estrategia era evidente: si una vez terminado 2012 el Estado conservaba todavía el dinero que debía devolverle a los contribuyentes, el déficit público a calcular sería menor de lo que debiera (porque los ingresos contabilizados serían mayores). Era una forma de trasladar una parte del déficit público de 2012 a 2013.
Ahora bien, la oficina estadística de Comisión Europea, Eurostat, se dio cuenta de la artimaña contable y reprendió al Gobierno español. La legislación española contabiliza los gastos de las devoluciones sólo cuando éstas se materializan (criterio de caja), pero la contabilidad europea lo hace cuando estas devoluciones se comprometen (cuando el Estado reconoce que debe devolver el dinero; criterio de devengo). Montoro y su equipo han aprovechado la reprimenda para equiparar nuestro sistema contable con el europeo. De esta forma, las devoluciones correspondientes a 2012 y que deberían haberse registrado en 2013, ahora gracias a la modificación en el cálculo van a pasar a contabilizarse en diciembre de 2012 (cuando se comprometieron). Esto quiere decir que el déficit que se trasladó de 2012 a 2013 volverá a ser trasladado de vuelta a 2012.
Lo que se consigue así es que la tributación de 2013, que está engordada por las devoluciones atrasadas de 2012, no se vea desinflada hasta su nivel normal. Es decir, que gracias a un truco contable la recaudación de 2013 será mayor de lo que realmente debería ser. Este aumento ficticio de recaudación alcanza los 4.000 millones de euros, que no es poca cosa. Nos encontramos, por lo tanto, frente a una extraordinaria forma de falsear las cuentas públicas y ofrecer en 2013 un déficit público inferior al real.
El déficit público es el resultado de restarle a los ingresos públicos unos gastos públicos de mayor cuantía. Pero este cálculo se puede hacer de varias formas y siempre existe margen para manipular un poco los datos y así ofrecer un resultado interesado. Vamos a ver cómo está manipulando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estos resultados para que el déficit público sea menor del que debiera ser.
Para empezar hay que entender cómo funciona la recaudación de los impuestos.
El Estado recauda dinero a través de una serie de impuestos (IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF, etc) que se expresan como proporción de las rentas o riquezas a gravar. Por ejemplo, si una empresa obtiene 1.000 beneficios en un año, el Estado recauda el 30% de esos beneficios (300 euros). ¿Cuándo los recauda? En teoría debería ser a final de año (último día de diciembre), que es cuando se puede saber cuántos beneficios ha obtenido la empresa (o persona física, o el precio de un patrimonio, etc.) a lo largo de ese periodo. Pero esperar hasta final de año para recibir el dinero le viene muy mal al Estado porque durante todos los meses anteriores ha estado realizando pagos. Si sólo recaudara el dinero en diciembre, todos los pagos que realiza antes repercutirían muy negativamente sobre sus cuentas públicas. La forma de solventar este contratiempo es ir recaudando el dinero a lo largo de todo el año, no sólo en diciembre.
Pero si no se sabe cuánto va a ganar la empresa (o persona física, o cuánto va a ser el precio de un patrimonio, etc.) a final de año, ¿cómo va a saber el Estado cuánto debe recaudar esos meses anteriores? Es imposible que lo sepa, y por eso realiza un cálculo aproximativo basándose en lo que obtuvieron esos contribuyentes el año anterior. Por ejemplo, el Estado supone que una empresa va a tener 1.000 euros de beneficios (porque así le ocurrió el año anterior), así que debería recaudar a lo largo del año 300 euros. Lo que puede hacer en vez de obtener esos 300 euros de golpe a final de año es recaudar 100 euros en abril, 100 euros en agosto, y 100 euros en diciembre.
¿Pero y si se equivoca en su estimación? Si la empresa gana más al final del año, el Estado le exigirá que le pague la diferencia. Si en vez de 300 euros se comprueba que la empresa debería haber pagado 400 euros, pues tendrá que pagar esos 100 euros. Es lo que se llama “renta a ingresar” en la terminología fiscal. Y al contrario, si en vez de 300 euros la empresa gana 200 euros, el Estado tendrá que devolverle 100 euros. Es lo que se llama “renta a devolver”.
El Estado nunca quiere pillarse los dedos con las cuentas públicas: prefiere recaudar más de la cuenta a lo largo del año y luego devolver la diferencia a recaudar menos y tener que esperar a que le paguen la diferencia. Por lo tanto, normalmente el Estado siempre acaba el año debiendo dinero a los contribuyentes, y para que el cálculo del saldo público no se desvirtúe, Hacienda devuelve el dinero antes de que acabe el año. De esta forma el déficit público que se calcule para ese año recogerá lo más fielmente posible lo que ingresa y gasta el Estado.
Sin embargo, a finales de 2012 Montoro decidió no devolver ese dinero a los contribuyentes y esperarse a los primeros meses de 2013. La estrategia era evidente: si una vez terminado 2012 el Estado conservaba todavía el dinero que debía devolverle a los contribuyentes, el déficit público a calcular sería menor de lo que debiera (porque los ingresos contabilizados serían mayores). Era una forma de trasladar una parte del déficit público de 2012 a 2013.
Ahora bien, la oficina estadística de Comisión Europea, Eurostat, se dio cuenta de la artimaña contable y reprendió al Gobierno español. La legislación española contabiliza los gastos de las devoluciones sólo cuando éstas se materializan (criterio de caja), pero la contabilidad europea lo hace cuando estas devoluciones se comprometen (cuando el Estado reconoce que debe devolver el dinero; criterio de devengo). Montoro y su equipo han aprovechado la reprimenda para equiparar nuestro sistema contable con el europeo. De esta forma, las devoluciones correspondientes a 2012 y que deberían haberse registrado en 2013, ahora gracias a la modificación en el cálculo van a pasar a contabilizarse en diciembre de 2012 (cuando se comprometieron). Esto quiere decir que el déficit que se trasladó de 2012 a 2013 volverá a ser trasladado de vuelta a 2012.
Lo que se consigue así es que la tributación de 2013, que está engordada por las devoluciones atrasadas de 2012, no se vea desinflada hasta su nivel normal. Es decir, que gracias a un truco contable la recaudación de 2013 será mayor de lo que realmente debería ser. Este aumento ficticio de recaudación alcanza los 4.000 millones de euros, que no es poca cosa. Nos encontramos, por lo tanto, frente a una extraordinaria forma de falsear las cuentas públicas y ofrecer en 2013 un déficit público inferior al real.
ALBERTO GARZÓN: "NO TENGO NINGUNA DUDA DE QUE IU Y 'PODEMOS' CONVERGERÁN"
Etiquetas: entrevista, izquierda, partidos | author: jose luis ochoa
Alejandro Torrús, en cuartopoder.es
El pasado lunes Izquierda Unida dio a conocer su campaña de “revolución democrática y social” por un “proceso constituyente”. Un proyecto que tratará de generar debate sobre las reformas que necesita la política, y los políticos, para conseguir una democracia más plena y que llevará a Alberto Garzón de gira por una gran parte de los rincones del Estado.Cuartopoder.es ha contactado con el diputado más joven del Congreso para conocer más sobre esta iniciativa, las perspectivas de IU para conseguir esa mayoría social que proclama y, también, averiguar la opinión de Garzón sobre el proyecto Podemos que lanzó, recientemente, su amigo Pablo Iglesias.
– El titular en todos los medios de comunicación esta semana ha sido: “Alberto Garzón impulsa la campaña de radicalidad democráctica”. ¿En qué consiste esta campaña?
– Se trata de una campaña cuyo coordinador formal es José Luis Centella, pero yo soy el ponente y quien se va a encargar de todo lo referente a la campaña. No es una campaña electoral sino que es una campaña meramente política. Su aspiración es promover un debate honesto intelectualmente y riguroso respecto a cuestiones democráticas. La sociedad está impugnando las reglas democráticas actuales, no nos sentimos representados por lo que llamamos los políticos y hay que dar la palabra a la sociedad para que ella misma decida en su conjunto cuáles son las nuevas reglas democráticas que debería haber.
El pasado lunes Izquierda Unida dio a conocer su campaña de “revolución democrática y social” por un “proceso constituyente”. Un proyecto que tratará de generar debate sobre las reformas que necesita la política, y los políticos, para conseguir una democracia más plena y que llevará a Alberto Garzón de gira por una gran parte de los rincones del Estado.Cuartopoder.es ha contactado con el diputado más joven del Congreso para conocer más sobre esta iniciativa, las perspectivas de IU para conseguir esa mayoría social que proclama y, también, averiguar la opinión de Garzón sobre el proyecto Podemos que lanzó, recientemente, su amigo Pablo Iglesias.
– El titular en todos los medios de comunicación esta semana ha sido: “Alberto Garzón impulsa la campaña de radicalidad democráctica”. ¿En qué consiste esta campaña?
– Se trata de una campaña cuyo coordinador formal es José Luis Centella, pero yo soy el ponente y quien se va a encargar de todo lo referente a la campaña. No es una campaña electoral sino que es una campaña meramente política. Su aspiración es promover un debate honesto intelectualmente y riguroso respecto a cuestiones democráticas. La sociedad está impugnando las reglas democráticas actuales, no nos sentimos representados por lo que llamamos los políticos y hay que dar la palabra a la sociedad para que ella misma decida en su conjunto cuáles son las nuevas reglas democráticas que debería haber.
DIEZ APUNTES (Y UNA POSTDATA) SOBRE EL CESE DE PEDRO J
Etiquetas: periodismo, transparencia | author: jose luis ochoa
Jesús Maraña en infolibre.es
La destitución de Pedro J. Ramírez como director de El Mundo es una de las noticias más trascendentes de los últimos años en el ámbito periodístico, pero además tiene un calado político cuyas consecuencias exactas sólo podrán medirse con el paso del tiempo. Lo ya leído y escuchado estos días merece algunas consideraciones.
1.- Que el cese del fundador y director del segundo diario en papel de tirada nacional (y uno de los periodistas más influyentes de la democracia) fuera anticipado y analizado por medios digitales y en las redes sociales, no sólo antes sino más profundamente que por la prensa tradicional, lo dice todo acerca de la distancia entre los púlpitos periodísticos y la realidad de la comunicación con los ciudadanos.
2.- Argumentar que Pedro J. no habría sido destituido si El Mundoganase mil euros al año en lugar de perder 400 millones es una obviedad. También lo es recordar que otros diarios mantienen pérdidas millonarias sin que les cueste la cabeza a sus respectivos directores. Habrá otras prioridades.
La destitución de Pedro J. Ramírez como director de El Mundo es una de las noticias más trascendentes de los últimos años en el ámbito periodístico, pero además tiene un calado político cuyas consecuencias exactas sólo podrán medirse con el paso del tiempo. Lo ya leído y escuchado estos días merece algunas consideraciones.
1.- Que el cese del fundador y director del segundo diario en papel de tirada nacional (y uno de los periodistas más influyentes de la democracia) fuera anticipado y analizado por medios digitales y en las redes sociales, no sólo antes sino más profundamente que por la prensa tradicional, lo dice todo acerca de la distancia entre los púlpitos periodísticos y la realidad de la comunicación con los ciudadanos.
2.- Argumentar que Pedro J. no habría sido destituido si El Mundoganase mil euros al año en lugar de perder 400 millones es una obviedad. También lo es recordar que otros diarios mantienen pérdidas millonarias sin que les cueste la cabeza a sus respectivos directores. Habrá otras prioridades.
LOS PELIGROS EVIDENTES DEL FRACKING Y LAS INEXPLICABLES 'DUDAS' DE CC.OO. Y UGT
Etiquetas: fracking, sanidad, seguridad | author: jose luis ochoa
Angels Castells en Punts de vista
Mientras la prensa de los Estados Unidos -o programas excelentes como el de Bill Maher- informan que en al menos 106 ocasiones desde 2005 las aguas de Pennsylvania, Ohio y Virginia occidental se han contaminado con el FRACKING, leo también hoy en europapress que: “Los sindicatos CCOO y UGT han firmado junto a la patronal del sector químico, Feique, una declaración conjunta llamada ‘Explorar para Decidir’ en la que apoyan la explotación de recursos de gas natural no convencional”. Y no entiendo nada. Porque hay relatos comprobados de cómo las aguas contaminadas por el fracking (por suerte con un desagradable color, olor y sabor a regaliz) han causado graves problemas de salud a la población afectada.
Sin embargo, la declaración firmada por el secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO, José Luis Montesinos, por el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT, Antonio Deusa y por parte de Feique, su director general, Juan Antonio Labat, antepone (como siempre) los intereses de la economía y del sector químico en particular a la salud. Y así, a pesar de lo que está sucediendo y denunciándose en Estados Unidos, con evidencias irrefutables, UIGT, CCOO y Feique piden que el debate sobre los riesgos del ‘fracking’ se aborde “con argumentos científicos y técnicos, atendiendo a las diferentes opiniones y teniendo en cuenta el conjunto de estudios realizados sobre esta materia”. Pero tranquilos: No habrá problemas para financiar dichos estudios (con o sin conflicto de intereses) porque el fracking genera miles de millones de euros de beneficios para la industria.
Mientras la prensa de los Estados Unidos -o programas excelentes como el de Bill Maher- informan que en al menos 106 ocasiones desde 2005 las aguas de Pennsylvania, Ohio y Virginia occidental se han contaminado con el FRACKING, leo también hoy en europapress que: “Los sindicatos CCOO y UGT han firmado junto a la patronal del sector químico, Feique, una declaración conjunta llamada ‘Explorar para Decidir’ en la que apoyan la explotación de recursos de gas natural no convencional”. Y no entiendo nada. Porque hay relatos comprobados de cómo las aguas contaminadas por el fracking (por suerte con un desagradable color, olor y sabor a regaliz) han causado graves problemas de salud a la población afectada.
Sin embargo, la declaración firmada por el secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO, José Luis Montesinos, por el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT, Antonio Deusa y por parte de Feique, su director general, Juan Antonio Labat, antepone (como siempre) los intereses de la economía y del sector químico en particular a la salud. Y así, a pesar de lo que está sucediendo y denunciándose en Estados Unidos, con evidencias irrefutables, UIGT, CCOO y Feique piden que el debate sobre los riesgos del ‘fracking’ se aborde “con argumentos científicos y técnicos, atendiendo a las diferentes opiniones y teniendo en cuenta el conjunto de estudios realizados sobre esta materia”. Pero tranquilos: No habrá problemas para financiar dichos estudios (con o sin conflicto de intereses) porque el fracking genera miles de millones de euros de beneficios para la industria.
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