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El Parlamento Europeo aprobó ayer nuevas normas de contratación pública y concesiones, que pretenden dar mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, en lugar de premiar simplemente a la oferta más competitiva. Esto permite introducir, por ejemplo, criterios sociales o medioambientales en las licitaciones. Además, facilitarán que las pymes puedan presentar ofertas e incluirán condiciones más estrictas sobre subcontratación.
La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, implica una actualización de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez fija estándares comunes sobre contratos de concesión, con el objetivo de impulsar una competencia justa y garantizar la obtención una mayor rentabilidad del dinero, al introducir criterios de adjudicación que hacen mayor hincapié en consideraciones medioambientales, aspectos sociales e innovación.
"Las nuevas normas sobre concesiones también envían una señal fuerte en favor del refuerzo del mercado interior. Éstas crean un marco adecuado del que van a beneficiarse todos los actores, incluyendo las autoridades públicas, los agentes económicos y, al final, los ciudadanos de la UE. Ahora todos conocerán las reglas del juego", agregó el eurodiputado ponente sobre contratos de concesión, Philippe Juvin del partid PPE de Francia.
Además, propone dar a los poderes y entidades adjudicadores la posibilidad de excluir a los operadores económicos que hayan dado muestras de no ser fiables, por ejemplo debido a incumplimientos graves o reiterados de obligaciones medioambientales o sociales, entre ellas las normas sobre accesibilidad para las personas con discapacidad, o a que hayan cometido otras formas de falta profesional grave, como infracciones de las normas sobre competencia o de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
De acuerdo a los nuevos criterios, los Gobiernos podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación. “Los nuevos criterios pondrán fin a la dictadura del mejor postor y, una vez más, harán de la calidad una cuestión fundamental”, ha explicado Tarabella.
Las nuevas normas endurecerán las disposiciones sobre subcontratación y ofertas “anormalmente bajas”, con el objetivo de combatir el dumping social y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores. Los contratistas que no cumplan con la legislación laboral comunitaria podrán ser excluidos de las licitaciones.
La nueva Directiva hace referencia a los sistemas de certificación como prueba del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad establecidos en el anuncio de la licitación. Para celebrarlo, el grupo de trabajo de Comercio Justo en el Parlamento Europeo celebró esta buena noticia con productos de Comercio Justo después de la votación. "Siempre he creído en unas fronteras comerciales abiertas en la Unión Europea, pero también creo que el comercio tiene que basarse en principios de justicia; las dos palabras tienen que ir de la mano. Esa es la condición para una globalización exitosa, interés común de la ciudadanía, y sobre todo de los más pobres. El grupo de trabajo de Comercio Justo hace una labor muy útil en este ámbito: la promoción de estas políticas" celebró el Comisario.
Los Estados miembros dispondrán de 2 años para transponer las disposiciones de las nuevas normas a sus respectivas legislaciones nacionales.
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