Rodolfo Benito Valenciano, en El País
La reforma laboral de febrero de 2012 está respondiendo a la línea estratégica de ofrecer mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto al sector privado como al sector público.
La reforma laboral no ha frenado la destrucción de empleo; no ha favorecido la contratación indefinida; no se ha avanzado mediante la negociación en la flexibilidad interna de las relaciones laborales; no ha fomentado la contratación, ni se ha reducido la temporalidad. Al contrario, se han incrementado los despidos, disminuyen las suspensiones de contratos y las reducciones de jornada, fiel reflejo del escaso papel de la flexibilidad interna en el marco de la empresa; favorecida, además, por el debilitamiento del control judicial y la desaparición de la autorización administrativa.
Estas medidas y no otras son las que están detrás de que el volumen de desempleo esté en unos niveles inaceptables e insoportables. La ocupación cae a la par que el desempleo crece y la precariedad laboral se extiende.
Si nos centramos en el empleo asalariado, se pasa de una pérdida de 575.000 empleos entre 2009 y 2011 a 1.400.000 empleos en los dos años posteriores a la reforma. Esto supone pasar de una destrucción de 788 empleos diarios a que cada día 1.918 personas pierdan su trabajo.
Entre 2007 y 2009 se destruyeron 1.475.300 empleos y el desempleo aumentó en 2.313.400 personas. Entre 2009 y 2011 se destruyeron 782.700 puestos de trabajo (si contamos a asalariados y autónomos) y el desempleo aumentó en 850.800 personas, 68.100 más que los empleos perdidos.
Entre 2011 y 2013 se han destruido 1.354.644 empleos y, sin embargo, el desempleo ha aumentado en 989.800 personas y la tasa de paro ha crecido 4,7 puntos, hasta el 26,5%. Si se hubieran mantenido en paro todos los que perdieron su trabajo, la tasa de desempleo sería del 27,6%. ¿Qué ha ocurrido? El número de activos ha descendido en 363.600 y la población en 592.800 personas. No es que haya menos desempleo, sino que parte de las personas paradas han desaparecido a efectos estadísticos.
La reforma laboral está provocando un intenso proceso de sustitución de trabajo a tiempo completo por trabajo a tiempo parcial. Se está fomentando el tiempo parcial no deseado, aplicándose salarios relacionados con esta modalidad de contratación (tiempo parcial) y por el contrario las jornadas de trabajo que se están realizando son las del contrato a tiempo completo.
La reforma laboral ha agravado de forma drástica la precarización de las condiciones laborales en nuestro país, promoviendo un mercado laboral más ineficiente e injusto.
De los 14.792.614 contratos registrados en 2013, solamente 1.134.949 son indefinidos. Esto supone solamente el 7,67% de los contratos registrados.
La reforma laboral es una herramienta para la devaluación salarial. El objetivo real, aunque solo parcialmente reconocido, es el de bajar el coste del factor trabajo para las empresas. Para ello, la reforma introduce un grave desequilibrio en las relaciones laborales en favor de una de las partes y, sobre todo, introduce cambios en la negociación colectiva para dotar de instrumentos tanto legales como de presión a los empresarios para conseguir ese objetivo.
Esta devaluación salarial ha mejorado los márgenes empresariales, pero, al mismo tiempo, ha provocado una enorme caída de la demanda interna y, por lo tanto, de la cifra de negocio de las empresas, especialmente de la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas que tienen como único destino el mercado interior y cuyas más dramáticas consecuencias están en el empleo.
Lo que han ganado con la devaluación salarial de sus empleados lo han perdido con menores ventas debido a la pérdida generalizada de poder adquisitivo de los salarios.
La razón es evidente: los salarios son la principal fuente de ingresos de la mayoría de la población, ya que en España, de cada 100 personas ocupadas, 83 trabajan por cuenta ajena.
En el 46% de los hogares, el principal origen de renta es la retribución salarial y en el 41%, las prestaciones públicas, la mayoría de las cuales también provienen del trabajo por cuenta ajena. Menos del 2% tienen como fuente de ingresos las rentas de la propiedad y del capital.
La destrucción de empleo y la pérdida de poder adquisitivo de salarios, pensiones, prestaciones por desempleo y otras transferencias sociales suponen una caída en los ingresos que se traduce en una reducción al 10% en el consumo de los hogares.
Durante este periodo, y hay que subrayarlo, se está produciendo un incremento del volumen de personas que teniendo trabajo se sitúan por debajo del umbral de la pobreza.
En definitiva, las reformas laborales han incidido en el estado lamentable en el que están las cosas, generando una quiebra en materia de derechos. A la vez, no han contribuido a reducir la tasa de desempleo; más bien al contrario, ha acelerado su destrucción.
Las reformas laborales no han ayudado a hacer más estable el empleo. Por el contrario, al facilitar y abaratar el procedimiento del despido, han provocado que el empleo estable se reduzca más que nunca en la crisis.
Convertir el despido en algo socialmente irrelevante, desde el concepto ideológico más neoliberal de “depreciación del valor del trabajo”, en el fondo es el objetivo.
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