La magnitud de la crisis económica y sus efectos devastadores sobre el empleo, así como el sesgo ideológico de su gestión política basada en recortes de derechos y prestaciones, han reactivado el debate en torno a la cuestión social y conferido una nueva centralidad al trabajo como factor de ciudadanía, poniendo de manifiesto los dramáticos desajustes entre su oferta y demanda, que han generado seis millones de parados e incrementado dramáticamente los niveles de desigualdad y desregulación laboral.
El modelo que se está imponiendo trata de romper todos los dispositivos legales (Derecho del Trabajo), organizativos (Sindicatos) e institucionales (Negociación Colectiva) que se han desarrollado históricamente con objeto de compensar colectivamente la profunda asimetría que caracteriza la relación capital/trabajo.
La reforma laboral y sus sucesivas vueltas de tuerca apuntan contra dichos dispositivos con el objetivo de desequilibrar radicalmente las relaciones laborales, tanto en sus medios (aumenta el poder empresarial, disminuye la tutela judicial y la cobertura de la negociación colectiva) como en sus fines (devaluación salarial, desregulación normativa, debilitamiento del poder contractual de los trabajadores).
Asimismo, los cambios generados por la crisis (paro, desregulación, precarización del empleo, etc.) complican extraordinariamente la agregación y representación colectiva de los intereses de los trabajadores por parte de los sindicatos, que han de hacer frente en condiciones difíciles a crecientes tendencias disgregadoras en el mercado de trabajo y las relaciones laborales.
En consecuencia, la lucha contra el paro y por el trabajo decente, junto a la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios, deben ser el eje en torno al que se articulen todas las estrategias políticas y económicas, contrariamente a lo que plantean gobierno y patronal cuya gestión de la crisis apunta hacia un reforzamiento de sus estructuras de dominación, la ruptura de los equilibrios sociales e institucionales y la expansión de una ideología individualista que desprecia la solidaridad y trata de legitimar la desigualdad.
Hacer frente a dichas estrategias de desregulación laboral y deslegitimación ideológica exige del movimiento sindical un esfuerzo sostenido en la doble dirección de superar sus limitaciones e, incluso, errores y reivindicar el reconocimiento positivo de su función social.
En el primer caso, se trata tanto de responder a quienes niegan su representatividad electoral (más de 300.000 delegados elegidos por los trabajadores de 100.000 empresas) y la cobertura de su intervención social (negociación colectiva para 12.000.000 de trabajadores asalariados del sector privado y participación en la determinación de las condiciones laborales de 3.000.000 de empleados públicos), como de la revisión autocrítica de las propias insuficiencias (débil presencia en las pequeñas empresas, dificultades de agregación de jóvenes, parados y trabajadores precarios) y el reconocimiento de los errores que han erosionado la imagen social del sindicalismo, desde los derivados de un cierto alejamiento de la vida cotidiana de muchos trabajadores hasta algunos casos de malas prácticas que no por minoritarios y puntuales dejan de suponer un coste reputacional para el conjunto del sindicalismo.
A este respecto, el movimiento sindical no puede mirar hacia otro lado ni imputar todos sus problemas a campañas exógenas de desprestigio (aunque haberlas, haylas!) sino que, actualizando el impulso ético de la mejor tradición obrera, debe actualizar su discurso autocrítico y renovar sus prácticas en materia de autofinanciación, transparencia y ejemplaridad, anticipándose incluso a los requerimientos legales -como está haciendo CC.OO.- lo que sin duda contribuirá decisivamente al desarrollo de sus funciones en defensa de los trabajadores y a la regeneración democrática del conjunto de la sociedad española, necesaria también para garantizar una salida social de la crisis.
En el marco de unas relaciones laborales asimétricas, el sindicalismo asume las funciones de agregación y defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores ante las contrapartes empresarial e institucional, mediante los correspondientes mecanismos de negociación y gestión del conflicto.
Poner en valor tales funciones pasa por reforzar la visibilidad e intervención del sindicato en los centros de trabajo, allí donde se generan los cambios en la composición del empleo y el desarrollo de las relaciones laborales, así como plantear su capacidad de protesta y de propuesta ante los poderes económicos y políticos para impulsar una estrategia capaz de generar empleo, defender los salarios y salvaguardar los derechos.
Y junto a ello reforzar el concepto de utilidad del sindicato, el alcance y resultados de su intervención en la acción sindical cotidiana, la negociación colectiva y la concertación social, la acción jurídica como complemento de la sindical y los servicios que presta, etc., poniendo de manifiesto el factor diferencial que la presencia o no del sindicato supone en materia de condiciones de trabajo, derechos, seguridad contractual, etc.
En el caso concreto de la negociación colectiva, cabe señalar que si bien sus beneficios(salarios, regulación de jornada, promoción profesional, salud laboral y demás prestaciones sociales) son de cobertura universal y alcanzan al conjunto de los trabajadores, estén o no afiliados, los costes materiales y humanos (30.000 negociadores sindicales, más los correspondientes asesores técnicos) son asumidos exclusivamente por los sindicatos.
Además de las funciones centrales de negociación colectiva y defensa cotidiana de las demandas de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo, los sindicatos realizan otras de ámbito y orientación diferentes, desde las ya clásicas de asesoramiento legal a otras de más reciente implementación, como las de prestación de servicios o la prevención de riesgos laborales y la participación e intervención social a nivel estatal, autonómico, local y sectorial.
Junto a los temas de carácter más general, hay que poner de manera sistemática en valor que el sindicato interviene simultáneamente en miles de asesoramientos, de negociaciones, de conflictos, de acuerdos, etc., en las empresas, ante los tribunales, es decir, está interviniendo diariamente en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, lo que hay constituye, lo que en nuestra opinión es la primera y mas amplia red de solidaridad existente en nuestro país.
Es ahí donde reside la legitimidad de ejercicio del sindicato que, junto a la de su origen y representatividad, le define como elemento central de las relaciones laborales democráticas y factor decisivo en la lucha por la justicia social, especialmente necesarios para hacer frente a una ofensiva conservadora que ha generado retrocesos de diez años en términos económicos y salariales y de más de treinta en materia social y de derechos.
Se trata, pues, de reforzar la legitimidad del sindicalismo haciendo visibles, no siempre lo hacemos, no siempre se recoge por los medios, los resultados de la intervención sindical, tanto en términos genéricos e institucionales (derechos, prestaciones, garantías, etc.) como específicos de tipo colectivo (convenios, representación) e individual (asesoría y defensa, formación, salud laboral, etc.)
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