Ángel Berges, en El País
Desde que a finales de 2011 y principios de 2012 el Banco Central Europeo (BCE) pusiese en marcha sus operaciones de financiación a largo plazo (LTRO), la banca española se erigió en el principal comprador de la deuda pública española, acentuando el círculo vicioso entre riesgos bancarios y riesgos soberanos, cuya superación es uno de los objetivos de la Unión Bancaria que arranca en el presente año.
En el marco de dicho objetivo, no deja de resultar paradójico que el ejercicio de evaluación (a modo de “examen de selectividad”) previo a dicha unión bancaria precisamente penalice a los bancos por sus tenencias de deuda pública, como ha quedado claro en los criterios recientemente publicados por el propio BCE y por la autoridad bancaria europea.
En todo caso, esos criterios de EBA y BCE no caen de nuevas, y algún tipo de penalización se venía anticipando desde hace varios meses, por lo que no debe extrañar que las entidades financieras españolas –y también las de otros países, como Italia o Francia- llevasen a cabo importantes ventas de deuda pública en los meses finales de 2013, en un intento de presentar un cierre de ejercicio –que se tomará como base en los mencionados ejercicios de evaluación- con menos deuda pública en sus balances.
Concretamente, como puede observarse en el gráfico adjunto, los bancos españoles redujeron sus tenencias de deuda pública en más de 50.000 millones durante la segunda mitad de 2013, finalizando el año con unas tenencias de unos 260.000 millones, lo que representa un 8,6% de su balance total. Sólo la banca italiana, entre los grandes países europeos, registraba unas tenencias de deuda pública nacional con un mayor peso relativo sobre su balance (un 10,1%), tras haberlas reducido también en los últimos meses del año.
Dos consideraciones interesantes emergen de esas intensas ventas de deuda pública llevadas a cabo por la banca española. La primera se refiere al equilibrio en el propio mercado de deuda pública. Si la banca vendía 50.000 millones, ¿quién los ha comprado?. Y máxime teniendo en cuenta que el Tesoro necesitaba seguir emitiendo deuda neta adicional. La respuesta la brinda el gráfico adjunto, del que se deduce un claro protagonismo comprador de los inversores no residentes, en un renovado apetito inversor por los activos españoles. De hecho, ese apetito inversor extranjero hacia los activos españoles no solo se circunscribía al mercado de deuda pública, sino también a las elevadas emisiones llevadas a cabo por las propias entidades financieras españolas (más de 30.000 millones desde mediados de 2013 hasta la fecha).
Lo más relevante es que dicho proceso de sustitución de bancos por no residentes, en cuanto a tenedores de deuda pública, se ha producido en paralelo con una clara reducción en los tipos de interés de la misma, permitiendo con ello eludir –al menos de momento- los temores que podían existir respecto a efectos desestabilizadores de una intensa retirada de la banca como principal tenedor de deuda pública.
La segunda consideración nos lleva al efecto sobre los propios bancos, especialmente en cuanto a la contribución de esas tenencias a reforzar sus exiguos márgenes de intermediación. Nuestras propias estimaciones nos llevan a concluir que la inversión en deuda pública pudo aportar más de un 20% del total del margen del sector; porcentaje que superaría el 35% si se incluye también otros títulos de renta fija diferentes del tesoro (SAREB, Agencias, Comunidades Autónomas, o renta fija privada).
Dicha aportación caerá en 2014, y más en 2015, en la medida en que, por un lado, los volúmenes invertidos en deuda pública –y renta fija en general- difícilmente retornarán a los máximos de 2013. Y, sobre todo, porque las nuevas inversiones que se lleven a cabo –una vez superada la “foto” de fin de año, de cara a los ejercicios de evaluación- generarán rentabilidades muy inferiores a las que generaba la deuda pública que se ha vendido en 2013.
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