¿PREPARADOS PARA LO QUE VIENE? la Política y la Justicia

Joan J. Queralt, en e-periodico

Previsiblemente, en los próximos dos años van a sucederse una catarata de juicios en los que se ajustarán las cuentas a la última hornada decorrupción pública y privada que asuela nuestra vida política y económica. Se sentarán en el banquillo de los acusados, por un lado, altos funcionarios, parlamentarios, consejeros, alcaldes, concejales y asesores, con sus parientes, amigos y particulares compinchados; y por otro, algunos autodenominados empresarios, financieros y banqueros y hasta miembros de la Casa Real.

Un primer problema, más aparente que real, será el de la desmemoria e idiocia sobrevenida de los imputados, sus parentelas y sus compañeros de saqueo. Una súbita pérdida de neuronas de toda clase será la letanía cotidiana en las salas de justicia. Sigo sin llegar a entender el vano empeño en querer pasar por un perfecto tonto del bote por parte de quien se creyó que era el súmmum en política y en negocios y así se encargó de venderlo. Pero nuestros tribunales están vacunados contra la pueril estratagema, al margen de la imagen y del fracaso de sus defensores, de equiparar el no saber y el no acordarse ahora de los hechos con la realidad.

El problema con el que se enfrentan los tribunales a la hora de enjuiciar estos complejos asuntos, con múltiples hechos y múltiples implicados, a los que acompaña un enorme aparato probatorio de testigos, documentos y peritos, es la inadecuación delproceso penal vigente a una realidad criminal intrincada como es la político-económica. Era algo que más o menos se veía venir, y por eso ya no resulta tan curioso que una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal de 1882 nunca haya salido adelante.

No se trata, obvio es decirlo, de reducir las garantías liberales; al contrario, han de ser reforzadas y han de constituir la guía infranqueable del proceso penal democrático. Me refiero a las cuestiones organizativas. El proceso penal español está pensado para una sociedad esencialmente rural, poco tecnificada, cuya delincuencia oscilaba entre la pillería del listo de turno y el violento primario. Y cuando la cosa pasaba a mayores se resolvía acudiendo a la justicia militar, igualmente mal organizada pero que, despojada de las mínimas garantías procesales –por eso se recurría a ella–, despachaba los asuntos por la vía rápida. En la actualidad hemos pasado de un hecho y un autor a un haz complejo de hechos con una pléyade de autores. En una palabra, nos hemos dados de bruces, de un tiempo a esta parte, con los macroprocesos, cuyo número no va a parar de crecer.

Al Tribunal Supremo los macroprocesos no le gustan y lo ha dicho, por lo menos desde elcaso Banesto, por activa y por pasiva; la última vez, en el recentísimo caso Hacienda . Solo en Baleares parece que se sigue su no muy acertada doctrina; en las islas desgajar la causa en diversas piezas separadas es lo habitual. En el caso Palma Arena , por ejemplo, son ya 25 piezas separadas, una de ellas, la deUrdangarin y otros.

Sin embargo, en los delitos complejos, como son los relativos a la corrupción, desgajar en varios procesos separados cada uno de los hechos no debe hacerse ni por principio ni –menos aun– por comodidad en el manejo de la causa. Estas tramas criminales duran en el tiempo y cuentan con varios ejecutores a diversos niveles. Ello demuestra tanto una asociación delincuencial, lo que ya es delictivo en sí, como un hilo conductor de persistencia en el tiempo a fin de garantizar la rapiña. Es esta persistencia y acción grupal lo que hace realmente peligrosa la corrupción pública y privada, pues esas notas sirven al fin eterno de cualquier infractor: buscarse la impunidad. La impunidad del poderoso, ya sea político o adinerado, es un bien preciado. Esta impunidad se resquebraja cuando el entramado organizativo pasa a primer plano; este ha de ser el primer delito, siendo el resto (prevaricaciones, falsedades, malversaciones, defraudaciones societarias, estafas, delitos fiscales…) frutos maduros que caerán al demostrarse la arquitectura delictiva.

Por ello, junto a otras reformas no menores –que en nada afectan a la retroactividad de la ley penal–, lo que se ha de efectuar imperiosamente –como denuncia reiteradamente, por ejemplo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) en sus informes– es la reforma de la organización procesal para adecuarla a la realidad criminal a la que se enfrenta. Decir no a los macroprocesos, inevitables, y no mover un dedo –y tiempo ha habido– para cambiar las estructuras de enjuiciamiento es, cuando menos, de muy cortas miras. Es como negar un antibiótico a un enfermo porque como efecto secundario lo debilita. No lo trataremos con analgésicos: le recetaremos, junto al antibiótico, unos buenos reconstituyentes.

Catedrático de Derecho Penal de la UB. Investigador principal del grupo Estrategias Preventivas y Reactivas contra la Corrupción