Pere Rusiñol, en eldiario.es
El domingo empezó en Barcelona una campaña que aspira a abrir al menos el debate sobre la posibilidad de recuperar la banca pública a través de Catalunya Banc y Bankia, ambas en camino de ser privatizadas a precio de saldo.
España ha perdido ya 51.000 millones de euros en el intento de evitar la quiebra del sector financiero y el volumen total de recursos comprometidos en ayudas asciende a 172.000 millones, en su gran mayoría de origen público. Y pese a ello, como contamos en la revista de febrero de Alternativas Económicas, el crédito no fluye y las empresas, y muy particularmente las pymes, el nervio de la economía productiva de este país, que están absolutamente ahogadas por la imposibilidad de acceder a financiación.
Al mismo tiempo, decenas de miles de familias han sido desahuciadas de sus casas a instancias de la banca y ahora estos pisos están siendo comprados a precios de saldo por agresivos fondos internacionales a través de la Sareb, el banco malo. Como explicaba Carme Trilla, ex directora general de Vivienda de la Generalitat en Alternativas Económicas de enero, “constituye una operación calificable de escándalo histórico”.
¿De qué ha servido pues esta ingente movilización de dinero público para salvar la banca? Por ahora, básicamente para que inversores privados -a menudo, la propia banca- adquieran activos saneados a precio de saldo.
El modelo que con tan entusiasmo promueve el Gobierno, los bancos y el establishmenteconómico de este país es el que se ha aplicado ya a Nova Caixa Galicia y que sus promotores y altavoces mediáticos han coincidido en calificar de gran éxito.
El gran éxito es el siguiente: el saneamiento de la entidad exigió 13.000 millones de dinero público y luego el Estado lo ha malvendido por 1.000 millones al banco venezolano privado Banesco. Simultáneamente, la red Evo, nacida de las oficinas de la entidad fuera de Galicia, se ha regalado al fondo Apollo por 60 millones, auténtica calderilla si se tiene en cuenta que sus tres fundadores se embolsaron el año pasado nada menos que 1.000 millones de euros.
Por supuesto, no ha habido la más mínima contrapartida: ni para asegurar que fluya el crédito ni para dar techo a las miles de personas afectadas por desahucios.
Naturalmente, había otra opción: mantener la entidad como banca pública con el objetivo de apoyar al tejido productivo y a las familias en momentos tan complicados.
Esta opción ni siquiera se ha debatido. Ni para NCG ni para Bankia, que entre inyecciones y avales suma 46.500 millones de ayudas, ni para Catalunya Banc, que ha recibido oxígeno por valor de 19.425 millones.
Y esto que en España las cajas -con participación pública y en teoría orientadas al respaldo de la economía productiva regional- podían ser la semilla perfecta para recuperar la red bancaria pública que los gobiernos de Felipe González y José María Aznar finiquitaron. Antes de la crisis, las cajas sumaban más de la mitad del total de depósitos en España, pero en perfecta aplicación de la Doctrina del Shock han sido aniquiladas con la crisis aprovechando errores que no tenían nada que ver con el modelo centenario, sino más bien con las ínfulas de bancarización. Ahora, sus competidores históricos -la banca privada, asistida también con el oxígeno del crédito hiperbarato del Banco Central Europeo- ya controlan cerca del 100% del mercado.
El gran drama de España no es ya que no exista banca pública, sino que hasta ahora ni siquiera se ha planteado el debate, pese a contar hasta hace cuatro días con la arraigadísima red de cajas.
Aquí el fundamentalismo neoliberal, que rechaza la posibilidad por razones estrictamente ideológicas, ha penetrado tanto en las instituciones y el establishment económico que hasta el debate parece una quimera. El debate tampoco ha llegado a los medios de comunicación convencionales por razones obvias: con la crisis, los grandes medios también son ahora propiedad de la banca.
El que en España se atreve a plantear la necesidad de recuperar la banca pública, como ha hecho con valentía la Junta de Andalucía, se arriesgue a ser tratado de tonto, idiota o loco.
O de bolchevique.
Y sería tan bolchevique como Estados Unidos, donde la banca pública desempeña a día de hoy un papel importante en algunos Estados, como Dakota del Norte, donde el Banco de Dakota del Norte ( BND, en sus siglas en inglés) es fundamental para la economía local y una de las claves que ayudan a explicar por qué es una de las regiones con menos paro del país.
O tan bolchevique como Suiza, donde la banca bajo control público supone nada menos que el 30% de su sistema financiero y da empleo a 16.000 personas. El instrumento son los bancos cantonales, que evocan a nuestras difuntas cajas: entidades de base regional con participación pública y orientadas a respaldar el tejido productivo de la zona. En la década de 1990, los bancos cantonales tuvieron dificultades financieras, pero la respuesta pública no fue su desamantelamiento y posterior regalo a la banca privada, sino que se reconvirtieron sin perder su razón de ser: entró capital privado, pero la participación pública supera siempre el 51%.
Parece claro que el fundamentalismo neoliberal tiene mucho más peso en España que en Suiza, por mucho que a nuestros poderosos les guste tanto el país alpino.
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