Las políticas del Gobierno español relacionadas con la población migrante han ocupado lugares destacados en los medios de comunicación durante las últimas dos semanas. Y nunca para bien. La última noticia se producía este mismo jueves, cuando al menosnueve africanos de un grupo de unos 400 morían en la costa de Ceuta en un nuevo intento por alcanzar el territorio español desde Marruecos. Unos días antes, el ministro del Interior, Jorge Fernández, reconocía que "puntualmente" se han podido realizar expulsiones ilegales de inmigrantes hacia Marruecos cuando ya estaban en España. La semana anterior, el Comité Europeo por los Derechos Sociales sacaba los colores a España por excluir de la sanidad a los inmigrantes en situación administrativa irregular. Y al mismo tiempo, un juez ha reabierto la investigación de la sospechosa muerte de la congoleña Samba Martine en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid.
No hace mucho, se celebraba en todo el mundo el Día de la Población Migrante. Este evento tiene lugar cada 18 de diciembre para llamar la atención sobre el creciente número de migrantes que existe y para poner de relieve la preocupación internacional por asegurar su protección y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. Ese día, numerosas organizaciones sin ánimo de lucro y asociaciones a favor de los derechos de este grupo de población publicaron diversos comunicados que revisaban los puntos débiles de la administración española y cuáles eran los aspectos más urgentes que debe mejorar. Las muertes de ayer en Ceuta son un ejemplo más de que España tiene muchos deberes pendientes y muchas vergüenzas que esconder. Como estas:
EXPULSIONES EN LA FRONTERA SUR
Policías vigilan durante la madrugada del miércoles el espigón fronterizo del Tarajal / EFE
La frontera sur y el Mediterráneo es uno de los retos que tiene tanto España como Europa en la gestión de flujos migratorios. Organizaciones como Andalucía Acoge empezaron a hablar del problema de la inmigración en el Estrecho de Gibraltar hace 25 años y, hoy en día, se sigue documentando lo mismo, los flujos se mantiene estables y las imágenes de desesperación en la frontera entre Marruecos y España se repiten. Las últimas muertes en Ceuta de personas procedentes de países en conflicto donde se producen constantes violaciones de los derechos humanos ponen de relieve las consecuencias de una politica migratoria obsesionada por blindar las fronteras por encima de cualquier consideración de tipo humanitario, que incluso ha llevado a la Guardia Civil a disparar pelotas de goma a los que se enocntraban en el agua intentando llegar a tierra firme, según han denunciado las propias víctimas.
La aplicación de estas políticas también ha provocado la expulsión ilegal de potenciales personas refugiadas a países como Marruecos, algo que el propio ministro del Interior reconoció esta semana tras la publicación de unas grabaciones en las que dos agentes de la Guardia Civil discutían sobre cómo realizar una de las llamadas "devoluciones en caliente".
Entre las medidas más represivas que el Gobierno ha llevado a cabo este año, la instalación de cuchillas disuasorias en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla es la más inhumana. Aumentar la altura de las vallas, instalar drones o cuchillas no va a hacer que las personas del África subsahariana que esperan en Marruecos desistan en su empeño de llegar a Europa después de muchos años de camino.
Las organizaciones pertenecientes a la red Migreurop España (CEAR, Sos Racismo, Andalucía Acoge, APDHA y Elin) han exido una vez más el establecimiento de procedimientos claros que prioricen el deber de socorro y el respeto de los derechos humanos de quienes intentan llegar a nuestro país y la creación de una comisión parlamentaria que investigue de forma inmediata y urgente las prácticas habituales en el control de las fronteras de Ceuta y Melilla. Es el momento de dar una solución desde España y desde Europa, porque lo que ocurre en el Estrecho se repite en el resto del Mediterráneo.
EXCLUSIÓN SANITARIA
Alpha Pam, senegalés que murió de tuberculosis en Mallorca tras habérsele negado atención sanitaria
El Consejo de Europa, encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en 47 países del continenete ha sido tajante: excluir a los extranjeros sin papeles de la sanidad española es ilegal. “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, concluía un informe sobre derechos sociales divulgado el pasado 28 de enero.
La retirada de la tarjeta sanitaria ha sacado del sistema a población vulnerable que no tiene medios económicos para costearse un tratamiento médico. El 31 de agosto de 2012 la entrada en vigor de esta medida cercenó el acceso a la Sanidad a 910.342 personas en situación irregular. Algunos han perdido la vida en el último año y medio por esta razón. Fue el caso de Alpha Pam, un hombre de nacionalidad senegalesa que murió por tuberculosis el pasado mayo tras habérsele negado atención sanitaria en un hospital mallorquín por carecer de tarjeta, o el de María Soledad Torico, una mujer boliviana que murió tras ser rechazada en dos centros sanitarios de Valencia por no tener papeles.
Tras la publicacion del informe del comité europeo, el Ministerio de Sanidad alegó que la cobertura que tienen los inmigrantes en España es "de las más amplias de Europa, ya que incluye las urgencias, toda la atención a menores, y los cuidados en el embarazo" y que "una cosa es que no tengan tarjeta sanitaria, y otra que no se les esté atendiendo".
Frente a estos argumentos, encontramos casos como el de Walter, que nunca cuentan a la hora de pontificar sobre la asistencia sanitaria pero que existen. Walter, de 30 años y más de nueve en España, sufre de gota, ansiedad y alergia al polen en primavera y perdió la tarjeta sanitaria con la ley de 2012. Su testimonio, en primera persona:
Me siento excluido del servicio sanitario. Sufro de alergia, gota y de ansiedad, problemas que no me dejan vivir tranquilo. ¿Y qué hago? Cuando tengo un ataque de gota o de ansiedad, encerrarme en casa y pensar. No hay más, puesto que si acudo al hospital me atenderán siempre que me vean muy mal, pero está claro que luego me llegará una factura. ¿Cuando y por cuánto será el coste? No lo sé pero como no tengo ingresos, no puedo pagar ese dinero. Por eso me encierro entre 10 o 15 días en casa hasta que poco a poco se va el dolor y puedo volver a salir. Aprendí que refrescándome el pie con agua fría se me alivia un poco el dolor, y así es como paso los días que dura esto: con un barreño en la habitación del piso que comparto y refrescándome cada vez que tengo ese dolor insoportable.
Cuando los síntomas de la alergia se presentan necesito Loratadina, pero no hay forma de conseguirlo; necesito receta medica y no la tengo. También tengo que hacer uso del Ventolín porque me falta el aire, pero conseguirlo en una farmacia no es difícil porque no se necesita receta médica.
Con el tema de la ansiedad no hay nada que hacer. Es una desesperación estar con angustia y dolor en el pecho, pensar qué pasara conmigo, pensar en mi situación y en problema tras problema. Me desespero porque no encuentro ni una pastilla de Ribotril para calmarme, que es la que me recetó en su día el médico de cabecera.
CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS
Allegados de Samba Martine durante su entierro en Madrid. / GORKA LEJARCEGI
Los Centros de Internamiento de Extranjeros siguen siendo prisiones encubiertas y la falta de transparencia de la administración impide comprobar las condiciones en las que viven sus ocupantes. No existen cifras oficiales públicas sobre la cantidad de personas que ingresan anualmente en estos centros, y ONG como la Red Acoge, con más de 20 años de experiencia, denuncian la detención indiscriminada de personas que pertenecen a colectivos especialmente vulnerables como potenciales refugiados, mujeres víctimas de trata de seres humanos o progenitores con menores a su cargo, pese a que el Gobierno asegura que solo internan personas con antecedentes penales. El Ejecutivo también ha incumplido la promesa de aprobar antes de 2014 el reglamento que regule el funcionamiento de estos centros, en los que se han documentado abusos, como en el caso de Es el caso de Omar –nombre ficticio- que estuvo 71 días en el CIE de Aluche cuando el plazo máximo son 60. La última noticia que se tuvo es que la Defensora del Pueblo aseguró en diciembre de 2013 que el Ministerio de Interior lo llevaría "con carácter inmediato" al Consejo de Ministros.
Los casos más dramáticos, no obstante, van más allá de los supuestos maltratos o abusos por parte de autoridades o de las malas condiciones de vida. Hablamos de muerte. El 28 de diciembre de 2011, la congoleña Samba Martine moría en un CIE de Madrid. Enferma de VIH, había acudido a la enfermería hasta diez veces aquejada de fuertes dolores de cabeza y prurito en la zona perineal. Un tribunal ha reabierto el caso porque sospecha que no fue atendida debidamente y que su fallecimiento se podía haber evitado.
Más reciente es el caso del ciudadano armenio que se ahorcó en un CIE de Barcelona el pasado mes de diciembre. Se encontraba en la zona de aislamiento, unas dependencias destinadas a ciudadanos que están a punto de ser expulsados. Este ha sido el cuarto suicidio que se produce en las dependencias de este centro. Aunque se ha abierto una investigacion interna, diversos colectivos de defensa de los derechos de los migrantes y a favor del cierre de estos centros siguen pidiendo que se aclaren las circunstancias de las muerte y que, al menos, se instalen cámaras en las celdas para determinar lo sucedido en cada caso.
DEMORA EN LA CONCESIÓN DE ASILO Y REFUGIO
La demora en la concesión de asilo y de protección subsidiaria es otra lacra en España. Según un estudio de Amnistía Internacional, España ha aceptado acoger sólo 30 refugiados sirios, el 0,001 por ciento de los 2,3 millones que la ONU calcula que han salido de su país. En España las solicitudes de asilo se retrasan mucho, lo que está provocando que estas personas intenten llegar a Europa de manera clandestina, con los peligros que esto conlleva. Según el Ministerio de Interior, hay unos 3.300 casos pendientes, casi el triple de las solicitudes registradas tan solo en 2012: 1.280. Casos como el de Manar, una refugiada siria con el 90% de su cuerpo quemado que pasó 90 días en Melilla sin permiso para viajar a la Península y recibir atención médica especializada, se repiten a menudo pero, como no son tan llamativos, nunca llegan a conocerse.
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