Daniel del Pino, en Público
Izquierda Unida (IU) pasa a la ofensiva y va a poner en marcha una campaña por todo el Estado llamando a una "revolución democrática y social" y por un "proceso constituyente". La iniciativa lleva el sello del diputado Alberto Garzón, que lleva trabajando en ella desde el mes de noviembre, ha suspendido su agenda y se ha puesto a disposición de la Federación para liderarla. El proyecto está plasmado en un documento base que ha sido aprobado esta misma tarde por unanimidad por la Comisión Ejecutiva de IU y aunque se trata sólo de un borrador, supone una apuesta rotunda y activa por la regeneración democrática.
Dicho documento, al que ha tenido accesoPúblico, ha sido presentado por Garzón y el coordinador de la Presidencia, José Luis Centella, a los 35 miembros de la Ejecutiva. El texto parte de dos pilares fundamentales: la revolución social y la revolución política, a partir de los cuales IU pretende "desarrollar la campaña política que lleve a todos los rincones del Estado la ofensiva contra la reconstrucción del bipartidismo monárquico".
El borrador pasará ahora a la deliberación de cada uno de los componentes de la Ejecutiva, que tendrán hasta el 4 de febrero para hacer sus aportaciones o solicitar modificaciones. La segunda etapa será la de la participación y el debate público y ahí contarán las aportaciones que hagan tanto militantes, movimientos sociales como los ciudadanos que, de manera presencial en los actos que se organicen, o a través de una página web que se pondrá en funcionamiento a principios del próximo mes, podrán sumar al contenido. En última instancia, IU pretende traducir toda estas iniciativas en uno de los símbolos de su acción parlamentaria.
La Federación organizará también una conferencia ─ en principio programada para el 20 de febrero─ que con la colaboración de varios expertos desarrollará con mesas redondas cada uno de los puntos cardinales del documento. Esto, no acabará sólo en la capital, ya que tendrá réplicas en todas las federaciones de IU.
El hecho de que Garzón ─posiblemente el mayor referente de IU en estos momentos─ lidere la iniciativa no es casual. Es sin duda la muestra más palpable de que IU quiere centrarse en su proyecto político y dejar de lado toda la confusión que se ha podido generar en torno a la elaboración de su candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo, más si cabe tras la irrupción de Podemos.
Guerra a la deuda
Entrando en materia, el documento establece que para llevar a cabo esa "revolución social", la organización debe lanzar a la clase trabajadora "una propuesta de choque para la creación de empleo; una propuesta de cambio de modelo productivo desde la planificación democrática de la economía; y una postura clara sobre la deuda soberana que parta del cambio del artículo 135 de la Constitución, que establezca prioridad constitucional sobre el pago de la deuda a la defensa de las necesidades básicas del ser humano, es decir los derechos sociales, sindicales y laborales".
De hecho, la deuda es un tema considerado vital para poder "recuperar lo público" tras las "agresiones del PP" y por ello IU se lanzará a transmitir a los ciudadanos su compromiso por llevar a cabo una auditoría y rechazar la ilegítima, es decir, "la que no se corresponda con el déficit generado por los servicios públicos y la protección social". La Federación que dirigeCayo Lara ya presentó a lo largo del año pasado una propuesta para impulsar la creación de empleo y, tal y como aseguró esta mañana en una rueda de prensa el coordinador federal, ese planteamiento sobre la deuda estaría ya muy avanzado.
Pero IU, ─reflexiona el texto─ debe dar un paso más allá y plantear lo que serían los mimbres de un programa de Gobierno. Por ejemplo, elaborar propuestas concretas para garantizar que la Constitución "fije la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios públicos"; para instaurar la figura de la "renta básica para quienes no tengan otra prestación"; para defender "las políticas de igualdad como garantía de una sociedad justa y solidaria"; para poner en marcha una "reforma fiscal progresiva" o "un sistema de banca pública"; para garantizar "el derecho social a la vivienda", el "control ciudadano y popular sobre el gasto y la gestión pública"; y para activar "políticas de justicia social para quienes están sufriendo directamente las consecuencias de la crisis".
Participación ciudadana y regeneración democrática
Esto no se consigue, sin embargo, sin la "revolución política". "Teniendo en cuenta el marco de descrédito de la política que la derecha trata de extender para justificar un recorte de libertades, debemos plantear propuestas que demuestren que es posible recuperar la confianza desde la máxima participación ciudadana, y para ello debemos plantear medidas de regeneración democrática con reformas institucionales", reza el documento.
Tras una reflexión sobre la crisis del régimen de la Transición, la iniciativa hace hincapié en que "la política y la vida pública no son el problema, sino la solución", y denuncia "el intento de vincular un determinado tipo de política, corrupta, caciquil y clientelar, con la Política con mayúsculas". Por ese motivo, el siguiente paso sería para IU iniciar "la rebelión democrática" y "poner en marcha un Proceso Constituyente que desemboque en una democracia republicana" con "nuevas reglas y nuevas instituciones para una sociedad que anhela lademocracia y la participación política".
Esta ofensiva de IU en el plano político se articulará en cuatro ejes principales generales. El primero versa sobre el 'Estatus del cargo público' y nace a raíz de una aportación del propio Garzón en el último Congreso del Partido Comunista celebrado el pasado mes de diciembre. Este punto lleva acompañadas cuatro propuestas que van desde la instauración de instrumentos revocatorios para facilitar que los ciudadanos puedan "retirar su confianza en el representante a lo largo del mandato" si no cumple con lo que se espera de su gestión, a la obligación de los cargos públicos a someterse a una rendición de cuentas periódicas, pasando por el que debe ser el sueldo justo de un político o la necesidad de una ley contra la corrupción.
Entrando en materia, el documento establece que para llevar a cabo esa "revolución social", la organización debe lanzar a la clase trabajadora "una propuesta de choque para la creación de empleo; una propuesta de cambio de modelo productivo desde la planificación democrática de la economía; y una postura clara sobre la deuda soberana que parta del cambio del artículo 135 de la Constitución, que establezca prioridad constitucional sobre el pago de la deuda a la defensa de las necesidades básicas del ser humano, es decir los derechos sociales, sindicales y laborales".
De hecho, la deuda es un tema considerado vital para poder "recuperar lo público" tras las "agresiones del PP" y por ello IU se lanzará a transmitir a los ciudadanos su compromiso por llevar a cabo una auditoría y rechazar la ilegítima, es decir, "la que no se corresponda con el déficit generado por los servicios públicos y la protección social". La Federación que dirigeCayo Lara ya presentó a lo largo del año pasado una propuesta para impulsar la creación de empleo y, tal y como aseguró esta mañana en una rueda de prensa el coordinador federal, ese planteamiento sobre la deuda estaría ya muy avanzado.
Pero IU, ─reflexiona el texto─ debe dar un paso más allá y plantear lo que serían los mimbres de un programa de Gobierno. Por ejemplo, elaborar propuestas concretas para garantizar que la Constitución "fije la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios públicos"; para instaurar la figura de la "renta básica para quienes no tengan otra prestación"; para defender "las políticas de igualdad como garantía de una sociedad justa y solidaria"; para poner en marcha una "reforma fiscal progresiva" o "un sistema de banca pública"; para garantizar "el derecho social a la vivienda", el "control ciudadano y popular sobre el gasto y la gestión pública"; y para activar "políticas de justicia social para quienes están sufriendo directamente las consecuencias de la crisis".
Participación ciudadana y regeneración democrática
Esto no se consigue, sin embargo, sin la "revolución política". "Teniendo en cuenta el marco de descrédito de la política que la derecha trata de extender para justificar un recorte de libertades, debemos plantear propuestas que demuestren que es posible recuperar la confianza desde la máxima participación ciudadana, y para ello debemos plantear medidas de regeneración democrática con reformas institucionales", reza el documento.
Tras una reflexión sobre la crisis del régimen de la Transición, la iniciativa hace hincapié en que "la política y la vida pública no son el problema, sino la solución", y denuncia "el intento de vincular un determinado tipo de política, corrupta, caciquil y clientelar, con la Política con mayúsculas". Por ese motivo, el siguiente paso sería para IU iniciar "la rebelión democrática" y "poner en marcha un Proceso Constituyente que desemboque en una democracia republicana" con "nuevas reglas y nuevas instituciones para una sociedad que anhela lademocracia y la participación política".
Esta ofensiva de IU en el plano político se articulará en cuatro ejes principales generales. El primero versa sobre el 'Estatus del cargo público' y nace a raíz de una aportación del propio Garzón en el último Congreso del Partido Comunista celebrado el pasado mes de diciembre. Este punto lleva acompañadas cuatro propuestas que van desde la instauración de instrumentos revocatorios para facilitar que los ciudadanos puedan "retirar su confianza en el representante a lo largo del mandato" si no cumple con lo que se espera de su gestión, a la obligación de los cargos públicos a someterse a una rendición de cuentas periódicas, pasando por el que debe ser el sueldo justo de un político o la necesidad de una ley contra la corrupción.
Reforma electoral y democratización de los medios
El segundo eje lleva como título 'Participación civil, transparencia y democracia participativa' y se concentra en el valor de los referendos y las Iniciativas Legislativas Populares como símbolo de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en la transparencia como base de la democracia, o en la separación de los poderes ejecutivos y legislativos.
La tercera rama de esa gran ofensiva política habla del Procedimiento electoral y propone una reforma de la ley pasando a un sistema proporcional en el que "el voto de cualquier ciudadano del Estado" tenga "el mismo peso con independencia de la ubicación geográfica en la que esté adscrito". Asimismo habla del carácter vinculante del programa de los partidos, lo que está íntimamente ligado con ese "fraude electoral" del que lleva acusando IU al Gobierno de Mariano Rajoy tantos meses: "Consideremos necesario la creación de leyes que aseguren quelas principales propuestas de los partidos tengan que ser vinculantes y que, en caso de incumplimiento, supongan directamente la convocatoria de un nuevo proceso electoral". Otras propuestas irían en la línea de ejercer un mayor control sobre las campañas electorales y del patrimonio de los políticos.
Por último, el documento reclama la "Democracia en la palabra" y "el derecho a la no desinformación", con propuestas para la democratización de los medios y el cumplimiento del servicio público que se les presupone.
El segundo eje lleva como título 'Participación civil, transparencia y democracia participativa' y se concentra en el valor de los referendos y las Iniciativas Legislativas Populares como símbolo de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en la transparencia como base de la democracia, o en la separación de los poderes ejecutivos y legislativos.
La tercera rama de esa gran ofensiva política habla del Procedimiento electoral y propone una reforma de la ley pasando a un sistema proporcional en el que "el voto de cualquier ciudadano del Estado" tenga "el mismo peso con independencia de la ubicación geográfica en la que esté adscrito". Asimismo habla del carácter vinculante del programa de los partidos, lo que está íntimamente ligado con ese "fraude electoral" del que lleva acusando IU al Gobierno de Mariano Rajoy tantos meses: "Consideremos necesario la creación de leyes que aseguren quelas principales propuestas de los partidos tengan que ser vinculantes y que, en caso de incumplimiento, supongan directamente la convocatoria de un nuevo proceso electoral". Otras propuestas irían en la línea de ejercer un mayor control sobre las campañas electorales y del patrimonio de los políticos.
Por último, el documento reclama la "Democracia en la palabra" y "el derecho a la no desinformación", con propuestas para la democratización de los medios y el cumplimiento del servicio público que se les presupone.
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