POBREZA Y PARAÍSOS FISCALES

Carlos Miguélez Monroy – Alainet

Cada vez que un terremoto sacude a un país “pobre”, que un Tsunami hunde a poblaciones costeras o que desprendimientos de lodo entierran a centenares de personas, los medios de comunicación despiertan compasión con imágenes de sufrimiento. De tanto repetirlas, amortiguan la sensibilidad de las personas, “convencidas” de que la naturaleza se ensaña con los “pobres”, condenados a esa miseria. Esto permite continuar con la cena después del telediario y retirarse a la cama con la conciencia “tranquila”.

La clase política tiene en sus manos las decisiones para amortiguar esos “desastres naturales” y asistir a las poblaciones afectadas, así como hacer frente al hambre y la pobreza. Pero la creciente sensación de que los políticos han dejado de representar a los ciudadanos anula su participación, al tiempo que aumentan el consumismo, el desprestigio de la política y la pasividad.

Estas circunstancias impiden el resurgimiento de un necesario activismo político y ciudadano para preguntar por qué más de 1.000 millones de personas padecen hambre en el mundo, mientras más de 13,5 billones (trillions) de dólares se han desviado a paraísos fiscales, según un informe del Parlamento Europeo. La corrupción política, el enriquecimiento de unas minorías a costa del grueso de la población mundial, el negocio de traficar con armas, con drogas y con personas deben su éxito financiero a los paraísos fiscales.

Esta “estructura” económica somete al poder político con la excusa del “libre mercado”. Un poder político sometido no garantiza la distinción de poderes y la primacía de la ley, elementos que definen a un auténtico Estado de Derecho.

El entramado de los paraísos fiscales fue creado con el fin de evadir impuestos para infraestructuras y el funcionamiento de servicios públicos que garantizarían derechos humanos fundamentales como la educación, la salud y las pensiones. El enriquecimiento desmedido de pocos, que esta evasión permite, desemboca en carencias que castigan a los más pobres.

No todo el dinero que se encuentra en paraísos fiscales proviene de actividades delictivas. De hecho, el fruto del trabajo de muchas personas acaba en esos territorios sin ley para evitar que los políticos sigan esquilmando sus impuestos. Pero el desvío a paraísos fiscales debilita aún más al Estado, fortalece la cultura del “sálvese quien pueda” y la ley de la selva. Proliferan las desigualdades sociales, la corrupción, la delincuencia y la violencia, donde siempre pierden los pobres. La democracia y el Estado de Derecho existen sólo de manera formal.

Los Gobiernos de países empobrecidos recurren a préstamos millonarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. A cambio, llevan a cabo ajustes estructurales para privatizar sectores clave de la economía y se endeudan con altas tasas de interés. Resultado: debilitación del sector público que garantiza las redes de protección social para los pobres, crecimiento de la dependencia y permanencia en la minoría de edad que supone ser llamado “país en vías de desarrollo”. Con medios y voluntad para luchar contra la corrupción, así como para fortalecer sus sistemas de recaudación fiscal, se podría reducir también la dependencia a una plausible pero insuficiente Ayuda Oficial al Desarrollo. Las medidas de recaudación fiscal tienen un potencial que supera al de la ayuda, según conclusiones de la ONG Red Justicia Fiscal.

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la pobreza a la mitad para 2015, los países se comprometieron a incrementar su ayuda al 0,7% de su PIB, cuando la recaudación fiscal de algunos países alcanza el 30%. En Brasil, las medidas fiscales que ha impulsado el presidente Lula da Silva han hecho posible la recaudación de cerca de 20 mil millones de dólares cada año, lo que ha contribuido a la lucha contra la evasión fiscal y contra la corrupción. En Kenya se puso en marcha una campaña de recaudación con el eslogan “paga tus impuestos y libera a tu país”.

De las reuniones de jefes de Estado para acabar los paraísos fiscales han quedado unas listas de colores que sólo han servido para lavar el nombre de algunos países. De la participación ciudadana depende que los políticos pongan los medios para acabar con un sistema que mantiene a tantos pueblos en una eterna adolescencia.