La economía mundial estuvo a punto de convertirse en la Gran Depresión, en el periodo 2008-2009. Una de las causas de que la Gran Recesión no se transformara en la Gran Depresión, fueron los estímulos económicos que los gobiernos (EEUU, países de la Unión Europea, Japón, China, Corea del Sur, India y Brasil) aprobaron.
Estos estímulos económicos no fueron, sin embargo, la causa del crecimiento de los déficits públicos. Los elevados déficits públicos (EEUU 10.3% del PIB; promedio de la UE-15 6.8% del PIB), particularmente acentuados en Irlanda 14.3%; Grecia 13.6%; Gran Bretaña 11.4% y España 11.2%, no se debieron a un excesivo crecimiento del gasto público (tal como los economistas neoliberales están erróneamente afirmando), sino, tal como ha reconocido el Fondo Monetario Internacional, al descenso de los ingresos al estado, resultado del descenso de la actividad económica y, también, consecuencia de la disminución de las cargas impositivas que gran número de estos países (incluyendo España) llevaron a cabo en los años anteriores, creando un déficit estructural que apareció con toda su intensidad cuando la expansión económica colapsó.
Pero desde finales del 2009, y durante el 2010, se ha establecido una postura bastante generalizada de que hay que eliminar los estímulos económicos y reducir los déficits públicos, y ello a pesar de que la recuperación económica es extraordinariamente débil. En realidad, los economistas neoliberales atribuyen paradójicamente la lentitud en la recuperación económica a estos déficits. Argumentan que la crisis financiera se inició en Grecia y en los otros países llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain), extendiéndose desde ahí a otros países.
El argumento que utilizan con mayor frecuencia es que elevados déficits públicos crean desconfianza en los mercados financieros, pues tales mercados dudan de que los países endeudados puedan pagar la deuda pública generada por los elevados déficits públicos. De no reducir los déficits, los países deudores tendrán dificultades en atraer inversores, incluso pagando unos intereses elevados (Grecia, 13%). Pero este argumento es erróneo, como lo ha demostrado entre otros casos, Irlanda. Irlanda ha ido recortando y recortando el gasto público para reducir el déficit, y como consecuencia, la economía ha caído en picado, aumentando, todavía más, el déficit público.
En realidad, la confianza de los mercados financieros no viene definida por el tamaño del déficit, sino por la estabilidad y crecimiento de la economía, lo cual depende primordialmente de la demanda existente en el país. La encuesta realizada por el Banco de Inglaterra entre los inversores señala que “muchos inversores relacionan su baja confianza en la economía, en los recortes del gasto público que interpretan se traducirá en una gran bajada de la demanda” (citado en el Financial Times por Daniel Pimlott. 18.08.10). El gasto público es uno de los determinantes más importantes para configurar la demanda, en momentos de recesión como ahora. Es más, la enorme polarización de las rentas que ha ocurrido en los últimos años, en parte como consecuencia de las políticas fiscales regresivas, ha conducido a un descenso notable de la demanda, no sólo como consecuencia del descenso de la masa salarial (como porcentaje del PIB), sino también como resultado de que los ricos consumen mucho menos que la clases populares (es más, tienen tanto dinero que sólo consumen una parte del mismo, al revés que el trabajador, que consume casi toda la renta que recibe), con lo cual, al incrementarse el porcentaje de la renta nacional que va a los ricos, se ha disminuido todavía más la demanda. En EEUU, por ejemplo, el 1% de renta superior que tenía el 9% de la renta nacional en 1997, ha pasado a tener el 21%, reduciendo significativamente la renta disponible para consumo.
Para complicar todavía más la situación, el colapso de la burbuja inmobiliaria supone un notable empobrecimiento de la gente (pues su vivienda ha perdido capacidad adquisitiva), con lo cual pueden consumir menos. Así, en EEUU, el colapso de la burbuja inmobiliaria supuso que la riqueza del país (el PIB) descendiese 13.000.000 millones de dólares. Puesto que se calcula que por cada diez dólares de propiedad que desaparecen, una familia disminuye su demanda 30 centavos, el consumo familiar se ha reducido un 3%, lo cual significa 390.000 millones de dólares menos. Un tanto semejante ocurrió en España (que junto con EEUU, Gran Bretaña e Irlanda), es donde se sufrió el mayor boom inmobiliario.
Lo que debiera hacerse
Es lógico, por lo tanto, que el gasto público debiera aumentar para llenar este enorme vacío de la demanda. Y a fin de tener un impacto fuerte en esta demanda, este gasto público debiera gastarse en cuatro áreas. Una de ellas, manteniendo y creando empleo (sobre todo en aquellas áreas, como los servicios públicos del estado del bienestar, donde hay un déficit enorme de personas adultas trabajando en ellos. En España sólo el 9%, comparado con el 16% en la UE-15 y 25% en Suecia). Hay también evidencia de que una de las causas del retraso económico de España es el escaso desarrollo de su sector público, y muy en especial de su inversión social.
La otra área donde debiera gastarse es en inversiones que supongan un ahorro futuro. Por ejemplo, si el estado incentiva la aclimatación de las viviendas ahorrará consumo energético en el futuro.
Una tercera área es el estímulo de la infraestructura física y transportes orientada a mejorar la calidad de vida de las clases populares, en lugar de la de las rentas superiores. Se están construyendo en España excesivas redes del AVE centradas en Madrid, a costa de mercancías y transportes entre las periferias.
Y una cuarta área es la provisión pública de crédito. La respuesta tradicional de los estados (y de la UE) frente a la recesión fue disminuir los intereses bancarios, lo cual es necesario pero insuficiente. El hecho es que los intereses bancarios, sean bajos (más bajos en EEUU que en la UE) no está resolviendo el problema, pues los ciudadanos y empresarios continúan teniendo problemas graves en su acceso al crédito. En realidad, los bancos, quienes consiguen dinero en condiciones muy favorables del Banco Central Europeo (el cual les cede préstamos a unos intereses muy bajos, 1%) no están utilizándolo para ofrecer crédito, sino para incrementar sus reservas. De ahí que los estados debieran establecer bancos públicos que garantizasen tales créditos. Tales bancos, que también deberían garantizar los préstamos, competirían favorablemente con la banca privada, causando una reestructuración del sector financiero, a todas luces, hoy excesivamente hipertrofiado. El estado debiera gravar a la banca mucho más de lo que lo hace, con el objetivo, no sólo de conseguir fondos, sino también de reducir su tamaño y su comportamiento especulativo.
Una última observación. Como era de esperar, una de las primeras medidas que está proponiendo el nuevo gobierno de la Generalitat de Catalunya liderado por Artur Mas, es reducir todavía más el gasto público social, concentrándose en el gasto público sanitario, considerado excesivo. Este argumento, reproducido extensamente en círculos neoliberales en España, se apoya en el supuesto erróneo de que España y sus Comunidades Autonómicas se están gastando más en su estado del bienestar de lo que sus economías pueden soportar.
Es un indicador del enorme poder del dogma neoliberal y de las cajas de resonancia que se ponen a su disposición en los mayores medios de información y persuasión del país, que tal postura se promueva cuando la evidencia científica, fácilmente accesible en las fuentes de datos de la Unión Europea (Eurostat) y del Observatorio Social de España, muestra claramente que ello no es cierto. Veamos los datos.
España es el país que tiene un gasto público social (que cubre las transferencias públicas, como las pensiones y los servicios públicos, como sanidad, educación y servicios sociales entre otros) por habitante más bajo de la UE-15 (después de Irlanda, el país, por cierto, que el Sr. Artur Mas había tomado como modelo antes de que colapsara). Un tanto semejante ocurre en Catalunya, cuyo gasto público social (incluyendo el sanitario), es de los más bajos de la UE-15, y ello a pesar de los incrementos notables que ocurrieron durante el gobierno tripartito.
Este subdesarrollo social no se debe a que España (y Catalunya) sean pobres y no puedan gastarse más. En realidad, España ya está al nivel de desarrollo económico de la UE-15. Su PIB per cápita es ya el 93% del promedio de la UE-15 (Catalunya es el 110% del promedio de la UE-15). Y en cambio, el gasto público social por habitante en España es sólo el 71% del promedio del gasto público social por habitante de la UE-15. Si fuera el 93% (en lugar del 71%) nos gastaríamos alrededor de 70.000 millones más de lo que nos gastamos en nuestro estado del bienestar. No es cierto que España (y Catalunya) no tenga recursos. Lo que ocurre es que el Estado (tanto el central como la Generalitat) no los recoge. España (y Catalunya) tienen los menores ingresos al estado en la UE-15 (después de Irlanda y Portugal), con el mayor fraude fiscal y mayor regresividad en su carga fiscal (es decir, que los ricos pagan menos que los demás).
Artur Mas argumenta constantemente que el enorme subdesarrollo social de Catalunya se debe a la excesiva retención de los fondos que los ciudadanos catalanes aportan al estado central, sin que se invierta suficientemente en Catalunya. Y aunque existe un elemento de verdad en ello (y que el gobierno tripartito anterior intentó corregir), la mayor causa de tal subdesarrollo no es el déficit fiscal (bestia negra de los nacionalistas), sino la regresividad y baja carga fiscal que se acentuará todavía más con los recortes de impuestos que el gobierno CiU ha propuesto.
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