Se plantea quién manda, si políticos elegidos o ejecutivos de la banca
La reacción de Obama, plantando cara en sus declaraciones a los grandes banqueros, no sólo se entiende por las dificultades de los demócratas tras perder el control del Senado, sino por la sensación generalizada acerca del poder sin límites de la banca y por el mal uso de ese poder, a pesar de haber sido multimillonariamente ayudada con dinero público, liquidez sin cuento, avales y compras de activos. La hartura ciudadana, en medio de una larguísima recesión que conlleva altas tasas de paro y un empobrecimiento de las clases medias, es cada vez más explícita. Si existe un ámbito en el que la protección al consumidor es necesaria es en el de los ahorros de los ciudadanos, en los recursos que disponen ante un futuro incierto. Muchos no han entendido que el Estado, habiendo entrado mayoritariamente en el capital de las entidades para salvarlas de la quiebra, no haya ejercido a continuación los derechos políticos de las acciones que había adquirido, para evitar los abusos salariales, el riesgo especulativo desmedido, la altanería y falta de autocrítica de sus presidentes en las comparecencias parlamentarias, y la falta de crédito.
Aunque restan concreciones y un calendario explícito para las reformas del sistema financiero y de los mecanismos de regulación, Obama ha anunciado tres grandes ideas fuerza, más allá del fortalecimiento de la Reserva Federal como principal institución reguladora: primero, un impuesto sobre el pasivo, con el objeto de recuperar hasta el último céntimo del dinero público aportado a la banca para su supervivencia; segundo, la separación de las actividades comerciales y de inversión de la banca, recuperando la idea de la ley Glass-Steagall (aprobada en medio de la Gran Depresión), que fue abolida por la Administración Clinton, lo que demuestra que no sólo los republicanos activaron la desregulación financiera que llevó al desastre. Por último, el troceamiento de las entidades más grandes, aquellas a las que no se puede dejar quebrar so pena de riesgo sistémico; muchos economistas han abierto un debate muy interesante: por qué tienen que ser privadas aquellas instituciones que no pueden caer y han de ser apoyadas por las muletas públicas en caso de riesgo.
La reacción política de Obama, que ha sido apoyada por los dirigentes europeos, sean éstos de extracción socialdemócrata o conservadora, y por la opinión pública mayoritaria, se sustenta en los últimos abusos de la industria financiera: en cuanto las entidades han vuelto a los beneficios supermillonarios han recuperado las prácticas del pasado basadas en una innovación financiera desaforada, con operaciones opacas y fuera del balance; los escandalosos bonus récord a sus ejecutivos, en un momento en que se exigen sacrificios salariales al resto de los ciudadanos; y, sobre todo, la ausencia de líneas de crédito suficientes para empresas y familias. A ello se le ha unido un elemento coyuntural, pero de claro valor pedagógico: el cobro de comisiones a las transferencias de solidaridad con los afectados del terremoto de Haití (que también se manifestó durante los primeros días en los bancos españoles).
En el fondo de este debate subyace el viejo dilema ya planteado por Max Weber sobre quién manda en última instancia en el mundo de la economía: los representantes elegidos por los ciudadanos o el planeta de los negocios. La hegemonía de la política o de la economía. La gobernanza en tiempos de la globalización.
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1 Comentário:
Enhorabuena!! de lo mejor que he leído ultimamente.
Espero que a Obama le acompañe la suerte y que esto no se quede en un intento por ganar votos y en un lavado de cara.
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