TRAMPAS Y MISERIAS DEL ESTADO DE BIENESTAR

Artículo de Juan G. Bedoya publicado en El País, 6 de Julio de 2009 y galardonado con el “Premio Europeo de Periodismo 2009. Por la Diversidad. Contra la discriminación”

Los servicios públicos, atascados por la crisis, desvían a miles de ciudadanos hacia Cáritas. España destina a gasto social 74.000 millones menos de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo.

“España es un gigante económico con pies de barro sociales”. Esta advertencia del economista Vicenç Navarro resume las alarmas de las organizaciones de caridad ante los desastres que está causando la crisis en cientos de miles de hogares españoles. En 2008, Cáritas atendió a un 50% más de personas que en 2007 y ahora las peticiones de alimentos y artículos básicos aumentan el 89,6%, y un 65,2% las ayudas para hacer frente a alquileres o hipotecas. Los mismos incrementos están registrando las cocinas económicas de las Hijas de la Caridad o el Banco de Alimentos en sus múltiples sedes. En la España que “va bien”, hay gente que no tiene para comer y ha de esperar hasta cinco meses a que la Administración Pública, en sus diferentes niveles, le conceda las ayudas a las que tiene derecho por ley.
Buena parte de las personas atendidas por las organizaciones católicas de caridad acudieron antes a los servicios sociales públicos, sin resultado alguno. A veces, son estos servicios públicos quienes, desbordados o sin presupuesto, envían a esas personas a las ONG, para que les atiendan. “Es una grave dimisión de responsabilidades”, lamenta el secretario general de Cáritas, Silverio Agea. El 52% de las personas que atiende Cáritas han sido derivados desde los ayuntamientos. “Cáritas tiene el compromiso de fe para atender a estas personas, pero quienes tienen la obligación son las administraciones públicas, que son quienes administran nuestros impuestos”, sentencia.

Al profesor Navarro, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, las quejas y denuncias de Cáritas no le han sorprendido. Lleva años advirtiendo contra las mentiras que escondía la reiterada presunción de que “España va bien”, proclamada sin rubor por gobernantes de todos los colores ideológicos. “Cáritas añade su voz a una larga lista de documentos que muestran las enormes insuficiencias del gasto público social en España y en cada una de sus comunidades autónomas. Aunque nuestro país ha hecho grandes avances en las áreas económicas, estamos todavía muy retrasados en las áreas sociales. En realidad, treinta años después de haber terminado la dictadura (que se caracterizó por su enorme insensibilidad social), España continúa estando a la cola del gasto público social por habitante en la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro)”, reitera de nuevo Vicenç Navarro.

Silverio Agea, de Cáritas, coincide en el análisis. Pese a la intensidad de la crisis, “los fondos públicos para ayudas básicas están este año en el mismo nivel que en 2007″. Agea concluye reclamando un “pacto de Estado” para cubrir a todos los necesitados en todo el territorio nacional, sin diferencias entre autonomías.

Cáritas acaba de publicar un informe elaborado por los expertos Miguel Laparra (Universidad Pública de Navarra) y Luis Ayala (Universidad Rey Juan Carlos) sobre el sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social. El trabajo incide en que el sistema de protección español está “siete puntos por debajo de la Unión Europea”. Será remitido a los grupos parlamentarios y al Gobierno porque, como explicó Agea, “Cáritas tiene el objetivo de complementar los servicios públicos, no de sustituirlos”.

Primeras horas en una de las 468 oficinas de Cáritas en la diócesis de Madrid. Acaba de entrar una muchacha. Tiene 28 años, pero aparenta menos. Llega con dos chiquillos. Vive en la barriada de Carabanchel y acaba de quedarse sin casa. Tampoco tiene trabajo. Y ha perdido, además, al padre de sus hijos. Se ha marchado. Nada, no tiene nada. La mujer parece asustada, como un perrito apaleado. Ha acudido antes a las puertas del Estado. En realidad, llega a Cáritas remitida por los servicios sociales municipales. Es evidente que tiene derecho a una atención urgente, de emergencia, por parte de la Administración autonómica o municipal (una vivienda de integración, la renta social básica, el llamado salario social, etcétera), pero los servicios públicos están saturados. Ahora mismo, tardan meses -un mínimo de dos, a veces más de cinco meses- en tramitar esas ayudas, así que la propia trabajadora social ha tomado la decisión de remitir el caso a Cáritas.

La situación se repite miles de veces en toda España. “Es el pan nuestro de cada día”, lamenta Carmelo Corada, de Cáritas Bilbao. “Nosotros llegamos a donde podemos, pero no podemos con todo”, añade. La mayoría de las veces, el problema no es el dinero, sino la burocracia. “Esas personas tienen derecho a las ayudas oficiales, que terminan cobrando. Pero la administración tarda meses en dar una respuesta, así que nos piden que, mientras tanto, solucionemos la emergencia y adelantemos el dinero. Hemos pedido a la Administración que busque las respuestas adecuadas. No puede funcionar ahora con los mismos medios y los mismos esquemas”, sentencia Corada.

“Los trámites de las ayudas públicas para estos casos de emergencia (también para las tramitaciones ordinarias) son desesperantes. A veces, la persona en apuros debe esperar un mes para ser escuchada (lo llaman “cita previa”), y otros tres o cuatro meses (ahora, incluso más), hasta que la burocracia toma una determinación, casi siempre favorable. Pero hay que comer cada día, o hay que pagar el alquiler, así que acuden a nosotros, que podemos decidir en cada comento. A veces son las propias trabajadoras sociales del Ayuntamiento las que nos llaman con la recomendación. Es verdad que lo normal es que nos repongan ese dinero, pero el problema no debe resolverse así. Cuando llegan a nosotros, esas personas están enfadadas por tanto vete allí o vete allá. Están angustiadas y se enfadan. Es normal. Los trámites administrativos deben cumplirse bien, pero no puede ser que se prolonguen durante tanto tiempo”, lamenta el dirigente de Cáritas Bilbao.

A la muchacha de Carabanchel que llegó con sus dos críos la atendió personalmente Concha García, coordinadora técnica de Cáritas Madrid. “Nos preocupa el número creciente de personas que llegan a nosotros enviados por los servicios sociales públicos. Pueden representar el 54%, incluso el 56%”, afirma.

La mañana en que atiende la llamada del EL PAÍS, Concha García ha asistido a una reunión en la sede de Cáritas con la concejala de Familia y Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa. Buscan solución a situaciones que les han desbordado de manera espectacular. Un dato: en Madrid, la tramitación de las ayudas de renta mínima de inserción se demora muchas veces entre cuatro y diez meses”. “Horrible”, exclama la persona que facilita la información, con lujo de detalles, a este periódico.

En la visita de la concejala Dancausa a Cáritas, los datos quedaron encima de la mesa. Cáritas Madrid se extiende en una red de 468 parroquias (91 en zonas rurales). También administra dos edificios con 120 viviendas de integración. Sin embargo, el dato que afea toda posible comparación con los servicios sociales públicos tiene que ver con el esfuerzo humano movilizado: Caritas cuenta con 6.693 personas (6.538 voluntarios y 155 contratados), frente a los apenas 600 trabajadores sociales del colosal Ayuntamiento de Madrid.

Según el economista Vicenç Navarro, marcadamente socialdemócrata -vivió algunas décadas exiliado en Suecia, donde estudió a fondo el potente Estado del bienestar de ese país nórdico-, el déficit social ocurre en todos los componentes del Estado del bienestar español, sea sanidad, educación, vivienda social, escuelas de infancia, servicios de ayuda a las personas con dependencia, pensiones no contributivas y servicios sociales, así como en las transferencias públicas que tienen como objetivo prevenir la exclusión social.

“La causa mayor de este gran retraso social es la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos españoles de aumentar los ingresos al Estado e incrementar sustancialmente el gasto público social a fin de converger socialmente con los países de la UE-15. Las fuerzas conservadoras y liberales tienen una excesiva influencia en las instituciones políticas de España. El argumento que tales fuerzas utilizan, indicando que es el sector privado el que debiera realizar las labores del estado del bienestar, ignora la enormidad del problema social de España. El sector privado puede complementar, pero no sustituir la función pública del Estado del bienestar. Cáritas no puede hacer la función que debe hacer el sector público. Su queja está totalmente justificada. No puede ser que constantemente se estén encontrando fondos especiales para ayudar a la banca, por ejemplo, mientras que las autoridades públicas continúan olvidando las enormes necesidades sociales de las clases populares”, afirma el profesor Navarro. En 2006 publicó el libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, denunciando que el Estado del bienestar español era uno de los más retrasados de la Unión Europea.

La situación no ha mejorado, como ahora deja en evidencia la crisis. Vicenç Navarro dibuja una realidad aún más grave. “Este enorme retraso social de España no se debe a que seamos pobres. En realidad, el PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio de la UE-15. En otras palabras, España se gasta en su Estado del bienestar 74.000 millones de euros menos de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo económico. Y los que sufren más estos enormes déficits de gasto público social son las comunidades autónomas, y, muy en especial, los municipios, que son las cenicientas de la democracia española”.

La crisis ha cambiado el perfil de las personas que se acercan a pedir ayuda a los servicios sociales, públicos o privados. Aumentan las familias jóvenes con niños pequeños, en primer lugar; parados recientes que comienzan a agotar la prestación por desempleo y a entrar en situación de “ingreso cero” en sus hogares; hombres solos sin hogar y en paro; mujeres mayores con pensiones mínimas, e inmigrantes en situación irregular (uno de cada tres hogares sin ingresos está formado por extranjeros porque “en menos de un año los inmigrantes han perdido más de medio millón de empleos”). Cáritas -6.000 puntos de acción en toda España, 56.000 voluntarios y 4.400 trabajadores contratados- atribuye esa situación, entre otros motivos, a “una grave falta de previsión y ajuste ante la crisis”.

Donde más salta a la vista el perfil de los nuevos pobres es en las llamadas cocinas económicas, de las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paul. En 2005 ganaron el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y por sus manos pasan decenas de miles de pobres, a desayunar, almorzar o cenar gratis. También gestionan talleres ocupacionales, de integración. “No sé si podrán hacer fotografías en el comedor porque vienen personas que sienten vergüenza que les vean”, afirma sor Dolores Jiménez Muro, la directora de la Cocina Económica de Santander. En 2008 atendieron en el comedor a 7.549 personas (800 más que el año anterior). En total, sirvieron 31.961 comidas, 5.671 desayunos y 7.501 cenas, además de miles de bocadillos. Como el resto de las organizaciones de caridad, reciben dinero público, pero el grueso de sus gastos corre por cuenta de donaciones de particulares o empresas. Hace poco, la sociedad encargada de la limpieza en la ciudad de Santander, Ascan-Geaser, le entregó 7.000 euros. Era el importe de la comida anual que empresa y trabajadores habían acordado suprimir con ese fin.

“Con la crisis han aumentado las donaciones y crece el número de socios colaboradores. La respuesta está siendo muy generosa. La gente quiere arrimar el hombro”, sostiene María Ángeles Martín Piñals, secretaria general de Caritas Valencia. Abogada de oficio, dejó la profesión, no sin desgarro, para dedicarse a la organización, en la que ya trabajaba como asesora jurídica. Lleva 13 años en el cargo. “Este es un observatorio impresionante para ver las consecuencias de la crisis. Muchas veces veo cosas y nos llegan casos que me dejan sin respirar. Así que cuando se oye eso de que han pagado 94 millones por un futbolista, imagine cómo nos sentimos”, lamenta quien este año necesitará un 71% más de dinero, sin saber todavía de dónde va a salir.