Muchas personas estamos comprometidas con la idea de avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria, y trabajamos en ámbitos como la solidaridad con países del tercer mundo, la conservación del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, contra la explotación laboral, etc.
Sin embargo, al depositar nuestros ahorros (pocos o muchos) en bancos, nos encontramos con que nuestro propio dinero se utiliza para reforzar y consolidar un modelo social, económico y cultural opuesto a nuestros ideales: industria armamentística, expolio de los recursos de los países subdesarrollados, especulación urbanística, etc.
Como respuesta han surgido diversas iniciativas de financiación alternativa y solidaria, cuyos principales desafíos son que las personas recuperemos el protagonismo consciente y activo de decidir a dónde va nuestro dinero, y el de favorecer el desarrollo de un modelo socioeconómico que esté al servicio de las personas.
Estas iniciativas tienen en común el partir de la economía social y solidaria, participar de ella, ser instrumentos de propiedad colectiva, no tener afán de lucro y ser gestionadas democráticamente. Actúan bajo los principios de coherencia, transparencia, participación, democracia, solidaridad, autonomía y arraigo al territorio o sector.
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