Me manda mi compañero Ricardo Molero, que actualmente está trabajando en su tesis sobre China, un trabajo de Gerald Epstein y Jessica Carrick-Hagenbarth en el que ponen de relieve los dramáticos conflictos de intereses que tienen los economistas convencionales, que es en quienes se centran esta vez. No es nada nuevo, pero resulta interesante ver cierta sistematización en el análisis.
Los economistas convencionales suelen verse a sí mismos como técnicos objetivos, capaces de saber lo que está bien y está mal en cada momento porque confían en que tienen las herramientas correctas para averiguarlo. Y como tales se presentan a la sociedad. Basándose en las mismas concepciones, las grandes empresas y los gobiernos contratan a estos economistas con el objetivo de utilizar sus enseñanzas y llevar a cabo sus consejos. Comienzan entonces a tener una doble filiación, como académicos y como empleados, que en opinión de los autores del estudio -y que obviamente suscribo- es especialmente conflictiva.
El conflicto de interés surge porque el papel que juega un académico es sustancialmente distinto del que juega un empleado, que es en última instancia lo que es un economista al servicio de cualquier empresa. El académico tiene, en teoría, la obligación de interpretar los fenómenos sociales a partir de unas herramientas determinadas que se suponen científicas, tras lo cual procede a hacer unas recomendaciones que deberían estar muy poco influídas por la ideología. El empleado, sin embargo, tiene una misión explícita: garantizar que la empresa de la que es parte sea más rentable. A cambio, el empleado recibe una remuneración generosa que sin duda deseará mantener en el tiempo. Y nadie, ni siquiera los economistas convencionales, pueden establecer una frontera entre un trabajo y otro.
Aunque no es argumento per se, sí es útil conocer la filación empresarial del economista en cuestión. Además, no falla. Los mismos economistas que trabajan para el BBVA o Santander realizan estudios en los que recomiendan que la banca privada se haga cargo de las pensiones, por ejemplo. Los mismos economistas que están en los consejos de administración de las grandes empresas españolas recomiendan la expansión de la inversión extranjera directa y la apertura de todo tipo de otros países. Y los mismos que son portavoces de las empresas constructoras recomiendan ayudas al sector del ladrillo. La cuestión no es averiguar qué fue antes, si la opinión política o la filiación empresarial. La cuestión es reconocer que, al menos, existe un conflicto de interés.
Los autores consideran que tal conflicto pervierte dramáticamente no sólo los trabajos académicos que escriben los economistas, y en los que por cierto nunca revelan su doble papel, sino también a la profesión misma. Un ejemplo, trabajado también en el estudio, es el de la crisis. A la falla de los modelos analíticos y a la influencia de la ideología, se podría sumar esta nueva explicación que estamos describiendo para entender por qué los economistas no supieron predecir la crisis o incluso afirmaban que no podía suceder.
Personalmente no confío en que los economistas convencionales reconozcan que su papel no es el de técnicos y que, por lo tanto, pueden estar -y lo están- influídos por su ideología y sus intereses personales. Sin embargo, en el trabajo de Epstein y Carrick-Hagenbarth se puede comprobar cómo las opiniones sobre regulación financiera de un porcentaje importante de economistas convencionales ha cambiado tras la crisis. Un cambio que aunque sea menor revela, al menos, que sus estudios previos no eran tan técnicos como ellos creían. Y de eso supongo que ya sí serán conscientes. Es un paso positivo ante tanto dogmatismo.
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