La historia de la economía española del último siglo es una interminable lucha entre las tendencias y políticas fuertemente intervencionistas de prácticamente todos los gobiernos, sin distinción de colores, y los esfuerzos de la sociedad, o la mayoría de ella, de liberarse de esta constante injerencia gubernamental en la vida económica de los ciudadanos. La dictadura del general Franco fue el ejemplo más fehaciente del paroxismo intervencionista y de los esfuerzos de la sociedad civil para buscar nuevos caminos, especialmente los que conducían a Europa.
El Plan de Estabilización de 1959 y la entrada en las Comunidades Europeas en 1986 rompieron definitivamente esta dinámica intervencionista y, especialmente, su expresión proteccionista. Las barreras a los intercambios económicos del país con el resto del mundo han ido, efectivamente, desapareciendo, de modo que hoy España es una economía plenamente abierta. Las tendencias proteccionistas arraigadas en la historia del país han sido arrumbadas por la fuerza de los tratados comunitarios y por el empuje imparable de la globalización.
No ha ocurrido, sin embargo, lo mismo en el terreno de la liberalización del funcionamiento interior de la economía. Este proceso nunca se ha completado ni, tan siquiera, ha alcanzado las cotas mínimas exigibles a una economía moderna. Nuestros mercados de bienes y servicios están plagados de regulaciones e intromisiones administrativas de todo tipo, muchas de ellas innecesarias y puras expresiones de intereses de grupos con poder económico o político.
La mentalidad de los gobiernos de la democracia, aunque obviamente más abierta políticamente, ha continuado siendo intervencionista en la vida económica, y cada trámite para desmantelar trabas y situaciones de privilegio ha sido una lucha sin cuartel. Los resultados no han podido ser más que modestos, excesivamente reducidos. Si nos atenemos a uno de las fuentes más prestigiosas, el Global Competitivines Report (Informe sobre la competitividad global) del Foro Económico de Davos, la excesiva e ineficiente carga de las regulaciones gubernamentales hunde a España, en el informe del 2010-2011, al lugar 110. º del ranking mundial que valora, de menor a mayor, el efecto negativo de aquéllas sobre la economía. En otra fuente, Doing business (Haciendo negocios) del Banco Mundial, que mide la mayor o menor facilidad de emprender negocios, de los 183 países que recoge la edición de esta publicación del 2010, España ocupa el lugar 62. º y ha perdido 10 posiciones respecto al estudio del 2009.
Todos estos son testimonios de un avance excesivamente lento de la liberalización interior de nuestros mercados de bienes y servicios. Y ello a pesar de las reiteradas intenciones, incorporadas en listas más o menos ambiciosas de liberalización económica que publican reiteradamente todos los gobiernos españoles. En este como en otros muchos temas económicos, la realidad de una economía global y dinámica va muy por delante de la capacidad de adaptación de nuestros gobernantes.
El resultado más negativo de esta injerencia de los poderes públicos, o sea de la falta de libertad económica, es el progresivo deterioro de la competitividad relativa de la economía española. Si las excesivas regulaciones impiden que los agentes económicos actúen de acuerdo con las exigencias de la competencia, el resultado no puede ser otro que una producción ineficiente, un comercio interior acotado y un consumo caro.
El coste de la intervención y regulación excesivas es, pues, laineficiencia, la carestía y la falta de competitividad.Tradicionalmente, este coste se había ido compensando con devaluaciones de la moneda mientras existió la peseta. Con la entrada de España en el euro, este mecanismo de ajuste ha dejado de ser posible. Era evidente que nuestra pertenencia al euro tenía sentido y viabilidad si empujaba a hacer los deberes pendientes, es decir, las reformas a fondo de la economía, entre ellas la liberalización, especialmente del mercado de trabajo.
Y como ocurre con los malos estudiantes, los deberes, es decir las reformas, se están haciendo tarde, mal y forzadas por los profesores. Creo que hay tres razones fundamentales por las que las reformas se están haciendo mal. En primer lugar, porque se hacen a regañadientes, sin convencimiento. Como ha hecho saber el presidente del Gobierno, él piensa de otra forma, su ideología dista mucho de lo que se ve obligado a hacer. Y funcionar contra los propios principios es como correr con un coche frenado.
En segundo lugar, las reformas emprendidas son poco profundas, con alguna excepción en el campo financiero. Medias reformas son como arreglar a medias un televisor; seguirá viéndose mal.
En tercer lugar, y más importante, todas estas reformas han de insertarse, para ser plenamente eficaces, en el marco más amplio de un cambio de la mentalidad económica del país, por el que la libertad económica, la creatividad y la eficacia jurídica sean los pilares sobre los que se pueda asentar la actuación de los agentes económicos.
Difícilmente las medidas aisladas que se promueven tendrán eficacia si la actividad creadora de riqueza, y por tanto de puestos de trabajo, sigue presentándose en libros de texto, medios de comunicación e influyentes foros sociales como una actividad permanentemente bajo sospecha. Este país, empezando por su presidente, no puede vivir en la contradicción de fomentar una ideología social y practicar la opuesta en el terreno económico. Este es un enfoque totalmentedisfuncional. Por esto la reforma pendiente más importante del país es crear un potente marco de libertad económica y extenderlo a todos los ámbitos de la vida de la sociedad española.
Por mucho que se pretenda cambiar las cosas, si el barco de la economía española no suelta las amarras del intervencionismo y de la desconfianza a la libertad económica y a quienes la propugnan o la practican, siempre estará amarrado en el mismo dique de la ineficiencia, de la falta de competitividad y, en definitiva, del despilfarro endémico del potencial económico del país.
Joaquim Muns. Catedrático de OEI en la UB. Premio de economía Rey Juan Carlos I. Fue director ejecutivo del FMI y del Banco Mundial.
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