EN ÉPOCA DE ELECCIONES

Tu ahorro decide

Como ciudadanos políticos tenemos el derecho y deber de corresponsabilidad en la construcción no solamente de un Estado justo sino también de una sociedad justa.

El intento de democratizar la sociedad no es un esfuerzo únicamente electoral, sino continuo y cotidiano.

Al hablar de democracia no se suele asociar con lo económico. Es más, en ocasiones se presentan como conceptos opuestos, cosa que no es admisible, dado que no puede haber democracia social sin democracia ecónomica.

La democratización política no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino del Demos, del conjunto de los ciudadanos; al igual que la democracia económica no es meramente un acto legislativo o ejecutivo del Kratos, o entes políticos, sino una corresponsabilidad del conjunto de los agentes sociales consumidores y productores, trabajadores, empresarios y directivos, parados y pensionistas, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas que viven el hecho económico en casi todos los actos de la vida cotidiana.

Esta corresponsabilidad social y económica, que debería recaer sobre el uso y destino de la totalidad de los bienes financieros, la reducimos, sin embargo, al terreno estrictamente privado, esto es, a los ahorros depositados en nuestra cuenta corriente del banco, a la vez que delegamos esta responsabilidad en las entidades financieras, depositando en ellas implícitamente nuestra aprobación al uso y destino que de nuestros bienes realicen.

Sin embargo todo ello tiene importantes consecuencias, dado que nuestros ahorros, en modo alguno son neutrales, sino que por el contrario, en ocasiones son decisivos como instrumentos políticos. Así, nuestro dinero depositado en el banco puede convertirse en un crédito para una industria contaminante o armamentística, sin conocimiento nuestro y, consiguientemente, sin posibilidad de control alguno. Nuestro deber es justamente ejercer este control y velar por un uso y destino social y ambientalmente correcto de nuestro dinero.

Desde nuestra posición, defendemos que el dinero debe ser considerado como un instrumento que permita la construcción de procesos alternativos que generen inversiones más justas, solidarias y respetuosas con las personas y el medio ambiente. Sin embargo, constatamos que muchas veces, las organizaciones y grupos humanos que apuestan por estos procesos, se ven <ahogadas> financieramente por las estructuras bancarias existentes y las condiciones crediticias imperantes que impiden en la mayor parte de los casos, realizar tales proyectos.

Por otro lado, el dinero que depositamos en bancos o cajas, se cede a empresas que, sin dar cuenta de sus actos, lo utilizan para financiar proyectos a los que de conocerlos directamente <no daríamos ni un duro>.

Se hace preciso, pues, recuperar nuestra capacidad de decisión y control sobre el destino que queremos dar a nuestros ahorros.

Algunas vías que, hoy en día, nos pueden garantizar ese control social sobre el capital son las llamadas <inversiones éticas, inversiones en fondos éticos, bonos solidarios, o préstamos solidarios, microcréditos...>, que facilitan el desarrollo de iniciativas sociales y ambientales dentro del ámbito de la Economía Solidaria. Son iniciativas de alto rendimiento social, que no miden su rentabilidad con meros indicadores de rendimiento económico, y que permiten realizar un control público y social del dinero, garantizando así un destino ético para el mismo.

Concretamente, la figura del préstamo solidario o de la hucha ética es un mecanismo de colaboración entre dos personas físicas o jurídicas con alto beneficio solidario para ambas. El préstamo solidario permite a la persona prestamista un depósito ético de sus ahorros sin perder el control sobre ellos, y con la absoluta garantía de que ese dinero no servirá para fines oscuros o especulativos (especulación financiera, inmobiliaria, narcotráfico, carrera armamentística...).

Para la entidad receptora, el préstamo solidario permite durante el tiempo de duración del convenio, invertir estas aportaciones en proyectos de alto valor social y solidario. El destino prioritario de dichos préstamos, en el caso de la Cooperativa IDEAS, es la financiación de proyectos de pequeños productores para hacer viable la fabricación y comercialización de sus productos. Asímismo, se garantiza la devolución íntegra del capital en el plazo indicado por el prestamista con los intereses que en su caso se hubiesen acordado.

En resumen, defendemos nuestro derecho legítimo y democrático como ciudadanos, a ejercer un control público y particular sobre nuestro capital para garantizar un destino socialmente justo del mismo, y aunque pensamos que la democracia económica no termina ahí, entendemos que tiene su inicio en este punto. Al igual que ser demócrata no se reduce al ejercicio del voto político sino que se trata de una actitud cotidiana de participación democrática desde la base, tampoco se limita a depositar nuestro ahorro, delegando el control sobre el capital a las entidades de crédito, dado que su destino financiero podría ser opuesto a nuestras señas de identidad vitales e ideológicas.

La corresponsabilidad financiera es el punto de arranque de la democracia económica; según nuestra actuación en este terreno podremos ser cómplices de una explotación humana o medioambiental, o compañeros de viaje de una justicia social y económica.

Carola Reintjes (IDEAS)