Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril de 2012 introducen algunos aspectos hasta ahora desconocidos en nuestra sociedad y en particular relacionados con el sistema sanitario:
• Se establecen mecanismos discriminatorios que excluyen a los inmigrantes sin papeles de gran parte de la asistencia sanitaria, quedando reducida la atención en su caso a la urgencia, el parto y los cuidados pediátricos. Esta medida es inhumana y atenta contra el valor de la solidaridad. Reduce a las personas al nivel de mercancía y las culpa por razón del sitio en donde nacen. Además es peligrosa pues las patologías infecto-contagiosas podrán extenderse.
• Se establece la “división en categorías de la cartera de servicios”: básicos, accesorios y complementarios. Este mecanismo quizá esté sentando las bases para la futura exclusión de serie de prestaciones, por las que habrá que pagar si se quiere tener acceso a ellas. El organismo que decidirá la inclusión o exclusión de los servicios (Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones) no parece que vaya a disponer de ningún sistema de transparencia.
• Se aprueba, por primera vez, el “copago farmacéutico para pensionistas” (10% del precio de las medicinas) y el “aumento del copago farmacéutico para el resto de la población”, según teóricos niveles de renta. Se establece así un impuesto a la enfermedad. La protección social, basada en la solidaridad de los impuestos en función de la renta, deja de tener efecto, obligándose a pagar más no a quienes más tienen, sino a quienes están más enfermos. Es una manera indirecta de reducir las pensiones.
• La constatación del nivel de renta de cada persona para llevar a cabo los diferentes niveles de pago de medicamentos, hará necesario que se cambien todas las tarjetas sanitarias -47 millones-, con un gasto estimado por algunas fuentes de hasta 900 millones; gasto que, se supone, habrá que realizar cada año para actualizar el nivel de renta de cada usuario.
• Se pretende ahorrar 500 millones mediante medidas de “ordenación de los recursos humanos” que, en la práctica, se concretarán en recortes de plantillas, lo que incrementará aún más las listas de espera y deteriorará la asistencia. Esta cantidad equivaldría a la eliminación de más de 15.000 trabajadores de la sanidad.
El supuesto ahorro de 7.000 millones que se pretende conseguir va a provocar no sólo el abandono de tratamientos por falta de medios económicos y el deterioro de la asistencia sanitaria, que se traducirá en un empeoramiento de los indicadores sanitarios de toda la población -no sólo de la población inmigrante sin papeles- sino también en un nuevo mecanismo de desvío de dinero público hacia centros privados.
Simplemente aplicando medidas de sentido común, como son la persecución del fraude fiscal (entre 70.000 y 90.000 millones al año), en lugar de su “indulto/perdón”; el incremento de los controles para el cobro del IVA dejado de recaudar ( 17.000 millones en 2008, cantidad similar al gasto sanitario de 15 millones de españoles); la supresión de subvenciones a la patronal (alrededor de 400 millones en 2010, cantidad similar a lo que se pretende ahorrar con el envío de los pacientes crónicos a residencias de ancianos con peor atención que en un hospital); etc. podría no sólo mantenerse el sistema sanitario actual, sino construir otro nuevo similar.
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