Juan Torres
El candidato socialista a la presidencia de la comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha propuesto recientemente la creación de un banco público si gana las elecciones para garantizar la financiación de los emprendedores y empresas que crean empleo. La propuesta representa un golpe de aire fresco que viene a demostrar que aún hay vida en la izquierda socialdemócrata, incapaz a lo largo de la crisis de darle respuestas distintas a las neoliberales, que no hayan producido perdidas de bienestar, recortes de derechos sociales e incremento de la desigualdad y la insostenibilidad económica y social.
Con su propuesta, Gómez demuestra que también dentro de esta izquierda hay ideas distintas a la que se están aplicando, que todavía quedan socialistas coherentes y respetuosos con sus principios y que están dispuestos a ponerse contra la corriente del pensamiento neoliberal dominante para evitar que la crisis la paguen los sectores sociales de menor renta. Y al hacerlo demuestra también que no es obligado someterse sin más al dictado de unos poderes financieros que imponen respuestas que no solo representan peores condiciones de vida para las clases trabajadoras y para los pequeños y medianos empresarios sino que, para colmo no sirven para resolver los problemas económicos que hay sobre la mesa. Y, en particular, la falta de financiación que ahoga a empresas y consumidores y que sigue impidiendo que se recupere la demanda, la actividad y el empleo.
Las reacciones a la propuesta de Tomás Gómez no se han hecho esperar y son bien representativas del rigor con que suele dilucidarse el debate político en nuestro país. Unos la critican por extemporánea y utópica, como hacían en los años noventa y dos mil con quienes reclamaban una regulación financiera más estricta para evitar que el desarrollo de la ingeniería financiera y de los productos derivados que se multiplicaban sin cesar de la mano del capital especulativo siguiera acumulando un riesgo sistémico que finalmente resultó letal para la economía mundial.
Siempre que alguien realiza una propuesta que trata de pone límites a los privilegios de los poderosos, como le ocurre ahora a Tomás Gómez con ésta de creación de un banco público para garantizar financiación a la economía productiva en lugar de que los recursos financieros sigan fluyendo hacia la especulación tan rentable pero peligrosa, los poderosos responden de igual manera. No entran en el fondo de la cuestión, es decir, no dilucidan si lo que se propone resolvería o no los problemas actuales ni los costes de mantener la situación existente, pero descalifican como utópico a quien lo hace, aunque infinidad de veces se haya podido comprobar que quienes hacen este tipo de propuestas son los que siempre terminan llevando razón en sus predicciones y advertencias.
La medida que propone Tomás Gómez solo se puede calificar de utópica si se da por descontado que la banca privada va a disponer siempre del poder político antidemocrático del que hoy día disfruta. Pero poner esto en cuestión es lo que caracteriza a un dirigente político que apuesta sinceramente por la transformación social mientras que asumir sin más que quienes deben dictar la política financiera y monetaria han de ser los banqueros y grandes empresarios, por muy generosas que sean de vez en cuando a la hora de alabar la gestión de algún líder u otro como han hecho recientemente con Zapatero, es renunciar a gobernar y comprar todas las papeletas para que los votantes hagan pagar en las urnas el travestismo político y la banalidad moral.
Las críticas a la propuesta de Gómez de la derecha gobernante en la Comunidad de Madrid es de otro tipo, a mi juicio, sencillamente desvergonzada. No se me ocurre otra forma de calificar la opinión vertida por el Consejero de Presidencia de la Comunidad madrileña, Francisco Granados, que al respecto de lo que se propone hacer Tomás Gómez si gana las elecciones ha dicho que la propuesta solo llevaría consigo ““más funcionarios y más gasto” y que la experiencia ha demostrado que “esto de la banca pública ha sido un fracaso en todo el mundo, tanto desde el punto de vista de su ineficacia y de su ineficiencia para concurrir en los mercados, como también como una fuente de corrupción evidente”.
Eso lo dice el vicepresidente de un gobierno que, desde que llegó al poder en 2003, ha aumentado en un 275 por ciento el número de asesores y personal eventual, y los cargos de libre disposición de 728 a 1.521. Y lo dice para criticar que se pueda crear un banco que quizá no tendría por qué tener más de 40 o 50 empleados y que, sin embargo, garantizaría la financiación que necesitan las empresas madrileñas para crear miles de empleos.
Y no solo eso.
Hay que tener una fibra personal y política muy singular para afirmar que la banca pública es la que ha creado más gasto, más corrupción y más ineficiencia en los mercados en un país como España en donde los ciudadanos tuvimos que pagar varios billones de las antiguas pesetas para tapar las quiebras, a veces fraudulentas, de los bancos privados en los años ochenta y noventa y bastante miles de millones de euros más en los últimos tres años para hacer frente al irresponsable comportamiento inversor de la banca española en el periodo anterior a la actual crisis. O en un planeta en donde ha sido precisamente la banca privada la que ha provocado la mayor crisis económica de la historia y que ha tenido que afrontarse en todo el mundo justamente fortaleciendo el sector público y obligándolo a poner dinero de todos los ciudadanos.
Los banqueros privados (es verdad que no solos sino junto a otros financieros, las agencias de calificación, muchas autoridades e incluso multitud de académicos) no solo han sido los responsables de la crisis con un comportamiento que hay que empezar a calificar y a tratar como auténtico crimen contra la humanidad, como señalaban recientemente las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa en un artículo publicado en El País (Crímenes económicos contra la humanidad), sino que son los que están impidiendo que la recuperación efectiva de la economía se lleve a cabo y los que están imponiendo medidas que van a provocar nuevas crisis en un plazo de tiempo más corto del que se quiere creer.
La medida que propone Tomás Gómez es sensata, es adecuada, y yo diría que imprescindible a la vista del comportamiento de la banca privada, para garantizar que vuelva a fluir financiación a la economía madrileña, es atrevida porque se enfrenta a la voluntad de los oligarcas que quieren imponer su voluntad a los poderes representativos pero no por ello carece de fundamento económico como demuestra que haya sido defendida por Premios Nobel de Economía con muchos más conocimientos que los del mencionado señor Granados. Y, sobre todo, es esperanzadora porque muestra que en el Partido Socialista todavía hay dirigentes que no están dispuestos a hincar la rodilla en el suelo para reverenciar al señor Botín y compañía sino que desean que el partido sea digno de su nombre.
Le deseo suerte a Tomás Gómez y fuerza suficiente para poder cumplir este tipo de promesas y para que no llegue a protagonizar otro capítulo nefasto de traición al electorado.
Publicado en Cuertopoder.es
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