El Consejo de Ministros del viernes 3 de febrero de 2012 ha aprobado un nuevo anteproyecto de ley de reforma del sector financiero. La propaganda oficial presenta las medidas como la solución definitiva para las entidades financieras españolas y con la ventaja añadida de que no existirá coste económico para los ciudadanos.
Pero eso no es así. La reforma financiera, que va a requerir ingentes cantidades de dinero público y no va a resolver los problemas de las entidades por los siguientes motivos:
Porque no va a resolver el problema de la insuficiencia de capital de las entidades financieras españolas. Hay una cifra de partida: 50 mil millones de euros de provisiones. Se va abordar por tanto y solo de forma parcial el problema de los activos inmobiliarios adjudicados y los créditos a promotores e inmobiliarios. Pero eso es solamente una parte del agujero. Además de los rubros sobre los que se van a pedir provisiones adicionales, existen muchos préstamos que deberían estar en situación de dudoso cobro y no están calificados como tales. De igual forma, hay garantías inmobiliarias sobrevaloradas en muchos de los préstamos no asociados al sector de la construcción que no van a ser saneadas.
Porque la recapitalización parcial que se va a realizar va a consistir en la emisión de títulos de deuda (bonos convertibles contingentes) que suscribirá el Estado a través del FROB. Se trata de un préstamo que el erario público hace a los bancos. A los 141.000 millones de euros puestos a disposición de los bancos hasta diciembre del año pasado, se pondrán otras decenas de miles más. Nuevamente se recorta el gasto social pero hay dinero para los banqueros.
Los títulos de deuda computarán como si fuera capital (aunque se trate de préstamos del Estado) pero no lo son. Tendrán un coste para las entidades pero les dejarán completa libertad a la hora de seguir gestionando de idéntica forma a la que les ha conducido a la quiebra. Lo lógico desde el punto de vista del interés general, ya que todos ponemos el dinero, sería que una representación pública pasase a formar parte de los consejos de administración de dichas entidades y así tener una información y capacidad de control directa en la gestión de dichas entidades.
Porque se va a dar un plazo excesivamente largo (en principio un año pero con la posibilidad de ampliarlo a dos ejercicios “si se cumplen las exigencias de buen gobierno”). Ese plazo no va a hacer que se recupere la confianza en la solvencia del sector financiero.
Porque parte del ajuste se va a realizar contra reservas y no contra resultados. El objetivo es que se note menos el quebranto al no figurar en la cuenta de explotación de las entidades y hacerlo únicamente en el balance. Una vez más, las entidades financieras presentarán resultados positivos al final de cada año y los quebrantos se esconderán en la cifra del ratio de capital principal. O sea, una vez más, “cortinas de humo” para proteger a los responsables de la situación, a la mayoría de los cuales no se les exige ninguna responsabilidad por haber llegado a esta situación y se les sigue permitiendo mantener sueldos millonarios.
Porque no se va a garantizar (y es prácticamente imposible que se pueda hacer sin tener un control efectivo de las entidades financieras) que la liquidez obtenida a través del BCE llegue a la economía real.Se plantea en el anteproyecto un vago “compromiso de ampliación del crédito” similar al que existe en este momento y que tendrá el mismo resultado que el actual. Es prácticamente seguro que ningún banco europeo colapsará en los tres próximos años por las inyecciones de fondos que están recibiendo. Van a utilizar esta liquidez para “maquillar” sus resultados con operaciones de compra de deuda pública y para afrontar los vencimientos de sus emisiones de deuda. Es decir, la banca va a sustituir de forma paulatina en el pasivo de su balance a ahorradores privados por el BCE pero no va a incrementar ni la financiación a empresas ni a las familias. El estrangulamiento de crédito intensificará la destrucción de empleo, la caída del precio de los activos y de esta forma se cerrará el círculo vicioso de deterioro de la solvencia de las entidades.
Una nueva oleada de destrucción de empleo en estas entidades, que podría llegar a los 50.000 puestos de trabajo perdidos, contribuyendo a agravar aún más el desempleo.
Una vez más (y van tres desde el inicio de la crisis) los distintos Gobiernos de España abordan el problema sin voluntad de solución definitiva porque eso supondría enfrentarse al poder económico al que están irremediablemente unidos. Este nuevo fracaso (que anticipamos hoy igual que hicimos las veces anteriores) prolongará la agonía de la economía productiva, a la que seguirá sin llegar la financiación necesaria para sus actividades, hará crecer la deuda pública y, con ello, los recortes del gasto social y aumentará el desempleo.
El sector financiero es importantísimo para la sociedad, necesita ingentes cantidades de apoyo público y la única forma de resolver los problemas que tiene es la intervención pública del mismo, mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorros y sus bancos participados, y la conversión en acciones con plenos derechos de todas las ayudas públicas al resto de las entidades. Eso sí posibilitaría un control democrático, la realización de una auditoría pública que nos permita conocer su situación real y, finalmente, la puesta de los recursos financieros a disposición de las necesidades sociales y económicas de la mayoría de la sociedad.
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