RECESIÓN, DESIGUALDAD Y CRECIMIENTO

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@JorgeFabraU, miembro de Economistas Frente a la Crisis

Lincoln, en la película Spielberg, enfrentado al dilema de dar fin a la guerra de Secesión antes o después de dar fin a la esclavitud, resuelve sus dudas con una reflexión ética: sí Dios nos hizo iguales… no podemos los hombres hacerlos desiguales. Con ésta breve reflexión Lincoln zanja sus dudas y decide abolir la esclavitud mediante una enmienda a la Constitución de los EE.UU antes de dar fin a la guerra. Es una decisión justa desde su perspectiva ética.

Establecer criterios sobre los cuáles las decisiones económicas son tomadas no corresponde exclusivamente a la economía. Otras disciplinas deben también modular las decisiones económicas: la política, la sociología y, también –y sobre todo- la ética.

¿Y por qué menciono la palabra ética en este momento de la crisis en el que la desigualdad está irrumpiendo dramáticamente en nuestra sociedad?

Porque también para nosotros, Economistas Frente a la Crisis, como para Lincoln en la película de Spielberg, luchar contra la desigualdad es un comportamiento ético irrenunciable que debe impregnar toda decisión económica en la que el valor de la igualdad esté implicado. Es, al fin, lo que los economistas llamamos “una restricción social” que no debe transgredirse, sea cual sea el diagnóstico, en la decisión económica que implica toda opción en presencia de alternativas.

Entonces, ¿a qué reglas debemos recurrir para guiar nuestras decisiones?

Las apelaciones a la justicia o la equidad no deben ser invocadas frívolamente. La fábula de la cigarra y la hormiga concluye con una moraleja alemana: el ahorro y la frugalidad llevan a la hormiga a la seguridad y al éxito, y el despilfarro y la prodigalidad llevan a la cigarra a la muerte de frío y hambre. Pero los seres humanos no somos ni cigarras ni hormigas, sino iguales en dignidad y derechos, y vivimos condicionados por nuestro contexto social, familiar, histórico y político.

El éxito de Europa en relación a otros modelos sociales, se basa en que hemos estructurado nuestros estados sociales sobre los cimientos de los derechos de ciudadanía: universales, indivisibles e inalienables, y no en una u otra concepción sobre los supuestos méritos de cada individuo. Si lo que queremos es preguntarnos cómo y de qué manera podemos garantizar una auténtica igualdad de oportunidades, con justicia y equidad, mejor que mantener proposiciones de política económica de manual, deberíamos preguntarnos qué funciona y qué no funciona a la hora de promover la búsqueda de la igualdad, sobre todo si estamos observando que la desigualdad está aumentando dramáticamente.

Apelar a la equidad para limitar derechos sociales considerando que quienes los disfrutan son “privilegiados, en vez de garantizar su auténtica universalización, es una buena manera de fracturar una sociedad. Ésta realidad es posible que sea difícil encontrarla en los libros que leen algunos de nuestros economistas, pero se lee con toda claridad si nos quitamos las gafas del fundamentalismo: hoy España es un país más desigual, con mayores tasas de pobreza y de exclusión y no por eso más competitivo.

El número de personas en paro se eleva al final de 2012 a 5.965.400, que es la cifra más alta nunca alcanzada, lo que supone la tasa de paro más elevada de la serie histórica disponible: 26,02%

El año 2012 es el peor de los últimos tres años, con una intensificación del aumento anual del paro de 691.700 personas, un 13,1% frente al 12,3% y 8,6% en 2011 y 2010. Pero lo que es más grave es que las cifras anuales sobre la pérdida de empleo ponen de manifiesto una pérdida de 850.000 empleos. Estamos destruyendo nuestra fuerza de trabajo.

Que las políticas del Gobierno no hacen sino conducir al país a una senda de reducción de todos los parámetros que miden los niveles de bienestar de los ciudadanos, lo reflejan, en toda su crudeza, las cifras de hogares españoles en los que todos sus miembros están en desempleo: en el cuarto trimestre de 2012 han pasado a engrosar esta cifra en 95.800 hogares más, con lo que son ya 1.833.700 los hogares en esa situación extrema, 258.700 más que en el año anterior.

España está en depresión. Uno de cada cuatro trabajadores está en el paro y más de la mitad de los jóvenes están en desempleo. El pronóstico para el futuro inmediato es más de lo mismo, incluso peor: en este año 2013 una caída de la economía española del 1,4% como consecuencia de los recortes, que elevará la tasa de paro hasta el 27% según las previsiones de la OCDE.

Las recetas de austeridad nos están conduciendo a una crisis más profunda, provocando una disminución de los ingresos y un aumento de los gastos por las prestaciones de desempleo. Las políticas económicas de los Gobiernos conservadores de la UE y España, que además de fracasar en el cumplimiento de su único y dogmático objetivo, el déficit público con un 10% (la la pérdida de valor de los activos bancarios que ha abocado al rescate de la banca, no es ajena a las políticas de devaluación interna), están dando lugar simultáneamente al decrecimiento de nuestra economía y al crecimiento de la desigualdad.

Es indudable que España saldrá en algún momento de la crisis ¡faltaría más!, pero ¿cómo lo hará y qué pasará si no se modifican las políticas actuales?

1.- La recuperación será lenta y partirá de altos niveles de empobrecimiento y de un gran retroceso en derechos y factores de competitividad, como la formación de capital humano, la investigación y la innovación.

2.- Con una recesión prolongada, la desigualdad da lugar a un debilitamiento de la economía. Los más ricos gastan (y consumen) una menor proporción de sus ingresos que los más pobres. Se produce un círculo vicioso: mayor desigualdad social, menor consumo, menor demanda agregada, decrecimiento y, de nuevo, mayor desigualdad de la que, en todo caso, partirá la vuelta a un crecimiento en el cual los ganadores de esta crisis no van a ceder terreno.

3.- Las políticas de recortes están desmantelando nuestro Estado del Bienestar, la cohesión y la justicia social, y además perjudican el crecimiento. Reducir las pensiones, las prestaciones por desempleo u otras prestaciones económicas tiene un inmediato efecto en el retraimiento y caída del consumo y por tanto de la actividad económica. La crisis es una crisis de sobre endeudamiento privado que se manifiesta en una caída de la demanda efectiva a la que se une una caída suplementaria: la caída del gasto público productivo, lastrado por las primas de riesgo y las prestaciones por desempleo. Será muy complicado restaurar los niveles del Estado de Bienestar alcanzado antes de la crisis.

4.- Las políticas correctoras como los impuestos pierden su poder redistributivo. En un período prolongado sin crecimiento se produce un incremento del desempleo y del trabajo precario. El esfuerzo fiscal se traslada desde la imposición directa a la indirecta, perjudicando a los colectivos más vulnerables cuyas rentas se gastan en consumo de primera necesidad. Habrá grandes resistencias a la recuperación de un modelo fiscal con más equidad horizontal y vertical.

5.- La recesión prolongada perjudica gravemente a los más jóvenes. Muchos jóvenes están emigrando ante la falta de oportunidades y de futuro. La pérdida de capital humano y de talento puede ser irreversible y es seguro que condicionará la recuperación.

6.- El desempleo de larga duración se convierte en estructural. Los parados de larga duración representan más de la mitad de los casi 6 millones de desempleados. La tasa de paro entre los mayores de 55 años se ha situado ya en el 17%% en 2012. El 67% de este colectivo de parados lleva más de un año intentando encontrar un empleo sin éxito. Es un drama que la vuelta al crecimiento sólo mitigará parcialmente. La exclusión social –que es la peor de las exclusiones- amenaza gravemente a más de un millón de trabajadores.

Un drama que no está sirviendo para nada, un sufrimiento inútil. Y si no ¿a dónde nos están llevando las políticas de austeridad forzada?
España se ha hundido en la recesión: hace un año crecía todavía un 0,6%, hoy el PIB cae al -1,4%.
El índice de producción Industrial presenta una caída media mensual interanual, del -5,9%. Todos los meses de este año han sido negativos.
El ratio de Deuda Pública sobre PIB ha pasado desde el 78% en 2011 al 86%, 2012 y las perspectivas son las siguientes: 2013: 93%, 2014: 97%
La inflación crece al 2,9%. Hace solo un año crecía un 0,5%.
La prima de riesgo de la deuda soberana se ha duplicado en términos medios: desde 220pb, media de 2011, a 450pb media de 2012.
Los salarios subían hace un año el 1,5% y ahora caen un -0,1%.
El objetivo de déficit público sobre PIB (6,4%) no se alcanza debido precisamente a la recesión causada por los propios recortes: déficit público: según el Gobierno español 6,7%… 10% computando el rescate de la banca… y falta por saber los resultados de su análisis por la UE; 2013, 6%; 2014, 6,4% según perspectivas de otoño de la Comisión Europea. Obsérvese que en 2014 incluso repunta.
La pérdida de la ultra-actividad de los convenios colectivos, que es la pieza clave de la reforma de la negociación colectiva del PP, está debilitando la negociación. La desaparición de toda la regulación contenida en los convenios colectivos queda, en la práctica, en manos del empresario. Así, todos los contratos se convierten en la práctica en temporales.
El peso relativo de la remuneración salarial en el PIB a precios de mercado ha caído desde el 49,9% en el tercer trimestre de 2009 al 45,3% en el mismo trimestre de 2012. Sin embargo, el excedente bruto empresarial se mantiene estable.

Está claro que el problema no está en la herencia recibida. El problema es que esa herencia, sea cual haya sido, está siendo dilapidada. Todo esto se llama desigualdad. Es la devaluación interna, la austeridad expansiva.

Pero no. No nos dejemos robar las palabras: no es austeridad expansiva, es despilfarro contractivo. El despilfarro de nuestra potencialidad como ciudadanos, como sociedad, como nación.

Olli Renh, comisario de Economía de la UE ha afirmado recientemente “La sustancia es más importante que el calendario” ¿Qué ha querido decir? ¿Qué deberían relajarse los plazos de la consolidación fiscal o qué la disminución del déficit -la sustancia- está por encima de cualquier otra consideración? En cualquier caso hay que gritar que el calendario no es otra cosa que “la gente come todos los días”. Es decir, soluciones ya. Las reservas de quienes no tienen empleo se acaban, la resistencia se acaba. ¿Lo han comprendido todos los miembros del Colegio de Comisarios que cierran filas en torno a Olli Renh?

¿Por dónde arrancar, qué podemos hacer? Estamos ante una situación de emergencia que tenemos que afrontar con medidas radicales.

Al respecto, algunas ideas:

Primera: De manera inmediata, alargar los plazos de consolidación fiscal hasta no menos de 2018. España deberá desarrollar una enérgica política de entendimiento con Italia y Francia frente a Alemania. Los recortes del gasto público están hundiendo la economía con la depresión de la demanda interna. Las inversiones, el consumo de los hogares y el gasto de las AA.PP. aportan al PIB más del 70%; las exportaciones menos del 30%. La mejora de nuestra balanza corriente no es más que la expresión de una política completamente errónea. Importamos menos no por la mayor competitividad de nuestros bienes y servicios sino por la depresión de la demanda interna… y la ganancia en competitividad de nuestras exportaciones proviene de la propia devaluación interna que esta hundiéndonos en la recesión. Esta no es una crisis de oferta. Es una crisis de demanda traída de la mano de un exceso de endeudamiento privado que no podrá reducirse sin estímulos fiscales. Si Alemania no quiere estar en un club en el que no es mayoría, que abandone el euro, que vuelva a su marco y que aguante la revaluación de su tipo de cambio. Sería un alivio para los ciudadanos europeos, el comienzo de la reivindicación de la Unión que los ciudadanos necesitamos para afrontar la globalización de la economía… desde los únicos fundamentos que la justifican: el Estado de Bienestar.

Segunda: España necesita urgentemente un pacto de rentas, una política que permita moderar drásticamente la distribución de los beneficios empresariales y los beneficios mismos –compitiendo en precios- en respuesta a la caída de las rentas del trabajo. Este pacto, que de momento sólo ha sido impuesto a los trabajadores, se puede alcanzar desde el diálogo social, poniendo de acuerdo a los agentes sociales en la distribución de las cargas de la crisis. Necesitamos urgentemente mejorar nuestras tasas de ahorro interno, y destinar este ahorro a la inversión productiva. España tiene un grave problema de financiación externa, no tiene más remedio que movilizar sus recursos internos.

Tercera: La mayoría del sector exportador español son medianas empresas, poco capitalizadas, pero muy activas. Ese músculo de medianas empresas sufrió mucho durante los años de la burbuja inmobiliaria. La financiación disponible se dedicaba a las promociones urbanísticas más que a favorecer la inversión y la innovación en estas empresas que generan una parte muy importante de nuestro empleo. A este músculo productivo hay que dotarle de tamaño y capacidad.

Cuarta: Efectuar una auténtica reforma de nuestro sector energético que fortalezca nuestra capacidad de autoabastecimiento, que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles importados, y que permita cumplir ambiciosos objetivos en materia de reducción de dióxido de carbono. Las energías renovables nos permitirían subirnos al tren del progreso, de la recuperación de la competitividad de la economía española, del cambio del modelo productivo que necesitamos para salir de esta crisis, al tiempo que se afronta la mayor amenaza que gravita sobre nuestro planeta, el cambio climático. Para ello la regulación sectorial deberá sufrir un vuelco copernicano que corte la sangría del déficit tarifario y acabe con un sistema retributivo que representa el caso más radical de socialización de pérdidas y privatización de beneficios, una envolvente que ha situado el coste de la electricidad para los consumidores en el más alto de la Unión Europea. Para ello, frente a las políticas que ya se barruntan bajo el empuje del oligopolio eléctrico (prolongación a 60 años de la vida de las centrales nucleares, incluida Garoña) el cierre de todas las centrales nucleares –sus inversiones están largamente recuperadas… y algo sí que podemos aprender de Alemania-; frente a la patrimonialización privada de los grandes aprovechamientos hidroeléctricos, su rescate por el Estado en las fechas contempladas en las concesiones administrativas originarias –los ríos y la fuerza cinética de sus aguas son bienes públicos-; frente a la búsqueda de la independencia energética con la explotación mediante fracking de reservas sin cuantificar de shale-gas y shale-oil de inciertos resultados, más renovables a caballo de la fuerte pendiente de sus curvas de aprendizaje. Esto es empleo, tecnología e innovación, tejido industrial y empresarial, independencia energética que aliviará nuestras importaciones y estimulará nuestra competitividad industrial frente al exterior en un sector de alto valor añadido, y… el cumplimiento de un compromiso debido a las generaciones futuras: un planeta sostenible.

Quinta: Frenar la fuga de jóvenes talentos. En España hacen falta trabajadores altamente cualificados y productivos. La inversión realizada en mantener unaeducación pública de calidad debe ser rentabilizada, y urge encontrar soluciones para evitar que los más preparados decidan abandonar España. Debemos plantear un programa de recuperación de talento de manera urgente, fomentando centros de excelencia para recuperar capacidad intelectual que nos va a resultar imprescindible en la transición hacia una economía del conocimiento y la innovación.

Sexta: España es una potencia verde, el país con mayor biodiversidad de Europa. Concentra el 80% del total de especies vegetales y el 50% de las aves, mamíferos y reptiles del continente. Este capital natural debe ser puesto en valor. No habrá desarrollo sostenible que no se base en la preservación y aprovechamiento de esta realidad. Revitalizar nuestro entorno rural y natural, y enfocarlo como factor de competitividad internacional puede generar riqueza y empleo. Y en este sentido, España debe aprovechar la “Economía de la experiencia” porque puede ofrecer una gran variedad de experiencias de calidad. El sol y la playa, el turismo residencial, y la oferta cultural de sus grandes ciudades deben ser completadas con el turismo ambiental y la complementariedad de servicios culturales y sanitarios. La preservación de nuestro entorno natural, de manera muy particular del litoral, debe convertirse en una prioridad, porque es un factor diferenciador, de competitividad, que atrae turismo de calidad y redunda en una mayor rentabilidad de la oferta turística. En este sentido, la recientemente anunciada reforma de la Ley de Costas es un retroceso de casi 25 años, con efectos negativos permanentes sobre la calidad turística que España debe ofrecer.

Séptima: España es una potencia cultural. Nuestro idioma principal, el castellano, tiene un mercado potencial de 500 millones de personas, y además es creciente. También tiene que ser puesto en valor. Pero para ello, la producción cultural española debe abrirse al mundo, dejar de lado el provincianismo, el casticismo y la reivindicación de lo propio para convertirse en un fenómeno universal. Estamos a tiempo de ello, pero no surgirá espontáneamente.

Octava: Es ineludible aumentar la presión fiscal. En España los ingresos públicos sobre PIB se encuentran a 10 puntos porcentuales de la media europea. Pero este aumento de la presión fiscal debe ir unido a una profunda reforma que aumente la equidad horizontal y vertical de nuestro sistema fiscal… y no como sostienen algunos de nuestros economistas más afamados… el dumping fiscal. Tenemos uno de los tipos nominales más altos en el impuesto de sociedades pero el tipo efectivo más bajo. Son las desgravaciones… que las empresas consiguen con ayuda de su ingeniería contable. Por ello es necesario, frente a unas mayores desgravaciones, defender un mayor gasto hacia aquellas iniciativas empresariales que acrediten una mayor contribución al aumento del valor añadido social. Ésta es una de las funciones esenciales de un sistema fiscal moderno. Menos desgravaciones y más gasto. Una política que es neutral desde el punto de vista del déficit pero que pone bajo la responsabilidad del Estado, y no de intereses privados, la gestión de los fondos públicos.

Novena: Favorecer la innovación, la investigación y el desarrollo. La inversión privada en I+D es ridícula y no puede suplir la menguante capacidad del Estado para financiar la innovación. Es necesaria una política radical de promoción de la innovación, a través del fortalecimiento del apoyo financiero prestado a la Investigación y al Desarrollo a través del Capital Riesgo. ENISA (Empresa Nacional de Innovación),COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), y AXIS (Empresa de participaciones empresariales y capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial), todas ellas instrumentos financieros del Estado, deben ser provistas de capital suficiente para poder ejercer sus tareas de manera adecuada. ¿Y cómo? Ya lo hemos apuntado: aumentando ingresos públicos con la revisión de las políticas de desgravaciones. Y además, con la oportunidad que ofrece el rescate bancario, y la ampliación prevista de actividades del Banco Europeo de Inversiones (que ampliará su capacidad de crédito de 40 a 60.000 M€). Ahora, el capital de estas tres compañías, es ridículo, apenas suma 600 M€ anuales de inversión. Un 0,6% del dinero que se va a destinar al rescate bancario.

En conclusión: Necesitamos una nueva gobernanza económica, una gobernanza que deje actuar al mercado allí donde sea eficaz, pero que actúe, precisamente, para generar mercado y para fortalecer sus instituciones, que dirija estratégicamente el desarrollo de la economía. Regular para que la liberalización de nuestra economía aporte eficiencia. Regulación y liberalización son conceptos complementarios. Lo contrario, la desregulación nos ha traído hasta aquí, hasta esta crisis.

La actual estrategia de devaluación interna, sin mayor contenido que la búsqueda desesperada de competir en costes, es una huída que nos llevará a décadas perdidas. Por muy barato que España produzca, siempre habrá otro país que lo haga a menor coste. Bien al contrario, España debe optar por la diferenciación y por la generación de valor añadido, porque sólo desde esta realidad, podremos mantener nuestros niveles de bienestar y calidad de vida. La reforma laboral nos está llevando al pasado.

Para poner en marcha esta nueva estrategia de crecimiento, España necesita recursos financieros y fiscales. No vendrán, al menos ahora, del sector privado con tan alto nivel de endeudamiento (más del 200% de nuestro PIB). Necesitamos recursos públicos que sólo pueden venir de una política fiscal más progresiva y racional, eliminando gasto superfluo, incrementando los ingresos y la progresividad del sistema impositivo, y además, alargando los plazos de consolidación fiscal pactados con Europa. Los EE.UU de Obama avanzan por este camino.

Necesitamos, en resumen:
Crecer y luego reducir el déficit. Se está haciendo lo contrario. Necesitamos aumentar los ingresos públicos y recortar menos el gasto. La gestión del saldo presupuestario vía disminución del gasto tiene efectos más contractivos que el aumento de la presión fiscal directa.
No minusvalorar los efectos que los ajustes fiscales tienen sobre la recesión (el multiplicador fiscal se sitúa claramente por encima del 1,5 como ya reconoce, incluso, hasta el FMI) cuestión que ya ha producido efectos devastadores.

Las políticas que están agudizando la recesión “no se basan -cómo nos dice Stiglitz-en una profunda comprensión de la teoría económica moderna, sino en una interpretación ingenua de la economía basada en los supuesto de una competencia perfecta, de unos mercados perfectos y de una información perfecta”. Siguiendo con Stiglitz, “esas políticas fundamentalistas del mercado también se denominan neoliberalismo”.

Permítanme que añada que “esas políticas”, que descalifica Stiglitz, además de ser ineficientes –desde la perspectiva de los intereses de la ciudadanía- carecen de la reflexión ética que llevó al Lincoln de Spielberg a dar el primer paso… contra la desigualdad.


[i] Este artículo se ha beneficiado de otros artículos escritos por José Moisés Martín Carretero y Mónica Melle Hernandez, incluso incorporando en toda su literalidad algunos párrafos o ideas escritos por ellos, y por los comentarios y datos de Antonio González, todos economistas y miembros, también, de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS.

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