CARTA POR LA DEMOCRACIA... ECONÓMICA

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Idearia

Recientemente el Movimiento por la Democracia ha hecho pública la Carta por la Democracia. Un documento que supone "las líneas generales de la propuesta política y social" de este Movimiento que está dando sus primero pasos. Hemos decidido publicar el extracto del texto referido a la propuesta de democratización económica como un medio más para favorecer su divulgación y discusión.

DEMOCRACIA ECONÓMICA

No se puede concebir una sociedad democrática sin la garantía del sustento material necesario para el desarrollo de una vida digna y políticamente activa. No se puede concebir una sociedad democrática sin un acceso igualitario a la riqueza.

Las disparadas cifras de paro, la precariedad generalizada, la espiral de desahucios, la esclavitud por deudas a la que se condena a una gran parte de la población, la privatización de los servicios públicos, la enorme concentración de la riqueza o la subordinación de las economías públicas a los intereses bancarios, apuntan en la dirección contraria: desigualdad y subordinación económica de la mayoría de las personas (el 99%) a unos pocos (el 1%).

La actual democracia, así como las garantías constitucionales en las que se sustenta, han sido por completo ineficaces a la hora evitar esta situación. Ninguno de los mecanismos recogidos en la Constitución de 1978 —derechos sociales, derechos laborales, iniciativa pública en el ámbito económico o la subordinación de la riqueza al interés social, entre otros— han sido capaces de proteger a la sociedad de los intereses económicos y financieros. Las políticas neoliberales han acabado por imponerse por encima de cualquier otro criterio, incluido el bien común. Ahora, en plena crisis, es cuando esta situación de expolio se hace más patente.

Esta Carta se propone recuperar los recursos sociales privatizados y concentrados en pocas manos con el fin de ponerlos a disposición de un proceso democrático real. No se acepta, por lo tanto, el marco propuesto por las políticas de austeridad. Antes al contrario, nunca antes ha existido tanta riqueza, pero pocas veces ésta se ha repartido tan mal y con criterios tan antidemocráticos e injustos. Es por ello que se requiere una completa reconsideración de las funciones de las políticas económicas, a fin de implantar el principio de bienestar de las poblaciones por encima del beneficio privado, financiero y corporativo. Se trata del reconocimiento real y no solo formal de que las leyes del mercado han de quedar supeditadas a la función social de la economía.

Con el objetivo de promover la democracia económica, esta Carta considera cinco pilares básicos:

1. Democracia financiera

La riqueza financiera será considerada como un recurso común, sobre el que la ciudadanía ha de tener la capacidad y posibilidad de intervenir. «Quien regula es la población, no el mercado», tal es la máxima que inspira este punto. Para ello, se establecerán procedimientos de decisión democrática sobre la deuda contraída durante los años pasados, así como sobre los activos financieros e inmobiliarios en manos públicas derivados de la reestructuración de los mercados financieros y del sector bancario. A este fin se proponen las siguientes medidas:

Auditoría Ciudadana de la Deuda. Esta propuesta permite discernir entre aquellas deudas legítimas y aquellas que no lo son. Esta Auditoría se articulará como un proceso social de pedagogía democrática y financiera por el que la ciudadanía pueda adquirir mayor capacidad de decisión y control sobre la economía financiera.
Creación de instituciones de utilidad pública, formadas con los activos financieros e inmobiliarios resultantes de las sucesivas reestructuraciones operadas. Estas instituciones, bajo estricto control democrático, servirán a la promoción de la igualdad económica y del desarrollo social.

2. Reforma fiscal

El objetivo de la reforma consistirá en promover una amplia redistribución de cargas y beneficios a fin de que a la igualdad formal le corresponda una igualdad material y real garantizada por el acceso a los bienes públicos y comunes.

Principales propuestas: la restauración de los principios de proporcionalidad y progresividad tanto para las rentas del trabajo como para los beneficios empresariales; la aplicación de nuevas tasas a la circulación financiera y de los tipos más altos a las rentas de capital y de patrimonio; la disminución de los impuestos indirectos y al consumo de los bienes básicos y la persecución del fraude fiscal. La reforma fiscal vendrá acompañada de criterios de igualdad y equiparación fiscal, así como de solidaridad territorial.

3. Bienes públicos-comunes

Los procesos privatizadores han demostrado que las Administraciones Públicas no han protegido los recursos públicos frente a los intentos de apropiación por parte de intereses privados. La recuperación social de estos bienes así como la democratización de su gestión deberá garantizar el acceso a los mismos por parte del conjunto de la población.

Tendrán el estatuto de público-común todos aquellos bienes e infraestructuras de interés general necesarios para la reproducción de la vida, la participación política y el normal funcionamiento de la economía. Así, son bienes público-comunes la educación, la sanidad, la vivienda, la seguridad, los transportes, la información, la justicia así como los principales bienes naturales (agua, atmósfera, suelo, mares, costas, ríos y riberas, bosques y espacios naturales de importancia ecológica y estética), las vías y nodos de comunicación (carreteras, vias de tren, puertos etc.

Los recursos y sectores estratégicos de la economía, como las telecomunicaciones, la energía, la riqueza mineral, serán devueltos también a la condición de bienes públicos comunes. La administración de estos recursos deberá ser sometida a un fuerte control público democrático. Se revierte así la tendencia a la privatización que se ha impulsado en las últimas décadas.

Los bienes públicos-comunes no podrán ser alienados o vendidos por las Administraciones Públicas. Su propiedad es pública-común y por lo tanto pertenece al conjunto de las personas que residen en el Estado español.

Los bienes público-comunes serán administrados de forma democrática, siendo regulados y regidos tanto por mecanismos de participación ciudadana como por las comunidades expertas que se requieran para cada caso.

4. Promoción de la economía social y de la democracia en las relaciones económicas

Esta Carta se propone promover la participación de las personas en la toma de decisiones en el ámbito empresarial, especialmente cuando esto pueda considerarse crucial para el interés común. Asimismo, su actividad económica tenderá a estar subordinada a criterios de rentabilidad integral, es decir, social, medioambiental y económica.

Se favorecerá el desarrollo de un nuevo modelo de empresarialidad basado en los principios de la economía social, el cooperativismo y el respeto al medio ambiente
Todas las empresas deberán organizarse progresivamente sobre los siguientes principios: equidad, respeto al medio ambiente, transparencia y desarrollo sostenible. Del mismo modo se propone controles sobre la relación salarial dentro de las empresas, impidiendo los actuales modelos de acumulación especulativa con salarios desorbitados, al tiempo que se pondrán vetos precisos a la creciente precariedad laboral.

Serán recogidos los principios fundamentales del derecho laboral: el derecho a realizar una prestación de forma libre o a cambio de una contraprestación justa, la protección del trabajador en situación de dependencia, el derecho al descanso y la jubilación así como el derecho a la autonomía y a la vida digna con independencia del trabajo asalariado; y del mismo modo, el derecho de huelga, de sindicación, asociación y reunión.

5.- Ampliación de la protección social, reconocimiento de la riqueza común y derecho a una existencia digna

Nuestro actual sistema de Seguridad Social se sostiene principalmente sobre las contribuciones de la prestaciones laborales y se cierra a partir de un criterio de pertenencia nacional. En un contexto globalizado, en el que el empleo se ha vuelto escaso, el trabajo no remunerado se reconoce como una fuente esencial de la producción de riqueza; del mismo modo la migración se ha convertido en una necesidad elemental para las poblaciones empobrecidas. Las viejas bases de nuestro sistema de protección social se han mostrado así cada vez más ineficaces y menos incluyentes.

Es necesaria una ampliación del sistema de pensiones hasta niveles dignos y suficientes, así como ampliar los mecanismos e infraestructuras de apoyo al cuidado colectivo que ahora recae casi exclusivamente sobre las familias (y específicamente sobre las mujeres) Las tareas de crianza son una responsabilidad colectiva y requieren del necesario desarrollo presupuestario, así como de la creación de las infraestructuras comunes que sean necesarias.

Se debe reconocer igualmente la producción de riqueza que no se contabiliza en el PIB (en tareas tales como investigación, estudio, producción cultural, información o comunicativa) a través de mecanismos (como podría ser la Renta Básica) que reconozcan en forma de renta toda esa riqueza no pagada. Así como todas a dichos trabajos de las infraestructuras necesarias para su pleno desarrollo.

La financiación del nuevo sistema de garantías será sostenida a cargo de las medidas de reforma fiscal propuesta, especialmente los impuestos sobre el beneficio y la circulación financiera, y cada vez menos sobre las prestaciones del trabajo.

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