BARRA LIBRE PARA LOS PODERES ECONÓMICOS EN EL TTIP

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Gladys Martínez López - Diagonal

La Comisión Europea presentará mañana a los Estados Unidos un borrador de propuesta de “Cooperación Reguladora” de cara a la octava ronda de negociaciones del TTIP (tratado de libre comercio entre EE UU y la UE), que tendrá lugar entre el 2 y el 6 de febrero en Bruselas. En un documento filtrado a organizaciones de la sociedad civil en la noche de ayer y al que ha tenido acceso Diagonal, la UE detalla en 16 artículos su propuesta de funcionamiento y alcance de la cooperación reguladora, un mecanismo que consiste en armonizar las regulaciones y legislaciones de ambos lados que afecten al comercio, las inversiones y otros asuntos previstos en el TTIP.

La primera versión de este borrador fue filtrada el pasado 23 de diciembre, y los gobiernos de los Estados miembro han tenido tiempo de enviar sus propuestas hasta el 20 de enero. Según explican a Diagonalfuentes cercanas a las negociaciones, la reunión de la Comisión de Política Comercial del Consejo de la Unión Europea del pasado 16 de enero fue controvertida, y en ella se plasmaron las posturas de los distintos países con respecto a la cooperación reguladora. En esta reunión, en la que varios Estados, como Austria y Francia, emitieron sus reservas sobre este mecanismo, España defendió, por el contrario, que la cooperación reguladora tuviera un mayor alcance.

Aunque en este documento se afirma que sus objetivos son “reducir la regulación innecesaria” y “facilitar el comercio y la inversión de manera que apoye los esfuerzos de las partes para estimular el crecimiento y el empleo, a la vez que persiguiendo un alto nivel de protección del medio ambiente, consumidores (…)”, las organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo denunciando que provocará una regulación a la baja en cuestiones como los transgénicos, la seguridad alimentaria o los estándares laboralesy dará “nuevos poderes a las empresas para influir y coescribir las normativas”. Según un análisis del texto realizado por Kenneth Haar, de la organización CEO, y Max Bank, de LobbyControl, se trata de “una propuesta estratégica para resolver algunos de los aspectos más controvertidos del TTIP después de que el tratado esté acabado y el escrutinio público haya menguado, con una amplia oportunidad para las grandes empresas de participar en las nuevas normas”.

Uno de los mecanismos a través de lo que esto sería posible es el Consejo o Cuerpo de Cooperación Reguladora (RCB, por sus siglas en inglés). Según el último documento filtrado, este cuerpo, aunque no tendrá el poder de adoptar legislaciones, se encargará de velar por la implementación de ciertas medidas de cooperación reguladora en materia de bienes y servicios, la “consideración de nuevas iniciativas de cooperación reguladora” y la “preparación de iniciativas conjuntas o propuestas para instrumentos de regulación internacionales”. Además, deberá mantener al menos una reunión anual abierta a la participación de “grupos de interés” para intercambiar opiniones sobre el Programa Anual de Cooperación Reguladora. Entre estos grupos de interés se incluye a “representantes de los negocios, sindicatos, grupos medioambientales y otras asociaciones de interés público”, pero los grupos de la sociedad civil contrarios al TTIP denuncian que los grandes beneficiados serán los grandes poderes económicos y empresariales. “Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de los lobbistas en Bruselas representan el mundo de los negocios, está claro que ‘grupos de interés’ es otra expresión para abrir una vía más a los lobbistas corporativos para que influencien el diseño de políticas”, dicen Haar y Bank.

De hecho, ya en octubre de 2012, Business Europe y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dos focos del lobby financiero a ambos lados del Atlántico, presentaron un documento conjunto en el que defendían la cooperación reguladora en materias como los estándares alimentarios, los químicos y la regulación financiera. Ambos grupos, que se reunieron en diversas ocasiones con la Comisión Europea, defendieron que querían “coescribir la regulación”.

Es más, el documento filtrado ahora añade en el artículo 15, apartado 3, que “cualquier sugerencia concreta recibida de los grupos de interés por una de las partes deberá ser remitido a la otra parte y deberá recibir una atención cuidadosa por el grupo de trabajo de ese sector, que deberá presentar recomendaciones al Consejo de Cooperación Reguladora”. El punto añade que “se deberá dar una respuesta por escrito a los grupos de interés que presentaron sus visiones generales y osbervaciones o propuestas concretas sin una demora injustificada”.

Además, el documento hace hincapié en que las propuestas de cooperación presentadas por una parte deberán ser tenidas en cuenta y respondidas por la otra parte, e incluso “cada parte deberá comunicar sin demora a sus autoridades legislativas los comentarios específicos y declaraciones recibidas de la otra parte concerniente a actos regulatorios que estén siendo preparados o revisados por esos cuerpos”. Según Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, “los ‘diálogos’ sugeridos y los mecanismos de advertencia previa dan a la otra parte negociadora una buena oportunidad para ejercer presión y vetar cualquier nueva propuesta razonable, si son vistas como ‘obstáculos al comercio’”, algo que “puede convertirse en un factor decisivo y ‘congelar’ cualquier legislación progresista”.

De momento, las negociaciones siguen en marcha. Mientras que EE UU quiere que este mecanismo abarque todas las legislaciones de la UE, pero teme que se aplique a los servicios financieros, en los que la UE tiene unos estándares más bajos, Bruselas quiere que sólo afecte a las regulaciones que tienen un impacto directo sobre el comercio. En cualquier caso, “pese a que la Comisión Europea ha repetido en varias ocasiones que no se rebajarán estándares ambientales, laborales y sociales, los documentos filtrados señalan una realidad diferente, con una amplia disposición por las dos partes a revisar a la baja su legislación (una profunda desregulación o regulación flexible en el interés de la industria, la banca, el sistema financiero y los grandes multinacionales)”, explica Kucharz, que añade que “las multinacionales contarán con un acceso privilegiado a las agencias reguladoras y los departamentos gubernamentales encargados de las negociaciones o la supervisión de los tratados comerciales y de inversión”.

El Secretario de Agricultura de EE UU ha señalado en varias ocasiones que uno de los objetivos de las negociaciones del TTIP es acabar con el llamado “principio de precaución”, algo que, según explica este activista, abrirá todavía más la puerta a la entrada masiva en la UE de los transgénicos y a los alimentos tratados con pesticidas y hormonas actualmente no permitidos de acuerdo a las normas de la UE. Como han ido dejando patente los documentos filtrados en los últimos meses, este tratado supondrá también una rebaja en los niveles de protección sobre sustancias químicas o regulación financiera, y las organizaciones de la sociedad civil denuncian que acarreará una privatización masiva de servicios públicos, entre otras consecuencias.

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