Seguramente, estos días habrán oído hablar, y mucho, de la aprobación del proyecto de reimplantación de tasas judiciales. Una iniciativa del ministro de Justicia Ruíz- Gallardón que representa, ni más ni menos, que la mutilación del concepto de tutela judicial efectiva. De ahora en adelante, la prerrogativa de hacer valer nuestros legítimos intereses frente a un magistrado o un tribunal ha dejado de ser un derecho inviolable para convertirse en un servicio de pago. Y lo que es peor, en un servicio para quien pueda pagarlo.
El artículo 24 de la Constitución dice:
“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”
Con la aprobación el pasado día 14 de noviembre del proyecto de reimplantación de tasas judiciales, el citado artículo 24 de la Constitución ha pasado a ser un elemento meramente cosmético. Un cínico ejercicio de hipocresía.
Esta indefensión ‘que no puede producirse’ en ningún caso ‘se convertirá norma después de que la iniciativa del ministro Ruíz-Gallardón superara el trámite parlamentario. Sólo la jurisdicción penal y las personas que cumplan los severos requisitos que permiten acogerse a los servicios de la justicia gratuita podrán esquivar la obligación de abonar las correspondientes tasas económicas si quieren hacer valer sus derechos ante un juez o recurrir una sentencia con la cual no estén de acuerdo. Para el resto, la Justicia podrá seguir siendo ciega, pero no insensible a su capacidad para afrontar el pago de este peaje.
Creemos que no exageraba el presidente del Consejo de la Abogacía Gallega cuando afirmaba, hace unos días, que las nuevas tasas constituyen “uno de los recortes de los derechos de los ciudadanos mayores de la democracia “. Estoy de acuerdo. Ningún Estado puede llamarse a sí mismo un Estado de Derecho si es capaz de vedar el acceso a un principio tan elemental e innegociable como es la tutela judicial por el simple hecho de que alguien no pueda pagarla. Sin una Justicia universal, sin esta garantía de defensa de nuestros derechos, ¿qué es lo que somos? ¿cuál es nuestra legitimidad?
Quienes formamos parte del Col·lectiu Ronda, como la inmensa mayoría de nuestros compañeros de profesión, nos negamos a aceptar un orden que legitima la desigualdad y niega el hecho de que todos tengamos idénticos derechos y obligaciones ante la ley; nos negamos a renunciar a la ilusión de una Justicia que sea garantía de libertades, nos negamos a ser instrumentos de una Justicia servil ante quien dispone de dinero suficiente y quimérica para quien no.
La Justicia es un derecho. La Justicia es de todos y para todos. La Justicia no se compra, se imparte. A ricos y pobres.
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