La subasta CESUR realizada el martes 23 de Septiembre de 2013 para fijar el precio de la energía en la Tarifa de Último Recurso (TUR) – ahora denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) – ha incrementado el coste de la electricidad que deberán pagar los pequeños consumidores en un 7,6%. Este incremento -bajo el supuesto de que el Gobierno mantenga constantes el resto de los costes que integran el coste del suministro eléctrico- va a significar un encarecimiento de la tarifa TUR, respecto de la actualmente vigente, del orden del 3,1% durante el 4º trimestre de 2013.
Y además, este mayor precio de la electricidad, que deberán soportar más de 22.000.000 de pequeños consumidores, se convertirá inmediatamente en la referencia para los contratos que las empresas eléctricas renueven u ofrezcan a los consumidores, grandes o pequeños, que se desenvuelven en el denominado -creo yo que no sin cierta sorna- “mercado liberalizado”. Porque hay que decir -que no haya confusiones- que si la energía ha subido para los consumidores en un 7,6%, los costes de producir esa energía ha subido para las empresas que la producen exactamente cero. ¿O es que acaso ha subido el agua de los ríos, o el combustible radioactivo de las centrales nucleares, o las tarifas que remuneran las energías renovables, o el gas o el carbón de las centrales térmicas? No, no han subido. Lo único que ha subido es la percepción de riesgo de los intermediarios/vendedores de energía a plazo sobre cual será la oferta de la central que marque el precio a lo largo del periodo de tres meses en los que tendrán que entregar la energía que el 23 de Septiembre vendieron. Así es la regulación y así es la inflación de precios que semejante regulación genera.
Llama la atención que el mecanismo de subasta CESUR haya encarecido -desde que se instalara en Julio de 2009- el precio de la electricidad para los consumidores en más de un 15% – en media anual- sobre los precios del mercado de la electricidad sin que nada se haya hecho, sin que nada se haya cambiado, cómo si las autoridades regulatorias permanecieran perplejas y nada supieran que hacer frente a tamaña perversidad regulatoria.
El mercado de la electricidad existente, es un mercado horario, líquido y profundo, que presenta, no obstante, una cierta y recurrente volatilidad estacional. La TUR – PVPC, después de la reforma ¡menuda reforma! – tiene por objeto estabilizar el precio del componente “energía” dentro del coste del suministro de electricidad a los pequeños consumidores. Pero… ¿se ha preguntado alguna vez a estos consumidores si quieren pagar coberturas financieras para que el precio de su electricidad permanezca constante durante tres o seis meses? No. Nunca se les ha preguntado semejante cosa ni nunca se les ha contado que esa cobertura les encarece su recibo de la luz en cientos de millones de euros al año, en miles de millones desde que tal manera de fijar los precios fue establecida.
La subasta CESUR, desde su utilización en 2009 para fijar el precio de la electricidad en las tarifas eléctricas que pagan los pequeños consumidores, ha demostrado ser un instrumento inflacionista en la fijación de los precios minoristas, y ha contribuido al incremento del déficit tarifario -que nadie se enrede con las trampas de la contabilidad regulatoria- en más de 5.000 M€. ¿Son estos 5.000 M€ costes del suministro? No. Son costes reconocidos por la regulación eléctrica, ajenos a la cadena industrial del suministro, que apenas aportan valor añadido alguno, que deterioran la competitividad de la economía y drenan rentas de las familias que hubieran ido a otros sectores.
Entre un océano de problemas de ineficiencia regulatoria, todo esto no es, sin embargo, más que un detalle, casi anecdótico. La reforma de la regulación eléctrica es inaplazable y no es -como con prepotencia se expresa la Vicepresidenta del Gobierno- el “reformazo” que el Gobierno pretende ¡que ineptitud tan asombrosa! Por el contrario, ese “reformazo” es nada, o si algo es, no es más que más de lo mismo. A las pruebas podemos remitirnos: el Déficit Tarifario sigue creciendo, el precio de la electricidad y el coste para los contribuyentes también ¡y qué poco tiempo ha pasado!
Mientras… recortes carentes de base jurídica ni de legitimidad regulatoria siguen cebándose sobre las energías renovables -acercando peligrosamente a sus inversores al precipicio de la quiebra-, y la sobre-retribución de las centrales convencionales nucleares e hidroeléctricas, producto de normas inadecuadas que falsamente se remiten al funcionamiento de los mercados, se sigue, sin embargo, manteniendo intacta.
Economistas Frente a la Crisis ya lo planteó en todos sus términos en su segundo manifiesto:
“La energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros, es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad contribuya a la competitividad de la economía.
En España estamos muy lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro. Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia, tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales nucleares. Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento económico, y disminución de costes para las familias y las empresas. Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero. Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho.”
Pero si en este manifiesto Economistas Frente a la Crisis sólo insiste en la necesidad de acometer la reforma que no se ha acometido, en uno de los capítulos de su libro “No es economía, es ideología” una propuesta de reforma sí está recogida -que en este mismo blog fue reproducido bajo el título “Una reforma para la regulación del Sector Eléctrico”-
Por consiguiente, no solo Economistas Frente a la Crisis ejerce la crítica. También propone alternativas. Alternativas para el debate porque hay caminos que nos pueden ayudar a salir de esta crisis. En el sector eléctrico esos caminos existen.
.jpg)
0 comentarios:
Publicar un comentario