Los economistas clásicos (Smith, Ricardo, Marx) acompañaban al sustantivo “economía” con el adjetivo “política”. Eso implicaba insertar a la ciencia económica en reflexiones político-filosóficas y morales de hondo calado, en un contexto general que dotaba a la economía de sentido. Hoy, con su reducción en muchos casos a modelos matemáticos, explicaciones técnicas y jergas esotéricas, se pretende hacer de la economía una ciencia social exenta de connotaciones ideológicas y a la que no cabe formular alternativas. Economistas críticos como Carlos Sánchez Mato rebaten con cifras y reflexiones las ideas hegemónicas (“todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”) y contribuyen a aclarar que la crisis no es neutral ni ha devenido fruto del azar. Sánchez Mato es miembro de ATTAC y de la Plataforma por la banca pública, además de coautor del libro “¡Banca pública, rescatemos nuestro futuro!” (Ed. Icaria). Pueden seguirse sus análisis y comentarios en el blog http:/matoeconomia.blogspot.com.es.
-¿A qué volumen ascienden las ayudas públicas al sistema financiero español?
A finales de diciembre de 2012, las ayudas públicas totales a favor de las entidades financieras españolas ascendían a más de 1,42 billones de euros. Solamente una pequeña parte de esas ayudas lo han sido en forma de capital (87.357 millones de euros) mientras que el resto (1,33 billones de euros) son medidas para paliar su falta de liquidez. Las ayudas públicas suponen el 136% del PIB español, es decir, supera ampliamente el volumen anual de riqueza producida en el país en un año.
¿Puedes poner algún ejemplo de lo que representa en términos comparativos?
Por realizar una comparación que deje clara la absoluta desproporción, las ayudas son seis veces superiores a la recaudación impositiva anual de todas las Administraciones Públicas o más de 40 veces el coste anual de las prestaciones por desempleo. Del total, poco más del 6% son medidas de capitalización mientras que el 94% restante corresponden a medidas de liquidez o facilitación de la misma.
-¿Qué significa esto, en términos sencillos?
Eso quiere decir que solamente se han desembolsado una parte de las mismas mientras que el resto son medidas para paliar su falta de liquidez (préstamos, adquisición de activos, garantías y avales). Eso facilita a los responsables políticos que camuflen las mismas con la excusa de que “no tienen por qué suponer un quebranto para las arcas públicas”. Sin embargo, negar a estas alturas que los préstamos del Banco Central Europeo o el aval estatal a los depósitos no son ayudas públicas es mentir a los ciudadanos. El sector bancario es adicto al dinero y a las garantías estatales. Sin ese apoyo no podría funcionar ni un solo día.
-Se dice que las ayudas han sido únicamente para las cajas de ahorro, gestionadas por políticos manirrotos y corruptos. ¿Qué ayudas han recibido específicamente los bancos?
No es fácil el desglose dado que una parte significativa de las ayudas públicas son los avales a los depósitos inferiores a 100 mil euros y las entidades no desglosan el porcentaje de sus depósitos garantizados por el Estado. Sin embargo ese elemento es fundamental para comprender la actual situación. Sin la garantía estatal y con un Fondo de Garantía de Depósitos en quiebra, los ahorradores no dejarían sus ahorros a un mínimo coste en las entidades bancarias. Por ese aval estatal, las entidades no pagan nada. Si eso no es ayuda pública…
-¿Y en cuanto al resto de ayudas públicas?
Del resto de ayudas, que ascenderían a 632 mil millones de euros (diciembre de 2012), un tercio han tenido como beneficiarios a los bancos. La mayor parte corresponde a préstamos del Banco Central Europeo que les han permitido obtener jugosas rentabilidades comprando con estos fondos deuda pública. No ha habido una actuación sustancialmente diferente por parte de bancos o cajas de ahorro. Han cometido el mismo tipo de errores pero las entidades bancarias han disimulado mucho mejor su situación de insolvencia.
-Además, últimamente los economistas críticos (tú te encuentras entre ellos) están denunciando un sutil y bien disimulado apoyo a los bancos ¿Por ejemplo?
Todo el proceso de reestructuración del sector financiero ha seguido una pauta muy clara en cuanto a culpabilizar a solo una parte del mismo de la mala situación. Eran las cajas las que tenían dificultades y por lo tanto la reducción de capacidad de un sector sobredimensionado debía hacerse a su costa. Las entidades bancarias privadas han actuado hábilmente con la colaboración del anterior y del actual gobierno para hacerse con un botín considerable: la mitad de los ahorros de la sociedad depositados en las cajas de ahorro. Utilizar dos varas de medir no parece un criterio justo a la hora de comparar la solvencia de las entidades.
-Pero se continúa hablando de una “banca sana”…
Las entidades, fundamentalmente las que son calificadas como “sanas”, siguen ocultando su morosidad con mecanismos más o menos complejos que quedan en evidencia cuando se realizan análisis comparativos y detallados de sus carteras de créditos. Si los bancos que presumen de fortaleza de sus balances hubieran reconocido pérdidas en línea con las reconocidas por las entidades después de ser nacionalizadas, hubieran quebrado de forma irremisible. La estrategia pasa por dar tiempo a los bancos a que generen beneficios que les permita ir reconociendo pérdidas de manera gradual. Además el proceso se complementa con la entrega de la banca nacionalizada a estas entidades, con elevadísimas ayudas públicas para mejorar su deteriorada situación. Se contribuye de esta forma a crear un oligopolio privado con el dinero de los contribuyentes.
-Alertáis, además, de lo que suponen los mecanismos de “Basilea”. ¿En qué consisten?
Uno de los elementos más evidentes incluso para los liberales más convencidos es que esta crisis ha dejado al descubierto la debilidad de las entidades bancarias por su reducido capital si lo comparamos con el volumen de créditos concedidos. Multiplicar el riesgo supone que, si viene una situación negativa, reducidos porcentajes de morosidad suponen la quiebra de las entidades bancarias. La alternativa sería obligar a las entidades a tener más capital pero eso tiene un problema: Si para obtener el mismo beneficio se exige más capital a los accionistas, el porcentaje de ganancia es inferior y puede que no sea atractivo para los inversores. Teóricamente el acuerdo de Basilea III supondrá una mayor exigencia de capital de máxima calidad a las entidades bancarias (del 2,5% al 4% de los activos ponderados por riesgo).
-¿Cuáles son sus efectos prácticos?
En primer lugar, sus efectos prácticos en cuanto a obligaciones se retrasan a 2018. Sería cómico si no tuviera efectos tan trágicos pero es como dictar una norma que exija la obligación de tener salvavidas en 2018 a una patera que está hundiéndose a día de hoy. Luego en cuanto a sus exigencias, no hay nada en esas nuevas directrices que acerque a las entidades a una verdadera disciplina en cuanto a un mayor nivel de capital, ya que seguirá estando en sus manos la consideración del riesgo que tienen en su balance para establecer el capital mínimo que deben poseer. Es como dejar al estudiante que realice las preguntas con las que debe ser evaluado. Así no suspende nadie jamás.
-También se suele afirmar que “todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. ¿Qué porcentaje de la deuda es pública y qué parte privada?
Nada hay más necesario para el sistema en la situación actual que culpabilizar al conjunto de la población de la situación creada por las élites. De otra forma, sería complicado que aceptasen pagar los platos rotos de una burbuja de la que no se han beneficiado. El proceso de sobreendeudamiento hasta 2007 estuvo ligado a un fortísimo crecimiento de la deuda de instituciones financieras, grandes empresas y, en menor medida, de las familias. Incluso después del desaforado crecimiento de la deuda pública posterior a 2007, la deuda de la economía española en el primer trimestre de 2013 arroja datos esclarecedores: Únicamente el 24% del total es deuda pública siendo el 76% privada.
-¿Qué parte corresponde a familias y qué parte a empresas?
Las empresas no financieras acumulan el 35% de la deuda total, las entidades bancarias el 24% y las familias (esas que han vivido por encima de sus posibilidades) el 17%. Aún así, en el período de máxima virulencia de la crisis es de destacar que el comportamiento de la deuda de los sectores privados no ha sido homogéneo. El sector financiero ha incrementado su endeudamiento en más de 157 mil millones de euros que ha sido compensado con el desapalancamiento de las empresas no financieras y los hogares1.
-La SAREB o “Banco Malo”. En medio del ruido y la confusión, ¿en qué consiste básicamente este mecanismo? ¿Por qué implica, si es así, un rescate público de las entidades financieras?
Consiste en la creación de una entidad que ha comprado activos inmobiliarios y créditos en poder de las entidades nacionalizadas. Pero lo ha hecho “por la puerta de atrás”. Además de la descomunal estafa que supone asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades bancarias, el diseño del mecanismo utilizado convierten el mismo en inútil para resolver el problema de la quiebra de las entidades porque SAREB no aborda la totalidad del problema. El volumen de créditos, inmuebles y suelo transferido a la misma no ha supuesto ni el 40% del existente en el sistema bancario. En su afán de minimizar el problema existente, se deja fuera del perímetro de la misma a más del 60% de los activos tóxicos reconocidos y a la mitad de las entidades bancarias con el peregrino argumento de que “no han recibido ayudas públicas en el marco del rescate europeo”. Además se establece un doble criterio a la hora del reconocimiento de pérdidas por deterioro de activos en las entidades bancarias.
-¿En qué sentido?
A unas se les obliga a dotar las provisiones por la depreciación del valor de créditos, inmuebles o suelo mientras que a otras se les permite no hacerlo. Por último, seguramente lo más vergonzoso es que el gobierno ha cedido la mayoría accionarial en la sociedad de gestión de dichos activos a inversores privados (fundamentalmente bancos) cuyos intereses son diametralmente opuestos a los de la ciudadanía, que es la que pone el dinero. SAREB no está consiguiendo los objetivos declarados para los que fue creado pero erraríamos si pensamos que no ha alcanzado su verdadera meta: Sostener los precios del mercado inmobiliario de manera artificial para evitar que las entidades financieras consideradas “sanas” quiebren irremisiblemente.
-Están previstas nuevas auditorías europeas al sistema financiero español. ¿Cuál vaticinas que será su resultado?
No habrá ninguna sorpresa. La inmensa mayoría de las entidades aprobarán como en los anteriores test realizados. Ahora bien, eso no debe tranquilizar a la gente porque la insuficiencia de capital de las entidades es evidente. Nada en sus prácticas ni en la gestión de sus activos y sus riesgos ha variado para mejorar su solvencia de manera significativa. Mientras que para evaluar ésta, sean las entidades bancarias las que indiquen qué parte de sus activos son considerados “con riesgo”, no iremos por buen camino. Todas las medidas que incrementan el porcentaje de capital exigible, serán compensadas por las entidades con reducciones “ficticias” de los activos que se computan para el cálculo.
-¿Cuál es la situación de las entidades financieras, incluidos los grandes bancos? En sus balances declaran grandes beneficios….
En España el proceso es imparable: en los dos últimos años ha crecido el activo de las entidades bancarias pero ha disminuido sensiblemente los activos ponderados por riesgo. Por lo tanto, con el mismo patrimonio neto que antes, pueden alcanzarse los nuevos requerimientos de capital. Se trata de declarar grandes beneficios sí, pero sin computar los quebrantos que siguen ocultando en sus balances. Si se vuelve a generar confianza, podrán volver a financiarse con normalidad en los mercados y digerir en unos años las enormes pérdidas sufridas.
-¿Qué papel desempeña en la actual crisis de las deudas el Banco Central Europeo?
Está claro que cumple un papel fundamental. Por mucho que presuma el señor Rajoy, la mejora en la prima de riesgo tiene mucho más que ver con la “amenaza” de intervención del BCE que con la mejora de expectativas que los acreedores pueden atisbar. Lo que de alguna manera ha hecho el Banco Central Europeo es ofrecer un seguro a los inversores en deuda pública de los países con especial riesgo ya que, si vienen mal dadas, ahí estará el señor Draghi para adquirir los títulos de deuda. Inevitablemente eso mejora las perspectivas a la hora de colocar nuevas emisiones. Además su papel se complementa con el apoyo inigualable que ha proporcionado a las entidades bancarias europeas a las que ha proporcionado liquidez ilimitada evitando cualquier quiebra. Hagamos un paralelismo que todo el mundo comprenderá fácilmente: ¿Habría perdido su casa alguna familia por no pagar la hipoteca, si hubiera dispuesto de una tarjeta de crédito con saldo ilimitado hasta el valor teórico del inmueble otorgada por el Banco Central Europeo? Claramente no.
-¿A qué intereses específicos responde el BCE?
Evidentemente, la actuación del BCE responde a los intereses de las élites financieras que han decidido socializar los quebrantos de esta última burbuja para que sean asumidos por la clase trabajadora.
-¿Qué es, en términos comprensibles, un rescate financiero? ¿De dónde procede el dinero, quién lo presta y quién es el perceptor?
Un rescate no es otra cosa que una ayuda financiera de emergencia. En el caso europeo, es el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) el que puso a disposición la línea de crédito de 100.000 millones de euros (de los cuales se han dispuesto 41.000 millones de euros) para la recapitalización de parte del sistema financiero. El préstamo lo ha suscrito el Estado en un ejemplo claro de transformación de deuda privada en deuda pública. Sin embargo, el rescate del MEDE tiene implicaciones políticas mayores.
-¿Cuáles?
Con objeto de garantizar la devolución del préstamo, esta institución obligó al estado a firmar un acuerdo denominado Memorándum de Entendimiento, donde se recogen cláusulas que condicionan, no solo la política de regulación del sistema financiero, sino también la política fiscal y laboral. La reducción del déficit público a través de la reducción del gasto público, las privatizaciones de servicios públicos básicos, la subida de impuestos regresivos como el IVA, la flexibilización del mercado laboral, a base de reducciones salarial y precarización de derechos laborales, forman parte de las condiciones que debe cumplir el gobierno por haber aceptado el rescate.
-¿Es esto compatible con la democracia?
Las políticas que dan forma a nuestra realidad social ya no son elegidas por población a través de la votación de un determinado programa político, sino que las imponen organizaciones supranacionales, dominadas por los acreedores financieros internacionales, que las orientan bajo el único propósito de redirigir todos los recursos de la economía al pago de la deuda privada que se está transformando en pública.
-¿Cuál es la diferencia básica entre los rescates de Grecia, Irlanda, España y Portugal?
En este sentido, el rescate de España es similar a los articulados para Grecia, Portugal o Irlanda. Ahora bien, el alcance del caso español (por su importe) es más limitado que en los otros casos pero las condiciones son similares.
-Denunciáis los economistas heterodoxos que la actual crisis supone una clarísima transferencia de rentas, del sector público a los agentes privados de la economía. ¿Cuál es la clave de esta transfusión? ¿Cómo funciona en esencia este mecanismo?
No solamente el caso descrito anteriormente (rescate financiero del MEDE) supone un evidente trasvase de deuda privada (recordemos que las cajas de ahorro eran entidades privadas) a deuda pública. Hay múltiples ejemplos de este proceso en estos años, fundamentalmente en el sector financiero. Cuando las entidades han sido incapaces de atender sus vencimientos de deuda, han optado por acudir a la ventanilla del BCE en vez de solicitar capital a sus accionistas. Debemos recordar que si las entidades bancarias no pudieran atender esos préstamos, sería el Banco de España (todos nosotros) los que tendríamos que cumplir con esa obligación financiera. El proceso es evidente: Se trata de un “abandono del barco” en el que se ha establecido un claro patrón de actuación: El capitán y los de primera clase tienen botes salvavidas pagados con el dinero de todo el pasaje.
-Por último, ¿Es el sector financiero el único sector rescatado?
No es el único caso. Las autopistas de peaje que han caído en concurso de acreedores serán reflotadas con dinero público, las infladas tarifas del regulado sector eléctrico también son avaladas por el Estado (déficit de tarifa). La verdad es que el empresariado, para ser tan reticente a la actuación pública, no parece rechazar los fondos estatales cuando el camino se hace tortuoso…
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