Rajoy ha viajado a Kazajistán y a Japón para atraer inversiones de estos países hacia España. A la espera de conocer con precisión en qué medida lo ha logrado –lo que tardará tiempo, y no habrá que hacer mucho caso mientras tanto de lo que digan las fuentes oficiales al respecto–, su periplo evidencia una obviedad: que el presidente del Gobierno no cree que el capital español se vaya a movilizar para propiciar el crecimiento económico, cuando menos en la medida necesaria para cambiar mínimamente la dinámica actual de las cosas. Con una inversión pública cada vez más recortada –ya es un 60 % menor que la de hace 5 años– y con la inversión privada nacional ajena a cualquier iniciativa relacionada con la economía real, el capital extranjero es la única esperanza. En esas condiciones, ¿qué recuperación es posible?
El optimismo del Gobierno español se basa en tres datos.
1) La competitividad española está mejorando. Es cierto. En los últimos dos años se ha recuperado la mitad de la diferencia de la competitividad de costes, pero ello a cambio de masivas reducciones de plantillas y de un descenso sustancial de los salarios o del aumento de las jornadas laborales sin compensaciones económicas. Esto habrá sido fructífero para las cuentas de resultados de algunas empresas y para la imagen de país sobrio y con trabajadores disciplinados que el Gobierno quiere vender en el extranjero, pero no ha sido precisamente bueno en términos de capacidad de consumo de la población ni tampoco ha aliviado las cuentas del Estado, que se han visto agravadas por nuevos subsidios de desempleo.
2) La prima de riesgo ya no es un motivo de inquietud suprema. También es cierto. Pero la diferencia del coste de colocación de nuestra deuda pública con el de otros países de nuestro entorno sigue haciendo imposible reducir el déficit público, aunque esté ayudando a los bancos españoles, que han comprado y siguen comprando más del 85 % de los títulos que se emiten… con una rentabilidad que hasta puede triplicar el coste del dinero que el BCE les presta para adquirirlos. Cabe alegrarse de que el peligro de un rescate total de nuestra economía se haya alejado de nuestros lares –aunque volvería sin remisión si las cosas se vuelven a poner feas en el panorama europeo–, pero el gran beneficiario de ese alivio es el Gobierno mismo, que no habría durado mucho si se hubiera producido el rescate, pero no la economía real, es decir, la creación de empleo, que sigue gravemente limitada por la escasez del crédito y su alto coste.
3) La buena marcha de la balanza comercial. Que también es verdad que se ha producido. Pero no solo por el crecimiento de las exportaciones, sino también por una caída sustancial de las importaciones. Este viernes el Financial Times dedicaba un extenso informe a España en el que contaba que por cada 4 contenedores que se descargan en el puerto de Barcelona se embarcan 6. "Hace unos años, antes de que España entrara en su brutal crisis", el flujo era el inverso, dice el Financial Times, que concluye: "el hundimiento de la construcción es el motivo principal por el que los economistas creen que el crecimiento español sólo será modesto en los próximos años". El Gobierno ha convertido en un mito el aumento de las exportaciones, cuando lo cierto es que el 88 % de éstas corre a cargo de sólo el 10 % de las empresas que venden en el exterior, lo cual demostraría que son muy pocas las que son competitivas en esos mercados. Y ese dato también reforzaría el pronóstico de que la exportación ha llegado a su límite y que lo único que cabe esperar de ella es que empiece a bajar: algunos creen que ya lleva un tiempo haciéndolo.
En definitiva, ninguno de los activos de los que alardea el Gobierno garantiza, ni mucho menos, que vaya a producirse un recuperación real que cambie, cuando menos hasta que no pase mucho tiempo, el desastroso panorama económico y social que vive España. Desaparecida la construcción, o reducida a su mínima dimensión, España carece de otros motores para el crecimiento. O, cuando menos, el Gobierno no está haciendo nada para crearlos.
Hay quien ha calificado de "criminal" la sustancial reducción de las inversiones en ciencia y tecnología que se ha producido en estos últimos años. Porque sin más I+D+I, en el sentido amplio del concepto, España está condenada a seguir teniendo un sistema productivo que no va a reducir la bolsa de paro. La industria, cuyo tamaño es un 25 % menor que el de hace 6 años (también por la desaparición de buena parte de las empresas que vivían al calor del "boom" de la construcción), o se dedica a actividades de baja tecnología –productos alimenticios, bebidas, textil y confección, por ejemplo– o está en manos de empresas extranjeras: hasta un 40 % del total, desde el automóvil a la química, pasando por la de equipos eléctricos y la farmacéutica (que, por cierto, no está muy feliz con las consecuencias que para ella están teniendo los recortes de la sanidad y parece que más de una empresa está pensando en marcharse). Y buena parte del sector de servicios se dedica en lo que en la jerga se llaman "actividades de baja intensidad en conocimiento", tales como el comercio, el alojamiento, la restauración o las agencias de viajes (y otra apostilla: este no ha sido un verano turístico tan bueno como se ha dicho: han venido más visitantes, pero han estado menos días y han gastado menos dinero por cabeza. Lo dice el Banco de España).
Solo cambiando radicalmente la política económica se podrían modificar esos designios, que condenan a España a una postración que puede durar más de una década. Acabar con la austeridad y dejar de pensar obsesivamente en los intereses del sector financiero serían los primeros requisitos imprescindibles para ese cambio.
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