Manifiesto de la Fundación 'Cultura y Paz'
Las graves crisis que estamos viviendo muestran la inviabilidad del modelo neoliberal basado en el crecimiento indefinido (sin respeto a los límites de la Naturaleza), la desregulación de los mercados y el mantenimiento de vergonzosos paraísos fiscales.
El deterioro ambiental y la pobreza en el mundo son desafíos que alcanzan al conjunto de la humanidad. Ésta se enfrenta al reto de lograr la sostenibilidad en un planeta cuyos recursos naturales son limitados. La disponibilidad de combustibles fósiles, materias primas, agua potable, aire limpio y hasta el propio equilibrio climático se encuentran hoy en un punto crítico. Incluso los alimentos están escaseando alarmantemente en las zonas más pobres. Los problemas sociales afectan a la seguridad en todas sus vertientes.
La crisis financiera es tan sólo una parte visible de una verdadera crisis sistémica que requiere soluciones valientes, imaginativas e integradoras. No se puede abordar simplemente insuflando recursos económicos en algunas áreas del sistema, o impulsando la producción en sectores clásicos de la economía, sino con un cambio de paradigma que ponga la atención en la sostenibilidad humana y ambiental. Y los primeros pasos consisten en garantizar que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer real su derecho a llevar una existencia digna.
Sobre los problemas que conlleva el cambio climático hemos sido alertados largamente desde los sectores científicos. No es legítimo posponer esta grave cuestión ambiental, que requiere consensos internacionales no menos importantes y urgentes que los que ha suscitado el tema financiero, pues en la mitigación del cambio climático, en la corrección de sus causas, nos va el futuro sostenible de la humanidad.
Reclamamos, por tanto, que la acción de los gobiernos en este tema sea decidida y firme, en consonancia con su gravedad, dedicando recursos de todo tipo al desarrollo de energías renovables y a la búsqueda de medidas correctoras de las emisiones de gases con efecto invernadero, entre otras…, en el marco de una acción nacional e internacional coordinada y eficiente.
En el plano económico, es de destacar el efecto de la crisis en la población de nuestro país, donde el empleo está siendo castigado especialmente como consecuencia de una tan irresponsable como predecible "burbuja" inmobiliaria.
Los ajustes y deslocalizaciones productivas -propias de la codicia del mercado dificultan hallar trabajo a miles y miles de familias que ven como peligra su subsistencia. Hoy es evidente que un trabajo remunerado digno ya no está al alcance de todos los hombres y mujeres que lo desean.
La oportunidad de participar en la tarea común —el derecho al trabajo— no está garantizada para todas las personas, ya que el empleo depende de los complejos e injustos mecanismos del mercado y no de la justicia distributiva y principios éticos universales.
Si, en otro momento histórico, la conquista de nuestras sociedades fue instaurar la democracia política (derecho al voto), entendemos que, en las condiciones actuales, ésta debería extenderse a una democracia económica (derecho a un ingreso básico por el hecho de ser ciudadano) que, en consonancia con la Carta de los Derechos Humanos Emergentes (artículo 1) garantice a todas las personas unas percepciones económicas mínimas que les permitan vivir dignamente. Así lo reclamaba ya, el 27 de Mayo del 2009, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social.
Este ingreso es lo que genéricamente se conoce como Renta Básica de Ciudadanía (RBC). En diversos países existen programas de Rentas Mínimas Garantizadas, sin condición de inserción laboral. En nuestro país hay iniciativas que van en esa dirección. En concreto, la Renta de Garantía de Ingresos, establecida en el País Vasco, debería servir de modelo al resto de Comunidades Autónomas cuyos Estatutos contemplan una medida similar (Cataluña, Valencia y Andalucía), aunque no la hayan desarrollado todavía. En cuanto a los fondos necesarios para sufragar la RBC, esta cuestión ha sido estudiada con detenimiento por expertos que han demostrado que podrían obtenerse con ciertos reajustes fiscales y presupuestarios. Bastaría con una adecuada persecución del fraude fiscal, que algunos autores estiman de hasta un 20% del PIB, recuperándose así una sustanciosa parte de los recursos que los defraudadores ocultan de manera insolidaria.
Es importante comprender que la RBC no se plantea como una nueva carga para el Estado, porque es una medida de gran repercusión social que puede conllevar importantes beneficios que compensen sobradamente, el coste económico que supone (sociedades más equilibradas, más equitativas socialmente y con menos gastos en seguridad, salud, etc.) Su adopción, además, incentivaría la participación ciudadana en la vida pública y la reorientación de nuestro contexto comunitario hacia valores de solidaridad y cooperación entre grupos humanos.
En tiempos de crisis, como el actual, la adopción de la RBC nos parece una medida claramente necesaria, que aliviaría de inmediato la difícil situación por la que están pasando miles de familias españolas. Se trata de una solución parcial, desde luego, pero no por ello deja de ser efectiva. En un primer momento, y con carácter urgente, podría aprobarse su implantación para todas aquellas personas, mayores de 18 años, que por haber perdido su empleo, por su condición de pensionistas o por otras razones, no perciben prestación alguna o perciben prestaciones sociales inferiores al salario mínimo interprofesional –que sería el umbral de referencia-, lo que aportaría estabilidad económica y emocional a quienes están sufriendo injustamente las consecuencias de los desmanes del mercado. Ello sin perder de vista su carácter universal, hacia el que habría que tender en el futuro.
Debe considerarse rápidamente, así mismo, la inmediata aplicación de fórmulas de financiación alternativas, como la que se refiere a tasas sobre transacciones de divisas, propuesta recientemente de nuevo a las Naciones Unidas y contenida en la Declaración sobre fuentes innovadoras para el financiamiento de la “Iniciativa contra el hambre y la pobreza”, suscrita el 24 de septiembre de 2008 en Nueva York por los Presidentes Michelle Bachelet, Lula, Rodríguez Zapatero y el Ministro de Asuntos Exteriores francés, B. Kouchner. Recientemente, se ha celebrado en París una reunión para adoptar medidas concretas y urgentes al respecto.
Los abajo firmantes, miembros y colaboradores de la Fundación Cultura de Paz, instamos al Gobierno y a nuestros representantes parlamentarios a que contemplen con carácter urgente estas propuestas, en la confianza de que los intereses del medio ambiente y de la gente merecen ser atendidos con medidas directas que afecten de inmediato a su calidad de vida y también a sus economías, salvaguardándoles de graves riesgos ambientales y de la precariedad y amenaza de exclusión.
Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz
José Antonio Pérez, Observatorio Renta Básica de ATTAC-Madrid
María Novo, Titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. UNED
Enrique del Río, Presidente de PROEMPLEO (Centro de Información, Gestión y Promoción del Empleo
Juvenil)
Juan Ramón Galán, Vicepresidente de la Fundación Valores
Dolores Limón Domínguez, Directora del grupo de investigación “Educación de Personas Adultas y Desarrollo”. Universidad de Sevilla
Ana Barrero Tiscar, Documentalista de la Fundación Cultura de Paz
Francisco J. González Portal, Ingeniero de Caminos y miembro del Observatorio Renta Básica de ATTAC
José Antonio Noguera, Profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona
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