QUÉ DIFERENCIA HAY (o debería haber) ENTRE POLÍTICAS DE IZQUIERDA Y DE DERECHA

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Vicenç Navarro, en Publico

Existe una percepción generalizada en los mayores medios de información y en la cultura general del país, de que la división de las sensibilidades políticas se basa en las políticas que proponen en relación al Estado y al sector público. Se asume que las izquierdas están a favor de la intervención del Estado y la expansión del sector público, y que las derechas están a favor del mercado y del sector privado. Es característico de las fuerzas conservadoras y neoliberales (lo que se llaman las derechas en España, incluyendo Catalunya) acusar a las izquierdas de “estatalismo” y de depender excesivamente del Estado y del gasto público. Parecería, a primera vista, que los datos facilitan esta percepción. Una de las características de las izquierdas ha sido su mayor sensibilidad social, traducida en su mayor apoyo, por ejemplo, al gasto público social.

Pero si uno mira con mayor detalle la relación del Estado con, por ejemplo, la economía, ve rápidamente que esta percepción no está justificada. Una de las mayores intervenciones del Estado, que hemos visto en estos últimos años, ha sido precisamente la masiva ayuda financiera del Estado a la banca, a las compañías de seguros y al sector inmobiliario, lo que en la cultura anglosajona se llama FIRE, incendio en inglés, y que resulta de poner juntas las primeras letras de Finance (Finanzas), Insurance (Compañías de seguros) y Real Estate (Inmobiliaria). Nunca se había visto en la historia reciente tanto apoyo (o, utilizando una terminología que utilizan las derechas, beneficencia) público a un grupo social como al capital financiero, que incluye en un lugar prominente a la banca.

Las derechas no son anti Estado

En realidad, en todas las sociedades capitalistas el Estado juega un papel fundamental dentro de cada sector de actividad económica. En EEUU, una de las administraciones estadounidenses que se consideran y autodefinieron como más liberales -la administración presidida por el señor Ronald Reagan- fue una de las más intervencionistas que haya habido en la historia de EEUU (desde después de la II Guerra Mundial). El gasto público durante su mandato aumentó como no había aumentado bajo ninguna otra administración, y el intervencionismo estatal se incrementó enormemente, reforzando todavía más el papel central que el Estado tiene en la economía estadounidense (el Presidente Reagan fue el que subió más el gasto militar después de la II Guerra Mundial).

Se desconoce en Europa que el Estado federal de EEUU es el Estado que tiene la política industrial más avanzada de todos los países de la OCDE. Y lo hace a través del gasto militar, que juega un papel clave en la economía de aquel país. Y a todos los niveles. Desde internet hasta el móvil (y muchos más equipamientos de tecnología electrónica y de comunicación), están todos ellos basados en el conocimiento, generado y financiado con fondos públicos, de carácter militar. Apple no existiría si no hubiera existido el Departamento de Defensa, que financió la investigación básica que Apple utilizó y comercializó más tarde. Y un tanto igual en una gran mayoría de los nuevos desarrollos electrónicos.

Parte de este incremento del gasto público militar se hizo también a costa de recortes de gasto público social. Los datos están ahí para todo el que quiera verlo. El tema clave pues, no es Estado sí o Estado no, o gasto público sí o no, sino a quién sirve este Estado. Hoy, la evidencia es abrumadora de que el Estado está profundamente influenciado por el capital financiero (banca, compañías de seguros, hedge funds y una larga lista de instrumentos e instituciones que manejan dinero), así como por los intereses de la minoría de la población que obtiene sus recursos de la propiedad del capital que genera rentas, incluyendo los propietarios y gestores del gran capital (sea este financiero, industrial, o de servicios).

¿Cuál debería ser la línea divisoria entre las izquierdas y las derechas?

Hacerse esta pregunta es preguntarse qué es lo que existe en el capitalismo que dificulta y/u obstaculiza el desarrollo humano. Y el punto clave no es tanto el tipo de propiedad (pública o privada), sino el objetivo de dicha propiedad, y la definición de esta propiedad y de su función y objetivo. Bajo el capitalismo existente, la propiedad tiene como objetivo principal proporcionar beneficios a su propietario, el cual tiene la potestad de definir dicho objetivo, objetivo que puede o no servir el bien común. Cuando los banqueros, en su intento de optimizar sus beneficios, desarrollaron prácticas especulativas que crearon la crisis financiera, dañando la vida y el bienestar de la población, estaban actuando según el principio capitalista de poner la acumulación de capital, a los propietarios de capital, como su objetivo principal, sin considerar los desbeneficios a la sociedad. Lo que ha ocurrido muestra claramente el error de anteponer el objetivo de acumulación de capital por encima del bien común. Este es uno de los mayores problemas existentes en el capitalismo.

Las distintas tradiciones socialistas (llámense socialistas, socialdemócratas, comunistas o anarcosindicalistas) se han caracterizado precisamente por identificarse con la lucha para conseguir el bienestar de la población y, muy en especial, de las clases populares, poniendo la propiedad al servicio del bien común. Este bien común exige poner el bienestar de la población como objetivo final, mediante la aportación necesaria según los medios y recursos de cada uno. El famoso dicho de que “de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad” es un principio que sintetiza muy bien la ética y cultura de izquierdas, y subraya que el objetivo de la economía, por ejemplo, no es la acumulación de capital sino el desarrollo del potencial de cada ser humano, respondiendo a sus necesidades.

La democracia como objetivo

Ahora bien, la otra diferencia es en la identificación de quién define estas necesidades. De nuevo, las derechas creen que estas necesidades las define el cliente a través del mercado. El mercado es el que configura el carácter y usos de la propiedad. Las izquierdas, históricamente, han considerado que debería ser la propia población, no individualmente a través del mercado, sino colectivamente a través de las instituciones democráticas, la que definiera esas necesidades. Consecuencia de ello es que, por lo general, las izquierdas, en los países democráticos, han sido más sensibles y exigentes en el desarrollo de las instituciones democráticas que las derechas. En España el ejemplo de ello es claro y la evidencia contundente. Y ello se debe a que el compromiso que tienen las derechas con el objetivo de la propiedad (aumentar la acumulación de capital) entra en conflicto con el principio democrático. El capitalismo dificulta, e incluso imposibilita, el desarrollo de la democracia, pues la concentración del capital determina la captura de las instituciones democráticas (y los medios de información y persuasión) por parte de este capital, tal como estamos viendo hoy claramente en España y en la Unión Europea. Mírese como se mira, la acumulación del capital hace imposible o limita la expresión democrática. EEUU, el país con mayor influencia del capital, y con mayores desigualdades, es de los países menos democráticos (algo más de la mitad de los congresistas son millonarios). Y por otra parte, los países escandinavos, con menores desigualdades, son los que tienen una mayor expresión democrática.

Y ello me lleva al último punto de la diferencia entre las izquierdas y las derechas: la definición del significado de democracia y su expresión política. Hoy, la inmensa mayoría de las izquierdas en los países de elevado nivel de desarrollo económico no basan su estrategia en la toma del Palacio de Invierno, año A, día D, hora H, por el partido revolucionario armado, pues aceptan la vía democrática. Ahora bien, hay muchas maneras de interpretar la democracia. La más generalizada ha sido la vía representativa, que se expresa a través de las instituciones representativas (los parlamentos, como máxima expresión), basándose en el principio de que cada ciudadano debe tener la misma capacidad decisoria en la gobernanza del país, expresada a través de procesos electorales. Un voto, igual de determinante, para cada ciudadano. El mayor problema con esa vía es que prácticamente en ningún sistema democrático dicho principio se aplica. Casi no existen sistemas parlamentarios auténticamente proporcionales. Y ello no es por casualidad. A mayor influencia del capital, menor es la proporcionalidad, pues el objetivo del capital es disminuir por todos los medios posibles ese principio democrático. EEUU y España, con su bipartidismo (que siempre favorece a las derechas), son claro ejemplos de ello.

Democracia no es solo votar cada cuatro años

Pero la otra limitación del sistema representativo es que, además de la carencia de diversidad mediática (limitada por la enorme influencia del capital), tiende a la profesionalización de la política y al establecimiento de una clase política que desarrolla intereses propios y reduce la política al “politiqueo entre las élites gobernantes de los partidos”, limitando la participación ciudadana a votar cada cuatro años. La democracia representativa, incluso la proporcional, es insuficiente. Se requiere, además de democratizar la democracia representativa, la democracia directa, a través de la activa participación ciudadana, constante y directamente, no solo en la gobernanza del país, sino también en la gobernanza de los lugares de trabajo, de los barrios, de los lugares de ocio y dondequiera que existan actividades colectivas. Y ello no quiere decir (como maliciosamente dicen las derechas) estatalismo, sino participación ciudadana. Los referéndums (derecho a decidir), una de las formas de democracia directa más común, deben ser utilizados ampliamente en cualquier sistema democrático, en todos los niveles de gobierno. Democracia y bienestar y calidad de vida son, pues, las dos dimensiones claves que deberían definir a las izquierdas. Democracia como fin, y democracia como estrategia.

Indudablemente habrá una enorme resistencia por parte del Estado, enormemente influenciado por las fuerzas conservadoras, que utilizarán todo tipo de represión y violencia provocadora. Y es enormemente importante no responder a estas provocaciones con la fuerza física. La violencia es enormemente reaccionaria, pues distancia las izquierdas de la población (que siempre rechaza la violencia). Hoy, la gran mayoría de la población está de acuerdo con los principios clave que sostienen (o deberían sostener) a las izquierdas, es decir, está de acuerdo con la necesidad de redefinir la democracia, rechazando este Estado actual, heredero de una Transición inmodélica que dio lugar a un Estado escasamente democrático, corrupto, y coaptado por intereses financieros y económicos. Nada menos que cerca del 80% de la población española está de acuerdo con el dicho del reciente movimiento 15-M “no nos representan”. Y de ahí la urgencia de mantener este apoyo popular, del cual las izquierdas derivan su poder. Y más de 86% de la población está también de acuerdo con el eslogan de que el estado no está sirviendo a la ciudadanía en sus necesidades cotidianas.

Y es ahí, precisamente, donde las izquierdas deberían centrar sus esfuerzos. Las izquierdas tendrían que centrarse en hacer propuestas reales y resolutivas para solucionar los problemas que angustian a las clases populares de este país, guiándose por los principios socialistas que he indicado anteriormente. Cuando se establece un servicio nacional de salud encaminado a responder a las necesidades de la población, definidas por ella misma, y financiado con fiscalidad progresiva, se está caminando hacia el socialismo, independientemente de cómo se llame. La gran mayoría de la población está de acuerdo en esta medida. Cuando se está destruyendo un servicio nacional de salud, sustituyéndolo por compañías de seguros o de gestión privadas que tienen como objetivo aumentar sus beneficios, se está destruyendo el socialismo, y construyendo el capitalismo.

No aconsejo por lo tanto, que se intenten patrimonializar estos cambios poniéndoles una etiqueta. Utilizar términos y narrativas genéricas como “anticapitalismo” o “socialismo” tienen poco sentido cuando nos distancian de la ciudadanía o cuando se los percibe como excluyentes. Hay que ser conscientes de que ninguna de las revoluciones socialistas en el siglo XX, desde la revolución bolchevique a la cubana o china, movilizaron a la población con la llamada al socialismo. Lo que movilizó a la población fueron propuestas reales, inmediatas, que conectaban con su vida diaria (el ansia por la paz, por la reforma agraria, por el fin de la dictadura). Fue la rigidez del sistema autoritario existente en estos países frente a esta petición de reformas la que creó su colapso. Las revoluciones no se hacen pidiendo la revolución, sino pidiendo programas reformistas que, de no poder realizarse, determinan movilizaciones populares que exigen el fin de regímenes autoritarios o escasamente democráticos. Y es aquí donde estamos.

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