Poco antes de las elecciones a las Cortes del pasado 20 de noviembre, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) envió un informe a los partidos políticos y a la ciudadanía en general titulado "Reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Una medida vital e imprescindible para superar la crisis". Este informe es de lectura obligada para entender muy claramente los rasgos generales de la situación fiscal en el Reino de España desde que empezó la crisis económica hasta hoy [1].
El 19 de diciembre, en su discurso de investidura, el ya nuevo presidente del gobierno de la monarquía española, Mariano Rajoy, se apartó de forma notable de las recomendaciones del informe de Gestha. En el discurso escrito no se cita ni una sola vez el fraude fiscal. Es realmente significativo que en un texto que consta de 31 páginas no se hiciese ni una vaga alusión a uno de los problemas más graves de la economía desde el punto de vista fiscal.
Aunque puede haber diferencias entre distintos estudios realizados sobre el peso de la economía sumergida en el Reino de España, se estima con mucha convergencia de criterio que abarca un porcentaje que va del 20 al 25% del PIB. Comparativamente, este porcentaje es parecido al que se estima también para Grecia e Italia. Y muy diferente al que se estima para, entre otros estados europeos, Austria, Suiza, Francia y Holanda, zonas en donde este porcentaje mengua a la mitad: del 10 al 12%. Según Gestha, la economía sumergida del Reino de España en el año 2010 fue del 23'3% del PIB, porcentaje que supone la evaporación de 88.000 millones de euros de impuestos. Sigue afirmando el informe que si se redujese en 10 puntos este porcentaje (hasta el 13'3%), se podría ingresar 38.500 millones de euros más al año. Muy contrariamente, en el discurso de investidura de Rajoy, éste anunció que "es nuestro compromiso y a él nos vamos a atener: 16.500 millones de reducción del déficit en el año 2012". 16.500 es el 43% de 38.500. Y son millones de euros obtenidos de forma harto diferente.
El impacto de la economía sumergida sobre el mercado de trabajo es de grandes proporciones porque, entre otras lacras, "priva a los trabajadores de derechos laborales y sociales, como cotizaciones, prestaciones por desempleo y prevención de riesgos laborales."
La evolución de los ingresos tributarios desde el inicio de la crisis hasta el año 2010, último del que hay datos completos, es preocupante: se ha reducido en un 20'5% la recaudación fiscal total. Se ha pasado de recaudar 200.676 millones por ingresos tributarios en el año 2007, a 159.536 en el año 2010. La principal causa de esta disminución es el impuesto sobre los beneficios de las empresas. En el año 2007 se recaudó 44.823 millones por este concepto, mientras que en el año 2010 solamente 16.198. Es decir, estos 28.625 millones de diferencia "supone el 70% de la caída global de la recaudación fiscal". Y se trata, según Gestha, de un impuesto "fácilmente controlable". Si no se controla con mayor rigor es porque no se quiere. La crisis económica está motivando que se deje de declarar una parte de los ingresos y se haga un correspondiente trasvase de determinades activades a la economía sumergida. El informe concluye que "resulta urgente frenar esta peligrosa deriva". De forma espectacular, en el discurso escrito de investidura de Rajoy no se menciona ni una vez la economía sumergida.
En cuanto al análisis de la gestión tributaria en la lucha contra el fraude fiscal, hay muchas conclusiones interesantes, pero destaca la gran discriminación "entre la tributación de los asalariados frente a empresarios y profesionales". Se recuerdan cifras que se han publicado por distintas vías. Así, los trabajadores y pensionistas declaran al año una media de 19.359 euros, cifra que contrasta con los 11.036 euros (es decir, 8.300 menos) que de media también declaran los profesionales liberales y los pequeños empresarios. Los llamados microempresarios aún declaran menos de media: 10.832. Son datos de la última estadística del IRPF del 2009 que se declaró en junio del 2010. Las perspectivas para el IRPF del 2010 que se ha declarado en 2011 dibujan una tendencia, a la espera de disponer de la estadística para este ejercicio, muy parecida. Los empresarios son mileuristas, parece ser.
Una de las recomendaciones de Gestha es "lograr una mayor efectividad del precepto del artículo 31 de la Constitución [2], para que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica." En el discurso de Rajoy no se menciona nada semejante. Conocida la lista de ministros del que ya es el primer gobierno del PP [3] después de las elecciones del 20 de noviembre, las perspectivas son más sombrías si cabe. Un ejemplo, mero ejemplo: el nuevo ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, fue presidente de Lehman Brothers España (y consejero de Endesa, de Unedisa, que es la editora de El Mundo y Expansión, del Banco Mare Nostrum) y fiel defensor de los intereses de la banca. En perfecta línea con lo que está sucediendo en otros estados europeos [4].
En claro contraste con lo que recomienda el informe de Gestha, el discurso de Rajoy sí anuncia de forma más o menos explícita una nueva (contra)reforma laboral (tres veces se menciona en la versión escrita). Después del primer consejo de ministros del 23 de diciembre, se perfilan las intenciones del partido postfranquista que se irán concretando en las próximas semanas. Además de la mencionada (contra)reforma del mercado laboral, también se anuncia el recorte de las administraciones públicas (y, como era de esperar tratándose del Partido Popular, con connotaciones políticas añadidas de granespañolismo carpetovetónico), el despido de muchos trabajadores públicos precarios, la rebaja salarial de los funcionarios, el debilitamiento de los sindicatos… Tambores de guerra. Tambores que pregonan la preparación de una nueva ofensiva contra las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora que ya desde mayo de 2010 el anterior gobierno del PSOE empezó de forma ardiente, según los dictados de la troika del BCE-FMI-Comisión Europea. En otras palabras, ataques contra casi toda la población para beneficio de los más ricos. Este empeño del PSOE con la fe del nuevo converso (quizás no tan nuevo) supuso el enajenamiento de la base social del hasta ahora partido gobernante y su suicidio electoral como quedó palmariamente constatado el 20 de noviembre. El Partido Popular, partido postfranquista, con la legitimidad que le proporciona la mayoría absoluta recientemente conquistada, se dispone a proseguir y radicalizar la obra de su antecesor. De modo que, según lo previsto, siguen pintando bastos para las clases trabajadoras o, dicho de forma menos castiza, se anuncia un recrudecimiento de la lucha de clases desde arriba.
Notas: [1] Puede descargarse desde http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=220.[2] Este artículo está en la sección de "De los derechos y deberes de los ciudadanos" y dice así: "1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley."[3] La servil fórmula de juramento que se declama en la toma de posesión como presidente del gobierno en la monarquía borbónica española es: "Juro/Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente del Gobierno con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros". [4] Recordemos lo que recientemente escribía Michael Hudson: "La imposición de austeridad económica, el desmantelamiento de los gastos sociales, la venta de activos públicos, la extinción de los sindicatos, la caída de los niveles de los salarios, los planes de pensiones y sanidad pública en detrimento de las reglas democráticas, requiere convencer a los votantes de que no hay otra alternativa. Se reivindica que sin un sector bancario próspero (da igual cuán predador) la economía quebrará mientras las pérdidas bancarias por malos préstamos y especulaciones deterioran el sistema de pagos. Ninguna agencia reguladora puede ayudar, ninguna política de impuestos mejorada, nada excepto la cesión del control a los grupos de presión para que rescaten a los bancos que han perdido las demandas financieras que ellos mismos construyeron." Y eso es lo que el nuevo gobierno del PP va a facilitar, como antes el del PSOE, si cabe más entusiásticamente, a la banca.
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