ALEGACIÓN DEL PERROFLAUTA MOTORIZADO AL EXPEDIENTE SANCIONADOR DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

|

Antonio Aramayona, en Attac Aragón


Señor Delegado del Gobierno de España en Aragón:

En relación con su escrito de fecha 5 de noviembre de 2013 sobre Procedimiento Sancionador – Acuerdo de inicio expediente 7112/2013 (nº registro 91637/RG 3174454) en el que se me comunica el inicio de expediente sancionador por mi “presunta responsabilidad en negativa a abandonar el portal de la Consejera de Educación a requerimiento de los agentes denunciantes, el día 23 de octubre, en la calle Alfonso núm. xx de Zaragoza”, el abajo firmante, Antonio Aramayona Alonso, con DNI nº xxxxxxxxx y domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxx, de Zaragoza, expone y alega lo siguiente:

1. Me sorprende que usted me sancione con una multa de hasta 300,51 euros aduciendo como constitutiva de la mencionada supuesta infracción mi “presunta responsabilidad” en los hechos que se relatan. Debo decirle que mi responsabilidad no es presunta, sino plena, pues cualquier otra alternativa rozaría la irresponsabilidad. Consciente, libre y responsablemente me planto desde hace seis meses en el portal de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, porque la responsabilidad con la que quiero comportarme cada día de mi existencia me impele a clamar, mediante un sencillo cartel, por la necesidad de la escuela pública y contra los recortes en el ámbito educativo que perpetra irresponsablemente el Gobierno del que usted es Delegado. No entiendo cómo usted y cuantos tienen cargos de responsabilidad política pueden asistir a la tragedia de centenares de miles de familias que apenas pueden alimentar adecuadamente a sus hijos o carecen de medios para sufragar el coste de los libros de texto, o desencadenar el indignante hecho de las decenas de miles de estudiantes universitarios que no pueden continuar sus estudios por razones económicas. No entiendo cómo usted y la Consejera aragonesa de Educación, movidos por la misma responsabilidad que pretende imputárseme como falta, no están a mi lado y al lado de los miles y miles de ciudadanas y ciudadanos que abogan por una escuela pública laica y de calidad para todas y todos en igualdad de condiciones, portando carteles y protestando por tanta injusticia y por una política que está llevando a una buena parte del país a cotas rayanas en la pobreza. Señor Delegado del Gobierno de España en Aragón, soy responsable y me declaro responsable de los hechos referidos en su escrito. Permítame decirle que, desde esta misma lógica, es posible señalar la flagrante irresponsabilidad de muchos de los políticos y gobernantes, entre los que usted se encuentra.

2. Centra usted mi “presunta responsabilidad” en la “negativa a abandonar el portal de la Consejera”. Como he dicho y repetido reiteradamente a los “agentes denunciantes” que a menudo me han ido solicitando la identificación a lo largo de estos seis meses, tengo la plena y firme voluntad de seguir cada mañana del año, de lunes a viernes, de 11 a 13 horas (horario de invierno, para paliar algo del rigor invernal), en el portal de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del actual Gobierno de Aragón. El día de los hechos objeto de la denuncia, los “agentes denunciantes” (dos furgones de la Policía Nacional para dos personas denunciadas) solo adujeron como motivo que estaban cumpliendo órdenes de sus superiores, lo cual constituye, a mi juicio, un escuálido argumento (de órdenes cumplidas y de obediencias debidas está repleto el infierno). Me pregunto asimismo, señor Delegado del Gobierno, por qué ha tardado usted seis meses en sancionar un hecho y una situación que diariamente acaecían y siguen acaeciendo en la vía pública. Quizá haya que añadir a su irresponsabilidad política una ostensible negligencia en el desempeño de sus funciones como Delegado del Gobierno.

3. Resulta curioso, por no decir indignante, que se manifieste tanta “sensibilidad” por una supuesta “intromisión” en las circunstancias personales y la “intimidad” de alguien (en este caso, de la Consejera aragonesa de Educación), cuando se está lesionando derechos fundamentales de la ciudadanía (particularmente, la infancia y la juventud) por la acción y/o la omisión políticas de no pocos ¿responsables? políticos. Atenta contra la razón elemental que un gobernante interprete que se infringe la ley si una persona está apostada en el portal de una casa sita en plena vía pública, cuando sus propias decisiones o las de sus colegas conllevan unos recortes salvajes en becas, ayudas, recursos, infraestructuras, profesorado, servicios y personal auxiliar que afectan al estómago, al cerebro y al cabal desarrollo físico y mental de los estudiantes, y que penetran así en la intimidad de sus comedores, sus platos, sus dormitorios, sus cocinas y sus cuentas de ahorro.

4. Usted me ha clasificado también como infractor de una Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Tengo conocimiento de que usted ha empleado esta misma Ley para sancionar sañudamente pacíficas acciones ciudadanas, pero me pregunto si usted dispone de otras herramientas y vías políticas que no sean la detención, la identificación, la sanción y el acabamiento en tribunales de ciudadanas y ciudadanos que se limitaban a ejercer y reclamar sus derechos. Ateniéndonos a los hechos, debería usted plantearse este asunto muy en serio.

5. Ni que decir tiene que está usted en su derecho de incoar un expediente sancionador de lo que estime oportuno. Por mi parte, le informo que resulta sorprendente que el Gobierno del que usted es Delegado multe acciones como las que pacífica y diariamente efectúo, pero indulte, proteja, justifique o maquille acciones delictivas de grueso calibre perpetradas por personas poderosas e influyentes, que en buena parte han llevado al país a la situación de emergencia en que se halla y que, en algunos casos, pertenecen o han colaborado estrechamente al Partido Popular.

6. Desconozco la cuantía de la multa, si usted finalmente decide ejecutar la sanción. Ruego, en cualquier caso, que transmita a sus superiores que hagan lo posible para que la banca devuelva al pueblo a la mayor brevedad posible los 41.300 millones de € sustraídos al pueblo y provenientes del dinero público para el rescate de las trampas y las deudas de las entidades financieras o los más de 108.000 millones de euros de deuda ilegítima del Estado (según datos de 2010). Con ese dinero habría sobradamente para becas de comedor, becas para material escolar, bajada sustancial de tasas, profesorado suficiente y adecuado, ratio alumnos/aula racional, atención a la diversidad, y para que ustedes no recorten más en lo que no deben, etc.

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

 

©2009 ECONOMÍA PARA LAS PERSONAS | Template Blue by TNB