El Gobierno anuncia una nueva reforma, otra que no estaba en su programa: la del derecho a la huelga. «Soy partidario de una ley de servicios mínimos para que se cumplan» -explicó Rajoy-. «He encargado que se estudie para hacer compatible el derecho a la huelga y la libertad de los ciudadanos». Su propuesta parte de cinco falacias, tan obvias como fácilmente desmontables.
1. El Gobierno no busca regular los servicios mínimos, sino restringir el derecho constitucional a la huelga. No hay más que ver el momento en el que llega esta propuesta: tras el triunfo de la huelga de limpieza en Madrid, que ha demostrado que es falso eso de que la movilización no sirva para nada. Los trabajadores evitaron los despidos porque su protesta fue visible y los ciudadanos trasladaron esa presión al ayuntamiento. En eso consisten las huelgas o las manifestaciones. Y aquellos que proponen huelgas que no se noten, o manifestaciones en las afueras de las ciudades para que no las vea nadie, piden poner alambre de cuchillas a los derechos fundamentales de los trabajadores.
2. Los servicios mínimos ya están regulados. Que no haya una ley específica no significa que no exista regulación. Además de las leyes, en un Estado de derecho existe la jurisprudencia. En el caso de los servicios mínimos, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que fija claramente en qué consisten y cómo se aplican esos servicios mínimos. Además, la Constitución lo que pide es una ley que regule «los servicios esenciales de la comunidad», que no son lo mismo que los servicios mínimos.
3. No son los trabajadores quienes abusan de los servicios mínimos. Al contrario, suele ser la administración pública cuando ejerce como patronal quien sistemáticamente los incumple, fijando unos servicios mínimos abusivos que después suelen rechazar los tribunales. La ventaja para los gobiernos es que la sentencia normalmente llega meses o incluso años después de que la huelga haya terminado. Así pasó en la huelga de Metro de Madrid del 2010, donde el Gobierno autonómico fijó unos servicios mínimos del 50% que luego los tribunales rechazaron.
4. Quienes violentan el derecho a la huelga no son los piquetes. Los datos son claros y salen del CIS, que en el 2012 realizó una encuesta tras la huelga general del 29 de marzo. En ella se demuestra que son más del doble los trabajadores que quisieron hacer huelga pero no pudieron -por la presión de la patronal o por miedo al despido- que aquellos que se vieron obligados a respaldar la huelga contra su voluntad.
5. El derecho a huelga forma parte de la libertad de los ciudadanos, no está en su contra. Y contraponer ambos derechos es, simplemente, intentar enfrentar a unos ciudadanos contra otros para que una minoría gane de nuevo en un momento en el que los más débiles están pagando todos los platos rotos.
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