¿SON ÉSTOS LOS PAÍSES MÁS FELICES DEL MUNDO?

Iñaki Berazaluce

Costa Rica es el país más feliz del mundo. Al menos, esto es lo que sostiene el Happy Index Planet (Índice de Felicidad del Planeta), una métrica para medir la felicidad de los habitantes del mundo que quiere ser una alternativa a el PIB, PIB per capita y demás índices basados en la producción, el gasto y los ingresos. El HIP es una creación de la New Economics Foundation, un grupo de economistas disidentes de la ortodoxia contable.

Para elaborar la clasificación, el índice se atiene a tres variables: los años de vida (con datos delÍndice de Desarrollo Humano), la satisfacción vital (a partir de la encuesta Mundial de Gallup y del Estudio de Valores Mundiales) y la huella ecológica del país (Red de Huella Global y WWF). El sorprendente resultado es que los países occidentales están fuera de una lista (Alemania, el primero, no aparece hasta el número 51, y España en el 76, ligeramente por encima de…¡Irak!) copada por los países latinoamericanos:

1. Costa Rica
2. República Dominicana
3. Jamaica
4. Guatemala
5. Vietnam
6. Colombia
7. Cuba
8. El Salvador
9. Brasil
10. Honduras

Según contó Nic Marks en una reciente charla en TED Talks, “La gente quiere felicidad, amor, salud y sólo en cuarto lugar, riqueza. ¿Por qué los estadísticos no miden estas variables? Esto es lo que he tratado de hacer en The Happy Planet Index”. Para hacerlo han seleccionado las variables referidas arriba, que introducen un sesgo ecologista en el resultado global.

Sería interesante hacer un ejercicio de metanálisis a partir del Índice de Felicidad que propone NEF. Consistiría en medir los flujos migratorios entre países, para comprobar si la gente tiende a establecerse en países más o menos felices. La lógica dicta que, de poder elegir, una persona tenderá a buscar su lugar de residencia allí donde mayores sean sus posibilidades de ser feliz (recordemos las prioridades: felicidad, amor y salud). Dudo mucho que haya cola para emigrar desde Nueva Zelanda (puesto 103 en la clasificación) a El Salvador (puesto 8).

El índice de los británicos no es el primer intento de medir la felicidad de los ciudadanos. El rey de Bután ya propuso en 1972 un medidor de calidad de vida llamado Felicidad Nacional Bruta. Muchos vieron en aquella propuesta una manera de soterrar las míseras condiciones de vida de buena parte de los habitantes de este aislado estado asiático.

Marks tiene razón en una cosa: hace tiempo que el bienestar material dejó de aportar felicidad en las naciones más prósperas…Lo que no quiere decir que su Happy Index sea el más adecuado para medir la felicidad o el bienestar de los ciudadanos. Con la excepción de Costa Rica y ciertas zonas de Brasil, los países que aparecen en el mapa son algunos de los lugares menos recomendables para vivir en el mundo, bien por la tremenda inseguridad (El Salvador, Jamaica, Honduras o Colombia) bien por ausencia de libertades civiles (Cuba), bien por la pobreza extrema (todos los citados) o por una combinación de todos ellos.

Como dijo Nic Marks en su chara, “tenemos que seguir elevando la calidad de vida y el progreso humano sin incrementar la huella ecológica. Nadie quiere un escenario apocalíptico para 2050”. Cierto es, pero sin olvidar la libertad individual, las garantías jurídicas, la seguridad y la educación.

Visto en TED.

LA ECONOMÍA PARTICIPATIVA ES UNA NECESIDAD

Hablamos con Robin Hahnel, economista radical y activista político en Washington, sobre modelos económicos útiles para escapar del capitalismo.

Jon Bernat, en 'Diagonal'

DIAGONAL: ¿Podrías definirnos las ideas que, junto a Michael Albert, has desarrollado en el modelo de la Economía Participativa?

ROBIN HAHNEL: Es una alternativa al capitalismo y al socialismo de mercado, porque es un sistema de planificación participativa bastante completo, ya que permite analizar cómo se toman las decisiones. Refleja las posiciones del socialismo libertario desde hace años y en sus diversas tradiciones. Tiene varias partes: con respecto al trabajo, hay un consejo de trabajadores, donde cada persona tiene un voto de cara a la toma de decisiones. También se propone que los consumidores se organicen formando consejos en sus barrios. Proponemos que los consejos de trabajadores y los consejos de consumidores, en sus barrios, realicen sus propuestas de lo que quieren hacer, desde el punto de vista de producir o consumir, y ellos mismos negocien cómo van a unir eso en un plan anual factible. Desde mi punto de vista, esta idea de planificación enfatiza que los trabajadores y consumidores participen en la formulación de sus propias actividades. Esto se distingue de otras concepciones de planificación mediante representantes que van a reuniones de planificación a gran escala.

En nuestra opinión esto no da suficiente autonomía a los trabajadores en sus propias empresas y a los consumidores en sus barrios.

D.: Y en los consejos de trabajadores, ¿cómo se reparten los frutos y ganancias del trabajo?

R.H.: Esto también es parte de nuestra propuesta, en la que se remunera a los trabajadores según su esfuerzo. Esto se decide por los propios trabajadores dentro del consejo, en función, por ejemplo de las horas trabajadas. A veces las horas de unos no suponen lo mismo que las horas de otros: nadie mejor que el propio consejo y las personas con las que uno trabaja para evaluar esto. Es necesario reconsiderar cómo se organiza el trabajo para construir una economía socialista libertaria. Algunas tareas aumentan el poder de la persona para participar en la toma de decisiones. Hay que reorganizar el trabajo para que todos tengan acceso a tareas que dan el poder de participar. Hay que alternar las tareas para que no haya personas que siempre tengan que asistir a reuniones y evaluar situaciones mientras otras están siempre trabajando con las manos.

Si dejamos la organización de esta manera, llegamos a la forma tradicional tanto del capitalismo como del socialismo soviético del siglo XX, donde, aunque cada trabajador tenga su voto, se da una democracia formal, pero no real. Hay que transformar el trabajo si queremos una situación en la que se dé una participación efectiva para que cada persona tenga acceso y oportunidades en la toma de decisiones.

D.: ¿Qué estrategias de transición pueden establecer los movimientos sociales para avanzar hacia este modelo?

R.H.: Depende mucho de los países y las condiciones de sus movimientos sociales. Desde mi punto de vista, esta sociedad socialista libertaria que proponemos es una sociedad democrática, por tanto la mayoría de la gente tiene que estar a favor de este sistema. Tenemos que buscar la manera de hablar, comunicar y convencer a la mayoría de que este sistema es preferible al capitalismo. Desde mi punto de vista, hay que aumentar los movimientos reformistas pero populares. El movimiento sindical, el movimiento de consumidores, el movimiento de mujeres, el movimiento contra la guerra... necesitamos que estos crezcan, aunque pienso que esto, realizado de forma aislada, nos llevaría al fracaso, como sucedió con el movimiento que dio lugar a la socialdemocracia en el siglo XX, que se limitó a su carácter reformista y nada más. Yo pienso que al mismo tiempo que se fortalecen estos movimientos reformistas dentro del capitalismo se fortalecen las ideas de cambio, pero a la vez tenemos que potenciar experimentos de cooperación equitativa, organizando cooperativas de consumidores, cooperativas de productores y una larga variedad de instituciones no capitalistas. Hay que ir en una vía paralela, ya que una vez que una parte importante de la población entienda que sería mucho mejor organizar la economía de una forma totalmente diferente a la del capitalismo, se deben empezar a organizar los consejos en los centros de trabajo y en los barrios. Creo que no es realista en la mayoría de países, especialmente en EE UU, pensar que podemos empezar a construir ahora los consejos que un día nos permitirán organizar la economía y la sociedad de una forma nueva. Tenemos mucho trabajo que hacer antes de llegar a la situación donde pueda empezarse este proceso. En otros países puede ser muy distinto. Por ejemplo, en Venezuela lo pueden hacer y lo hacen ahora. En Cuba podrían hacer un cambio en el sistema de planificación que sería magnífico y que podría hacerse bastante rápido. Pero en la mayoría de los países capitalistas todavía tenemos mucho trabajo para aumentar la influencia de este tipo de propuestas.

IMPUESTOS, DÉFICIT Y EMPLEO

Vicenç Navarro

La nueva sabiduría convencional es que, en momentos de recesión como el actual, no hay que subir impuestos, pues ello reduciría la capacidad de compra de los ciudadanos, disminuyendo la demanda de productos y servicios, y con ello la capacidad de estimular el crecimiento económico. Esta postura está ampliamente extendida en España, lo cual explica la reacción negativa que la propuesta del ministro de Fomento, José Blanco, ha tenido en centros financieros y empresariales del país y en los mayores partidos de la oposición conservadora y neoliberal en las Cortes españolas. Ello forzó a la vicepresidenta segunda del Gobierno socialista español, Elena Salgado, a clarificar que el Ejecutivo no piensa subir los impuestos sobre la renta, excepto en pequeñas variaciones, para conseguir mejorar su equidad.



La evidencia existente, tanto en EEUU como en la Unión Europea, no avala, sin embargo, los supuestos que apoyan tal sabiduría convencional. Es cierto que los impuestos sobre el consumo (como el IVA) pueden reducir la demanda. Ahora bien, incluso en este caso, su impacto reductor de tal demanda depende mucho del tipo de consumo que se grave. La experiencia en EEUU muestra que, como resultado de la enorme polarización de las rentas y su gran concentración en unos sectores muy minoritarios de la población, la gravación del consumo de lujo apenas ha afectado a su demanda, lo que demuestra que la crisis apenas ha tocado a las rentas superiores. Es una lástima que el Gobierno no haya sido suficientemente sensible en este punto, al no centrarse más en el consumo de las clases más adineradas.

Pero el mayor problema no es este. Que los impuestos reduzcan la demanda depende no sólo del origen de los fondos públicos, sino del destino de tales fondos. Si el Estado gasta estos fondos en reducir el déficit, por ejemplo, el impacto en el crecimiento económico es menor e indirecto. Se asume que la reducción del déficit aumentará la confianza de los mercados financieros y reducirá los intereses de los pagos de la deuda, lo cual permitirá mayores inversiones y mayor gasto público. Esta es la mayor justificación para reducir el déficit.

Sin desmerecer la importancia de este argumento, el hecho es que se basa en la fe y en la esperanza de que las cosas ocurrirán de esta manera. Pero lo cierto es que las dudas que existen acerca de la economía española radican no tanto en el déficit público, como en su escaso crecimiento económico. Creerse que se reactivará la economía a través de la reducción del déficit (conseguido a través de reducciones de gasto público e impuestos que afectan predominantemente al consumo de las rentas medias y bajas) es un error que se incrementaría todavía más con las propuestas de los partidos conservadores-neoliberales de la oposición, que van incluso más allá y desean reducir también los impuestos sobre la renta.

En realidad, lo que debería hacerse es aumentar la progresividad de los impuestos, tanto los del consumo como los de las rentas, incrementando notablemente los impuestos sobre el consumo de lujo y sobre las rentas superiores, corrigiendo además el enorme fraude fiscal (que beneficia principalmente a tales rentas). El aumento de los ingresos al Estado debería gastarse predominantemente en crear empleo, que es la intervención pública más eficaz para estimular la demanda y el crecimiento económico, corrigiendo los dos mayores problemas que tiene la economía española; es decir, las bajas tasas de ocupación y el elevado desempleo. De ahí la enorme importancia y urgencia de que existan políticas redistributivas que permitan al Estado transferir fondos de las rentas altas a las rentas medias y bajas mediante la creación de empleo por parte del Estado (central, autonómico y local), sobre todo en áreas como en la infraestructura social (en los servicios públicos del Estado del bienestar), en la física (sistemas de transporte público) y nuevas áreas productivas ecológicas, que permitan aumentar la cohesión social y la eficiencia económica del país.

La evidencia de la superioridad de esta estrategia sobre la que se está siguiendo, no sólo en España, sino en la mayoría de países de la UE, es abrumadora. Basta con ver los datos. Los países del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, son los países que tienen mayor carga fiscal (la de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia es equivalente al 47%, 48%, 42% y 42% del PIB, respectivamente). También son los que cuentan con una mayor progresividad de tal carga, de manera que son los que tienen menos desigualdades sociales en Europa. Estos elevados ingresos se invierten en las infraestructuras sociales y físicas, creando ocupación, bien a través de los servicios del Estado del bienestar, bien a través de servicios que faciliten la integración de la mujer al mercado de trabajo (lo que llamé en su día el cuarto pilar del bienestar; es decir, escuelas de infancia y servicios domiciliarios), aumentando la ocupación. Como consecuencia de ello, son países con elevadísimas tasas de empleo (Suecia, 72,2%; Dinamarca, 75,7%; Noruega, 76,8%, y Finlandia, 68,7%) y bajo desempleo, mucho menor que el promedio de la UE-15 (9%).

Los países del sur de Europa están en el polo opuesto. Son estados que han estado gobernados históricamente por las derechas y cuyas izquierdas gobernantes han tenido en sus áreas económicas una orientación escasamente keynesiana. Como consecuencia, tienen una carga fiscal muy baja (España, Grecia y Portugal tienen una carga fiscal del 33%, 31% y 36% de PIB, respectivamente, habiendo incluso descendido este año al 30% en España, el más bajo de la UE-15), una gran regresividad fiscal, unas enormes desigualdades (las mayores en la UE-15), un Estado del bienestar subfinanciado, una tasa de ocupación muy baja (España, Portugal y Grecia tienen unas tasas de ocupación del 59%, 61,3% y 66%, respectivamente) y un desempleo elevado, mayor que el promedio de la UE-15. A la luz de tal evidencia, es preocupante ver que el equipo económico del Gobierno parece resistirse a corregir estos enormes déficits.