LA LOCA HISTORIA DEL ESTADO ESPAÑOL

Víctor Lapuente Giné, en 'eldiario.es' 

Uno de los artículos más provocadores de los últimos meses ha sido Una Teoría de la Clase Política Española de César Molinas, en el que el autor adaptaba al caso español la teoría de las élites extractivas del libro del momento en economía política: Por qué fracasan las nacionesde Acemoglu y Robinson. Molinas escribe un artículo, como mínimo, poco riguroso, hilvanando en una narrativa llena de metáforas efectistas (Frankensteins, calamares vampiros, leones y otros animales) fenómenos muy diversos y demostrando un pobre dominio de la literatura sobre los efectos de los sistemas electorales y otras instituciones sobre la calidad de gobierno en un país. Sin embargo, me gustaría celebrar que Molinas ponga sobre la mesa el “conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España”.

Sí, es cierto que es una expresión que, en distintas versiones, hemos oído hasta la saciedad recientemente. Pero, si nos detenemos a pensar un poco, nos daremos cuenta que a lo largo de nuestra historia reciente, especialmente en momentos constitucionales o formativos de nuestras instituciones (ya sea a nivel central, autonómico o local), es un conflicto que ha quedado relegado en el debate público a un plano menor. Los conflictos a resolver eran entre los representantes políticos de distintos grupos: izquierdas versus derechas; centralizadores vs separatistas; empresarios vs trabajadores; anti- vs clericales. Sin embargo, el potencial conflicto entre los gobernantes en su conjunto –que gozan por definición de múltiples ocasiones para abusar del poder en beneficio propio o de sus allegados– y el resto de ciudadanos ha sido descuidado. En primer lugar, por unos pensadores políticos, líderes de opinión y padres fundadores (ya sean de nuestras constituciones, estatutos o similares) muy “políticos” y, en general, poco versados en la tradición de pensamiento liberal.

EL DESPRECIO POLÍTICO AL FUNCIONARIADO

Francisco J. Bastida, en 'lns.es'

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.