"EL FMI SE CREE DIOS"

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, critica la injerencia del organismo internacional al pedir a los juzgados españoles que avalen los despidos derivados de la reforma laboral.

Público

El Fondo Monetario Internacional"parece querer convertirse en una divinidad de adoración obligatoria", al reprochar a los jueces españoles estar perjudicando la reforma laboral del Gobierno con una interpretaciòn restrictiva de los despidos. Es la opinión del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que ha criticado duramente en un comunicado al FMI por sugerir "la supresión del poder judicial en material laboral y la vuelta a las relaciones laborales del siglo XIX".

El portavoz de la asociación progresista de jueces destaca que el FMI quiere que "nuestros tribunales actúen de acuerdo con unos objetivos económicos prefijados, sin tener en cuenta los derechos de las partes en los procedimientos laborales". De ese modo, olvida que "la jurisdicción social española resuelve jurídicamente los litigios con una ponderación adecuada de los legítimos derechos e intereses de las empresas y de los trabajadores, a través de las soluciones correctas jurídicamente para cada caso concreto".

¿QUIÉN DESACREDITA A ESPAÑA?

Vicenç Navarro

Las fuerzas conservadoras que dominan grandes sectores del aparato del Estado, tanto en su rama legislativa y ejecutiva, como en la jurídica, se han movilizado inmediatamente para apoyar la decisión del Tribunal Supremo de sancionar al juez Garzón, cuestionada ampliamente por la ciudadanía, la mayoría de la cual cree (un 62%), con razón, que ha habido un linchamiento al juez Garzón a fin de expulsarlo del cuerpo judicial, como consecuencia, entre otros hechos, de su investigación de los crímenes cometidos por la dictadura. Y, por si ello no fuera suficiente, han amenazado con tomar medidas sancionadoras, a través del Ministerio Fiscal, hacia aquellos ciudadanos que han indicado que tal decisión es errónea, injusta y contraria al espíritu democrático que debiera imbuir a todas las estructuras del Estado incluyendo el Tribunal Supremo.

Un ejemplo de tal movilización conservadora son las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochó a quienes se han atrevido a cuestionar la decisión de los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, insinuando que sería una acción apropiada por parte del fiscal del Estado el tomar medidas represivas frente a tales personas críticas del Tribunal Supremo. En su conferencia de prensa, se mostró indignada por el desprestigio que tales declaraciones críticas causan internacionalmente al Estado y al propio Tribunal Supremo, argumento repetido también en varias ocasiones por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (Gabriela Bravo).