LA VIVIENDA COLABORATIVA, UNA OPCIÓN QUE GANA ADEPTOS EN TIEMPOS DE CRISIS

EFE - Vitoria

La vivienda colaborativa, un modelo extendido en el norte de Europa, llega a España como una forma de acceder a una casa sin necesidad de hipotecarse o de depender de un banco y como una alternativa para las personas mayores que no quieren acabar en una residencia.

El "cohousing" es una alternativa a la vivienda convencional que funciona desde hace más de 100 años en los países escandinavos, Alemania, Latinoamérica, Estados Unidos o Gran Bretaña. En Dinamarca, el 10 por ciento de las viviendas funciona bajo este modelo.

En España hay varios colectivos que promueven esta iniciativa bajo una cultura del ahorro y de la eficiencia, a través de un acceso a la vivienda no especulativo, en el que su uso y gestión se hace de forma cooperativa.

Uno de estos movimientos es el colectivo Cover, que busca cinco familias para impulsar viviendas colaborativas en Maeztu (Álava), a escasos kilómetros de Vitoria.

PRECIOS DE SALDO Y REBAJAS FISCALES ANIMAN A LOS FONDOS A APOSTAR POR EL ALQUILER EN ESPAÑA

Esperanza Aguirre entrega las llaves de la mayor promoción de vivienda pública en 2011 de la Comunidad de Madrid.

- Un nuevo vehículo financiero, las socimis, permite apostar por el alquiler español sin pagar ni un céntimo de Impuesto de Sociedades y con descuentos del 95% en otros tributos
- Los precios de saldo y el agotamiento de otros mercados vuelven a colocar a España como destino estrella de la inversión inmobiliaria mundial

Pilar Blázquez, en eldiario.es

Apenas cinco años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, España vuelve a ser el centro de atención mundial de los interesados en invertir en ladrillo. Aunque ahora el caramelo ha cambiado de envoltorio. Ya no se trata de comprar para vender rápido. "Los inversores quieren ir tomando posiciones para cuando llegue la recuperación de los precios. Y eso no ocurrirá antes de 2016", advierte Andrés Escarpenter, consejero delegado de JLL –una de los principales consultoras inmobiliarias– en España. Pero nada de esperas pasivas.

El tiempo hay que rentabilizarlo y para ello nada mejor que aplicar un modelo que triunfa en otros países y que los fondos internacionales van a hacer despegar en España: el alquiler profesional. La mejor forma de matar el tiempo mientras vuelven las vacas gordas es alquilar.

En este sentido, profesionalizar el alquiler es una tendencia a la que se están apuntando no sólo los fondos internacionales, también las fortunas españolas y extranjeras. Es el caso de George Soros y John Paulson, que han anunciado una inversión en Hispania, el vehículo inversor de Azora, propiedad de Goldman Sachs, que hace unos meses compró las viviendas de alquiler público de la Comunidad de Madrid.

BARCELONA IMPONDRÁ MULTAS DE HASTA 100.000 EUROS SOBRE LOS PISOS DESOCUPADOS

El Ayuntamiento de Barcelona aprueba una moción presentada por la PAH para sancionar a los propietarios de viviendas vacías, empezando por las "entidades financieras y grandes empresas".

Europa Press - Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha suscrito este viernes una declaración institucional impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que avala multar hasta con 100.000 euros a los propietarios de pisos vacíos que estén permanentemente vacíos.

Según se recoge en la moción, se empezaría por los pisos en desocupación permanente en manos de "entidades financieras y grandes empresas", y también se insta a la Generalitat a tomar medidas dentro de sus competencias.

La moción ha tenido el aval de todos los partidos menos el PP, cuyo líder municipal, Alberto Fernández Díaz, ha explicado que han optado por la "abstención" porque ven lagunas en el texto, al considerarlo generalista y de difícil aplicación.

El teniente de alcalde Antoni Vives ha destacado que el Gobierno ha trabajado con la PAH esta moción, y ha advertido que no es ningún "anécdota", por lo que el consistorio trabajará para aplicarla.

El alcalde, Xavier Trias, ya anunció a mediados de enero su intención de sancionar a las entidades financieras con viviendas vacías en zonas necesitadas de pisos, como los barrios de Ciutat Meridiana, Trinitat Vella y el suroeste del Besòs, donde más desahucios.

Barcelona se suma de este modo a la veintena de consistorios catalanes que han adoptado esta medida. El primero de ellos fue Terrassa.

EUROPA MULTA, EXPROPIA E INCLUSO DERRIBA LAS VIVIENDAS DESOCUPADAS

La mayoría de los países de la UE tienen medidas que penalizan lo que consideran una patología urbana. En Suecia y Alemania está hasta contemplado el derribo de bloques enteros que estén en esta situación.
 
Olga Granado, en 'eldiario.es'

La Junta de Andalucía se ha fijado en las normas de naciones más cercanas, como Francia, para elaborar el decreto ley contra las viviendas desocupadas, en la que es quizá una de las legislaciones menos exigentes de la UE, porque lo cierto es que si se acude a estados como Holanda, a los países nórdicos o a Alemania, las leyes son todavía más tajantes contra este fenómeno.

Como norma general, en la mayoría de los países de la UE se aplican dos vías para luchar contra lo que considera una patología urbana: fomento de su rehabilitación, alquiler o venta (subvenciones para obras, seguros, avales, arrendamientos garantizados…), por un lado, y penalizaciones ante la permanencia voluntaria en desuso, por otro. Pero hasta ahora los pasos en este sentido en España han sido tímidos, pese a que bata el récord de Europa en viviendas vacías, desahucios y absoluto dominio de la propiedad frente al alquiler.

Lo intentaron en el País Vasco, con un normativa que incluía la expropiación de las viviendas vacías (comenzando por las protegidas) y un canon contra las mismas, y que finalmente fue tumbada por el rechazo de PNV, PSE y PP. Luego, en Cataluña con la Ley 18/2007, que preveía un sistema de alquiler forzoso para viviendas vacías a las que durante varios años se les hubieran ofrecido ayudas para su rehabilitación y garantías para el arrendatario siendo rechazadas y estando en un área de acreditada demanda: también fue derogada. Por eso, ahora Andalucía se pone a la vanguardia con su decreto ley de medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

¿ES EL EMPLEO UN SISTEMA OBSOLETO EN LA ACTUALIDAD?

 Lucio Montlune, @paradoxeparadis 

El empleo es un concepto que, afortunadamente, podría volverse pronto obsoleto; el trabajo y la creación de un valor para la sociedad poco tienen que ver con la esclavización de las personas ante un empleador.

“La emancipación siempre llega puntual, llegar tarde a esa cita sería un pecado”

Con la consolidación de las tecnologías digitales como un pulso omnipresente en nuestra cotidianidad, las estructuras sociales, los patrones culturales y los conceptos rectores de la psique colectiva han experimentado una transformación tan radical y acelerada que quizá seamos parte de la mayor revolución sociocultural de la historia humana.

Y al igual que toda transformación, este proceso ha cobrado múltiples “víctimas”, es decir, aquellas instituciones, sistemas y organismos que no son capaces, por su propia naturaleza o por simple abstinencia, de sintonizarse con las pautas del actual escenario. Y entre estas “víctimas” podemos considerar la pérdida de miles de negocios y millones de empleos que han dejado de ser relevantes para las tendencias socioeconómicas que rigen esta nueva realidad.

Un caso interesante es el de las oficinas de correo, que año con año, desde hace una década, han visto cómo el número de usuarios que recurren a sus servicios va desplomándose. En el caso de la oficina estadounidense de correos, el U.S. Postal Service, ha perdido tantos usuarios que incluso se maneja la posibilidad de su cierre en el corto plazo, lo cual dejaría sin empleo a cerca de 600,000 personas (tan solo en los últimos 4 años los envíos disminuyeron un 22% ante la masiva popularización y tajante practicidad de herramientas como el correo electrónico).

EL TRATAMIENTO DE LA VIVIENDA VACÍA EN LOS PAÍSES MÁS AVANZADOS DE LA UE

Javier Burón Cuadrado,  miembro de Ekiten Thinking

En las siguientes líneas quisiera aportar algunos datos, así como mi opinión, sobre el diferente tratamiento que recibe la vivienda vacía en algunos Estados de la UE[1] y en España.

Si tuviera que señalar dos grandes diferencias estructurales, diría que, en muchos países de la UE, la vivienda vacía se considera una patología urbana, económica, social y medioambiental.Partiendo de este principio, el derecho de propiedad es modulado en función del interés general. La vivienda vacía, en tanto que externalidad colectiva, implica una acción estatal que tiende a evitar que este fenómeno se produzca, a través de dos grandes tipos de medidas: 1) el fomento público de su rehabilitación, alquiler o venta; y 2) la penalización de la permanencia voluntaria en desuso.Frente a esta situación, buena parte de la población española no considera que la vivienda vacía sea un problema, y entiende que la propiedad privada —«sacrosanta»— faculta a los titulares de vivienda para hacer con ella lo que les venga en gana; este es, prácticamente, el uso y abuso del derecho romano de hace dos milenios.

Estas diferencias en materia de vivienda vacía entre buena parte de la UE y España son más materiales o prácticas que formales o jurídicas, pues nuestro país se adscribe a la ortodoxia del Estado social y democrático de derecho. Así, nuestra Constitución establece que toda propiedad está orientada a su función social (que deberá ser concretada por las leyes); toda la riqueza nacional, con independencia de su clase, está orientada hacia el interés general; y el sector público está habilitado para intervenir en la economía. Proclamaciones de este tipo son habituales en las constituciones y leyes de otros Estados de la UE. En su caso, no obstante, han ido seguidas de prácticas administrativas de fomento de la movilización de la vivienda vacía y penalización de la resistencia a esta. En el caso de España, el mandato constitucional solo ha producido tímidos y muy polémicos despliegues en Euskadi y Cataluña a finales de la pasada década, y ahora en toda España con motivo de las okupaciones promovidas por el movimiento 15M.

EL PROBLEMA DE LA HIPOTECA

Cerca de 7.500 familias serán embargadas o desahuciadas durante la campaña electoral, según Adicae

La asociación de consumidores reclama a los partidos políticos la necesidad de emprender medidas urgentes como una moratoria de tres años en los desahucios y ejecuciones hipotecarias

Cerca de 7.500 familias españolas serán embargadas o desahuciadas de sus viviendas por impago de la hipoteca durante los 15 días que dura la campaña electoral, según los datos aportados por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae).

La asociación quiere alertar así a los partidos políticos de la necesidad de emprender medidas urgentes contra la "explosión de la burbuja hipotecaria" que está teniendo lugar en España, según explicó a Europa Press el presidente de Adicae, Manuel Pardos.

LOS JUECES PIDEN UNA REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA PARA QUE LA CASA SALDE LA DEUDA

Neus Gómez Valencia 

La casa debe saldar la deuda hipotecaria con el banco. Esta es la premisa sobre la que parte la asociación valenciana Jueces para la Democracia para abogar por una reforma del Código Civil al que consideran "injusto". En estos términos se expresa desde la asociación su portavoz Joaquín Bosch, quien sostiene que "los bancos no pueden pretender seguir obteniendo beneficios a costa de un endeudamiento de por vida de sus clientes, como sucede en muchos casos".

Los jueces progresistas sostienen que los bancos deben asumir sus responsabilidades sobre la crisis económica y financiera por la que atraviesa el país. Y sostienen que la dación de la vivienda como pago de la hipoteca debe ser considerado como un pago "justo", independientemente de cómo puedan llegar a fluctuar las tasaciones y los valores de las viviendas en el mercado en situación de bonanza o de crisis. Ya que, según exponen, "el banco aceptó una tasación y en función a ella, concedió una hipoteca. Por lo tanto, esa hipoteca vale lo que vale la vivienda. No hay por qué pagar más y endeudar al máximo a una familia que ya ha perdido su hogar", sostiene Bosch.

Sin embargo, los magistrados no ponen ahí el freno. "También habría que considerar que el nuevo texto legal, ya reformado, tuviera un carácter retroactivo. Para conseguir compensar a los ciudadanos que ya se encuentran en una situación desesperada", sostiene.

"UNA VIVIENDA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN CUESTA OCHO O NUEVE MILLONES DE PESETAS"

ENTREVISTA A JUAN MANUEL SÁNCHEZ GORDILLO, ALCALDE DE MARINALEDA

fotocasa.es

Marinaleda es un municipio sevillano de 3.000 habitantes con una tasa de paro del 0% y donde sus vecinos pagan 15 euros mensuales de hipoteca hasta alcanzar un coste total de ocho o nueve millones de pesetas (entre 48.000 y 54.000 euros) para una vivienda de nueva construcción. Juan Manuel Sánchez Gordillo es el alcalde del municipio y uno de los artífices de esta realidad que a día de hoy parece impensable.

¿Qué política de vivienda aplican en el municipio?
Consideramos que la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio. Es un bien que está reconocido por la Constitución como una necesidad humana, por lo tanto no puede ser objeto de especulación. Pensamos que hace falta un nuevo modelo económico que piense en el ser humano y en sus necesidades y no en los beneficios de una minoría. Hemos pasado de ser un pueblo de pleno paro a pleno empleo en el que todos los habitantes trabajan en cooperativas industriales o agrícolas ganando 47 euros al día por seis horas de jornada laboral.

¿Se ha mostrado mucha gente interesada en residir y trabajar en Marinaleda?
Sí, pero hay que entender que esto se ha levantado con mucho esfuerzo y mucho trabajo. 600.000 personas necesitan vivienda sólo en Andalucía, pero no podemos dar respuesta a todo el mundo, por eso hemos impuesto como requisito para acceder a una vivienda llevar dos años residiendo en Marinaleda, aunque sí tratamos de ofrecer trabajo a tantas personas como podemos.