Os adjunto la iniciativa que acabamos de presentar en el registro del Congreso de los Diputados. Una iniciativa necesaria para apoyar al pueblo griego y también para ayudar a la economía española:
El reciente triunfo electoral del partido político SYRIZA en Grecia -y la consiguiente formación de un nuevo Gobierno de izquierdas en el país heleno- ha puesto de nuevo en la agenda política el debate sobre la deuda pública.
El Gobierno de Alexis Tsipras ha iniciado una campaña pública a nivel europeo para poner en marcha un gran acuerdo sobre la deuda pública. El nivel de deuda pública griega era en el año 2007 del 103% del Producto Interior Bruto (PIB), pero las políticas de austeridad de los últimos seis años han provocado un incremento espectacular del endeudamiento público. Actualmente la deuda pública griega se encuentra en el 182,4% del PIB. Así, las políticas de ajuste no sólo han provocado un escenario de emergencia social sino que han empeorado las condiciones macroeconómicas y dificultado, de esa forma, la devolución de la deuda.
Una circunstancia similar ha ocurrido en España, pero agravada por el hecho de que en nuestro país la deuda antes de la crisis estaba en un nivel mucho más bajo. En 2007 la deuda pública era del 35,5% del PIB, mientras que en noviembre de 2014 alcanzó un 96,8%. El gran problema de endeudamiento residía, y aún sigue haciéndolo, en el sector privado. Pero la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, filosofía que subyace a todos los rescates económicos impulsados por la troika y los gobiernos de España y Grecia, así como las consecuencias derivadas de las políticas de ajuste, han empeorado todas las condiciones económicas.
Las políticas de austeridad y el enorme lastre que supone la deuda pública hace inviable una recuperación económica compatible con el mantenimiento del Estado Social y la garantía de justicia social. Más al contrario, esa combinación es fatal para tanto la población como para las expectativas de devolución de la deuda. El frágil crecimiento económico no es suficiente para contrarrestar ni la desigualdad creciente, ni la merma en el Estado Social ni tampoco para poder garantizar la devolución de la deuda pública. Es importante tener en cuenta que el hecho de que este débil crecimiento económico se explique exclusivamente por el repunte de la demanda interna a costa fundamentalmente del ahorro de las familias evidencia que este tipo de crecimiento no puede ser duradero (en el tercer trimestre del 2014 los hogares españoles redujeron intensamente su ahorro hasta el 4,4% de su renta disponible, el nivel más bajo desde el verano de 2007).
A todo ello debemos añadir que una parte de esa deuda ha sido contraída para financiar rescates financieros, mientras que las mismas entidades rescatadas han especulado contra el Estado a través de las facilidades financieras abiertas por el Estado y por el Banco Central Europeo. Las ayudas al sistema financiero español han sido superiores al billón de euros en total, y la reciente política de barra libre del BCE es un ejemplo paradigmático de cómo determinados sectores económicos son privilegiados frente al conjunto del Estado. Una sociedad democrática que aspire a proteger a sus ciudadanos no puede tolerar tal discriminación, más aún cuando se carece de unos mínimos fundamentos para justificar tales políticas.
Si el Banco Central Europeo financiara directamente a los Estados permitiendo a los mismos acceder a un tipo de interés mucho más beneficioso que el que ofrecen los mercados la problemática de la deuda pública no sería tan destacada. Al fin y al cabo, desde 2008 hasta noviembre de 2014 la cantidad de intereses pagados por el Estado español ha incrementado la deuda pública en un 17,9% del PIB. Una buena parte de ese incremento podría haber sido evitada fácilmente si la autoridad monetaria hubiese actuado en consecuencia, financiando a los Estados directamente o interviniendo para mantener reducidas las primas de riesgo.
Por si fuera poco, el sistema financiero internacional que durante años prestó irresponsablemente al gobierno griego y a los bancos y a las empresas constructoras españolas ha aprovechado el diseño de las políticas de la troika para deshacerse progresivamente del riesgo económico en perjuicio de las instituciones europeas. Así, la deuda que tenían como acreedores ha ido traspasándose al público en general, en lo que es una verdadera estafa tolerada y promovida por los gobiernos y la Unión Europea. El caso griego es paradigmático: en el año 2008 la inmensa mayoría de los acreedores de la deuda pública eran entidades financieras privadas, mientras que en septiembre de 2014 el 70,5% de los acreedores eran Estados, fundamentalmente europeos. El resultado, que los grandes acreedores financieros han evitado importantes pérdidas que otros sujetos económicos hemos tenido que sostener.
La deuda pública de los países del sur no podrá ser pagada en las condiciones actuales. Se hace necesario llegar a un gran acuerdo europeo que permita reestructurar la deuda pública y privada de los países, especialmente del sur de Europa. Dicho acuerdo debería conllevar, al menos, las siguientes medidas: el alargamiento de los plazos establecidos, la disminución de los tipos de interés, la condonación parcial correspondiente a la deuda ilegítima y la garantía de financiación posterior por el BCE.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para:
Promover un Gran Acuerdo sobre la Deuda Europea, basado en los siguientes puntos:
La derogación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y del Pacto por el Euro Plus.
La derogación de toda referencia institucional a la prioridad absoluta del pago de la deuda, que en el ámbito español se establece en las normativas derivadas de la reforma constitucional del artículo 135 y en la propia reforma constitucional.
La puesta en marcha de una auditoría de la deuda pública en todos los países.
La reestructuración de las condiciones establecidas en los contratos de deuda pública, alargando los plazos de pago y reduciendo los tipos de interés correspondientes.
La puesta en marcha de un plan europeo de estímulo económico que permita superar la crisis social y económica y permita comenzar la corrección de los desequilibrios en las estructuras productivas de los países de la zona euro. La financiación correrá a cargo del BCE que, en condiciones de extraordinaria generosidad, priorizará la creación del empleo por encima de cualquier otro objetivo.
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