En España siempre ha habido, a lo largo de su historia, dos concepciones de España. Una, la España de siempre, continuadora de la España imperial, basada históricamente en la Corona de Castilla (lo que explica que la lengua oficial de España sea el castellano), con una visión jacobina del Estado, dominado este por la Monarquía, el Ejército, la Iglesia y los poderes fácticos –económicos y financieros– que dominan la vida económica y política del país. Esta España, centrada en Madrid, la capital del reino, es la que ha tenido y continúa teniendo como himno la Marcha Real, y como bandera la bandera borbónica. Su jefatura ha ido variando de monarcas a dictadores, y de dictadores a monarcas. Su Estado nunca ha respetado la plurinacionalidad de España. Un indicador de esta visión de España se conserva todavía en su sistema de transporte ferroviario, de claro carácter radial.
Ni que decir tiene que esta España ha ido variando con el tiempo y cambios notables han tenido lugar durante el periodo democrático como resultado de la influencia de los partidos democráticos y, muy en particular, de los partidos de izquierda, que han podido imprimir su propia marca democrática. Estos cambios, sin embargo, no han sido suficientes para hablar de ruptura con el Estado anterior, máxima expresión de aquella visión de España (ver mi artículoNo hubo ruptura durante la Transición, Público). Decir esto no quiere decir que el Estado democrático sea una mera continuación del Estado dictatorial (como se interpreta maliciosamente la observación de que no hubo una ruptura con el régimen anterior durante la Transición). Pero la evidencia muestra claramente que el Estado y su aparato tenían y continúan teniendo muchísimos elementos heredados del régimen dictatorial anterior, y que, obviamente, condicionaron y continúan condicionando en gran manera las políticas públicas del sistema político actual.
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