QUIÉN NOS HA VISTO Y QUIÉN NOS VE

Que un pacto de Estado que establece de hecho la cadena perpetua sea considerado en virtud de los réditos políticos que puede proporcionar, es un pensamiento que me ofende como ciudadana de la democracia a la que quise pertenecer

Maruja Torres, en El País

Aplastados. Principios que algunos aprendimos a defender o simplemente anhelar –y el mero anhelo nos hacía mejores– cuando la dictadura, precisamente porque esta los pisoteaba y porque eran signo de identidad de las democracias a las que queríamos parecernos, se evaporan. Aquellos no a la pena de muerte –esperad, y veréis–, no a la cadena perpetua, no al castigo carcelario entendido como venganza. Creíamos en el derecho a la rehabilitación del reo como creíamos que los enfermos mentales no tenían que ser abandonados en prisión, ni los niños nacidos con problemas debían ser entregados a instituciones psiquiátricas carcomidas por los prejuicios y el atraso. También pretendíamos que al conocimiento debíamos acceder por la comprensión, no por la memorización o la obediencia automática, que las humanidades eran necesarias no para ganarse la vida, sino para ennoblecerla.

Tanto como el pan y la casa, tanto como el trabajo y la asistencia sanitaria universal, eran importantes para el cambio, o al menos así lo reivindicábamos, otros derechos como el de caminar con la frente alta, el de no ser sospechosos de delito sin prueba alguna, el de no utilizar con los débiles la fuerza ciega. La justicia, y la compasión.

¿ALGUIEN SE PREGUNTA SI UNA LEY ES JUSTA? sobre la ley de educación

Soledad Gallego-Díaz, en El País

“Ya no nos preguntamos nunca si una sentencia judicial o un acto legislativo es bueno. ¿Es imparcial?, ¿es justo?, ¿es correcto? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor?”. No son preguntas ingenuas, impropias de ciudadanos de democracias maduras. Tony Judt, que realizó esa reflexión, no era un ingenuo, sino un intelectual valioso, a cuyos libros regresamos, agobiados y desconcertados, en busca de su análisis y de su inspiración. “Esas solían ser las auténticas preguntas de índole política, incluso aunque no invitaran a respuestas fáciles. Debemos aprender de nuevo a plantearlas”.

En ningún caso serían más oportunas esas preguntas que en materia de leyes sobre la educación. Un buen pacto sobre la educación, capaz de mejorar la calidad de la enseñanza, la formación de los profesores y la apreciación social de ese profesorado sería hoy tan importante como lo fueron algunos acuerdos de la Transición. De hecho, el mayor fracaso que puede haber para la generación que hizo aquella transición es el fracaso del pacto educativo. No puede existir una mayor decepción para esa generación, al margen de su raíz ideológica, que comprobar impotente cómo la organización educativa termina por acentuar las desigualdades. Qué mayor fracaso para todos que un joven o una muchacha que, estando capacitado, no continúa sus estudios por falta de recursos familiares y de apoyo social.

EL PACTO Y SUS SOMBRAS

Josep Ramoneda, en El País

España está en situación de emergencia: se está desangrando con una hemorragia de seis millones de personas excluidas del trabajo. El Gobierno declara su fracaso, al confesarse incapaz de cumplir en esta legislatura los objetivos para los que fue elegido. Es decir, la hemorragia seguirá y el país continuará perdiendo tono vital y capacidad de reacción. El partido socialista, al que la inacabable agonía del zapaterismo dejó en una anemia de la que todavía no se ha recuperado, no consigue dibujar una alternativa creíble. Los sindicatos, identificados como defensores de los que tienen empleo, son vistos por la mayoría como parte del desprestigiado universo institucional. Y la ciudadanía, sin futuro a la vista, siente un desamparo creciente. La suma de estos factores configura el escenario idóneo para que volvamos a dar vueltas a la noria del gran acuerdo de Estado. ¿Para qué? ¿Para salvar la cara a unos actores políticos y sociales en pleno declive incapaces de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía? ¿Para que cesen las demandas de una reforma institucional en profundidad, de un nuevo y real reparto del poder?

Creo que el pacto es imposible por dos razones: no hay voluntad real de alcanzarlo, solo se habla de acuerdo para cargar en el adversario la responsabilidad del fracaso. Y no se da el marco que lo haga posible, ni siquiera deseable.

Los sindicatos han planteado las dos condiciones básicas para un pacto sobre el empleo: retirar la reforma laboral del PP, que solo ha provocado más paro y regulación del mercado laboral a la baja, con caída de los salarios y más empleo precario; generar inversión con un fondo público y con presión sobre los bancos, que de algún modo tienen que devolver lo que la sociedad les está dando. Ninguna de estas condiciones es aceptable para el PP que, al tiempo que ha reconocido su fracaso, no tiene empacho en decir que no piensa cambiar de política. Al Gobierno el pacto solo le interesa si sirve para que los demás legitimen una política quemada. El PSOE habla de pacto para dar imagen de partido responsable, dispuesto a ayudar en un momento de dificultades. Pero en el fondo es la expresión de la incapacidad de definir una política alternativa real y de explicarla de modo creíble a la ciudadanía.