DIEZ APUNTES (Y UNA POSTDATA) SOBRE EL CESE DE PEDRO J

Jesús Maraña en infolibre.es

La destitución de Pedro J. Ramírez como director de El Mundo es una de las noticias más trascendentes de los últimos años en el ámbito periodístico, pero además tiene un calado político cuyas consecuencias exactas sólo podrán medirse con el paso del tiempo. Lo ya leído y escuchado estos días merece algunas consideraciones.

1.- Que el cese del fundador y director del segundo diario en papel de tirada nacional (y uno de los periodistas más influyentes de la democracia) fuera anticipado y analizado por medios digitales y en las redes sociales, no sólo antes sino más profundamente que por la prensa tradicional, lo dice todo acerca de la distancia entre los púlpitos periodísticos y la realidad de la comunicación con los ciudadanos.

2.- Argumentar que Pedro J. no habría sido destituido si El Mundoganase mil euros al año en lugar de perder 400 millones es una obviedad. También lo es recordar que otros diarios mantienen pérdidas millonarias sin que les cueste la cabeza a sus respectivos directores. Habrá otras prioridades.

LAS PREGUNTAS QUE MARIANO RAJOY HOY TAMPOCO CONTESTARÁ

Ignacio Escolar , en 'eldiario.es'

¿Por qué se esconde? ¿Por qué su partido lleva sin celebrar una rueda de prensa desde hace más de un mes? ¿Qué tiene que pasar para que usted dé explicaciones a los españoles? ¿No basta con que la Audiencia impute a tres extesoreros de su partido? ¿Considera usted que la transparencia consiste en hablar a los periodistas a través de una televisión de plasma?

¿Qué fue de esa auditoría externa que prometió hace dos meses? ¿Qué pasó con esas declaraciones de la renta que iban a presentar los principales dirigentes del PP y que aún estamos esperando? ¿Sigue comprometido con "decir siempre la verdad a los españoles" "y "no esconderse", como dijo en su discurso de investidura? ¿Sigue en vigor el " código ético" del PP o es también papel mojado?

¿Aún cree que " nadie podrá probar" que Luis Bárcenas no es inocente? ¿Se atreve a pronunciar en voz alta el nombre de ese extesorero que usted mismo ascendió, y del que ahora nunca habla? ¿Por qué siguió pagándole un sueldo de un cuarto de millón de euros anuales? ¿Por qué los principales dirigentes del PP, usted incluido, mintieron durante años, asegurando que Bárcenas había sido "apartado", cuando seguía cobrando y mantenía la secretaria, el despacho y hasta el chófer del partido?

"EN POLÍTICA NO EXISTE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SI TE ACUSAN, DIMITES"

ENTREVISTA A MANUEL VILLORIA, CATEDRÁTICO Y MIEMBRO DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Belén Lorenzana entrevista a Manuel Villoria en 'eldiarios.es' 

Empatado con Botsuana, España se sitúa en el puesto número 30 del mundo -13 en Europa- en el último Índice de Percepción de la Corrupción presentado por Transparencia Internacional hace apenas dos meses. Manuel Villoria (Madrid, 1957), miembro del Consejo de Dirección en España de esta única organización no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la corrupción -además de catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varias obras sobre el tema como 'La corrupción política' (Síntesis)-, desgrana las causas y consecuencias que los actuales escándalos podrían acarrear para la maltrecha salud de nuestra democracia.

Un Gobierno que se ha visto salpicado por un grave escándalo de corrupción en sus más altas instancias, incluido el presidente, ¿debe dimitir, como pide la oposición?

Hay factores que aconsejarían la dimisión, pero también es cierto que desconozco qué agenda europea o económica tendrá y si eso podría dañar o no los intereses de España. También en su momento, por otras razones, se pensó que José Luis Rodríguez Zapatero tenía que dimitir cuando de alguna forma tuvo que traicionar todo su programa, pero también era un momento en el que era muy difícil. Cualquier decisión puede tener sus pros y sus contras. Desde una perspectiva general, visto desde fuera, a lo mejor sería higiénica su dimisión, pero desde una perspectiva de gobernabilidad también habría un gran lío en este momento.

TRANSPARENCIA Y DINERO

Andrés Esteban, en 'El Periódico de Aragón'

Vivimos días de indignación social y convulsión mediática sobre el dinero y la corrupción en sus distintas formas (empresarial, partidaria, mafiosa, institucional-), que tiene como hilo conductor la acumulación de dinero y poder, en beneficio propio o de los amigos. A pesar de lo escandaloso que resulte, lo realmente relevante es que los casos que hay en la prensa son la punta del gran iceberg que es el poder económico acaparado en pocas manos, de una forma antidemocrática y con una gestión opaca, especulativa y corrupta.

Mientras unos (la minoría) han ido acumulando dinero/poder, en sus distintas variantes, a otros (la mayoría) se les han ido recortando derechos sociales. Eso sí, con soporte legal: paraísos fiscales, concursos públicos, banco-tapadera y amnistías fiscales. Dicen que algunas prácticas son legales, lo que es dudoso y habla muy mal de la legalidad, pero de éticas no tienen nada. Estas prácticas ponen en riesgo la democracia, de ahí que surja un clamor social contra la corrupción económica y quienes lo han favorecido, o consentido, especialmente algunos banqueros, empresarios y políticos.

Con la indignación no es suficiente, debemos ser capaces de aunar denuncia, protesta y propuesta; para potenciar una mayor democracia económica o sólo tendremos una sombra de aquello a lo que aspiramos. No sea cosa que mientras estamos protestando nuestro dinero esté puesto (por omisión) al servicio de los corruptos. Por ello, es clave practicar y potenciar las finanzas éticas, que cada día se van consolidando en España. Son instrumentos que nos permiten saber para quién trabaja nuestro dinero, obtener rentabilidad económica y social, y poder participar en la toma de decisiones económicas.

La transformación social pasa por la implicación económica, por darle un uso ético a nuestro dinero y ponerlo al servicio de nuestros valores. Y para ello tenemos dos ejemplos claros y cercanos: Coop57 Aragón, una cooperativa de servicios financieros, y Fiare Aragón, que trabaja en la construcción de la banca ética. Ambos están comprometidos en impulsar la economía real, a servicio de las personas, frente a la economía especulativa que nos ha llevado a esta situación. ¿Para quién trabaja nuestro dinero?

TRANSPARENCIA, BUENISMO NEOLIBERAL Y "CAPITALISMO RESPONSABLE"

Ignacio Muro Benayas, en Economistas Frente a la Crisis

Que la transparencia se impondría con naturalidad en todos los ámbitos de la vida parecía un consenso universalmente asumido en los años anteriores a la crisis. Se había instalado la convicción de que la información era una fuente imparable de transparencia para los ciudadanos y que, de esa lógica, no se libraría ningún espacio social, tampoco la economía y el mundo empresarial.

De alguna forma se trataba de un sueño lógico. La visibilidad empezaba a entrar en esferas que antes se consideraban sagradas y opacas como las iglesias (con las denuncias de pederastia contra obispos), los partidos políticos (corrupción en las cúpulas) o el ejercito (aceptación de la homosexualidad, denuncias de acoso). La misma lógica de transparencia afectaba a los espacios estrictamente privados como la familia, de modo que la intimidad del hogar no servía ya para encubrir los malos tratos a mujeres o los abusos de ningún tipo sobre niños.

El capitalismo occidental, como correspondía a su “carácter civilizado”, parecía asumir estos hechos con naturalidad mientras se apropiaba del “mito del progreso”. Las escuelas de negocio ponían de moda nuevos esquemas de “solución” de conflictos. La implantación de “códigos éticos” se declaraba suficiente para construir un buen gobierno empresarial en el que los primeros ejecutivos aceptaban ser controlados por consejeros “independientes”. Desde los lobbies empresariales y los grupos corporativos con poder (incluidos periodistas y anunciantes) se fomentaba la “autorregulación” de la que se desprendía un mensaje evidente: no necesitaban al Estado para que les dijera lo que tenían que hacer; ellos mismos, autónomamente, eran capaces de solucionar cualquier colusión de intereses que dañara el interés general. Las empresas “asumían” corresponsabilizarse del medio ambiente, la igualdad de género y de todo aquello marcado como políticamente correcto. El buenismo neoliberal se había instalado en la sociedad y, junto a él, el mito evolutivo del capitalismo responsable.

EL AYUNTAMIENTO DE SABADELL RECIBIÓ EN 2010 EL PREMIO A LA TRANSPARENCIA

El alcalde de Sabadell, segundo por la derecha, recibe el premio de Transparencia Internacional

Jordi Mumbrú en eldiario.es

“Este reconocimiento refuerza la confianza de la ciudadanía en su Ayuntamiento y nos anima a seguir trabajando de forma transparente y honesta a su servicio”. Con estas palabras el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, agradeció, en noviembre del 2010, el Premio de la Transparencia que le otorgó la ONG Transparencia Internacional.

Tras comparar como trabajan los 100 ayuntamientos más importantes de España, esta ONG internacional que quiere luchar contra la corrupción realizó un Índice de Transparencia de los Ayuntamientos ( pdf). La lista va de 0 a 100 y Sabadell, donde según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción podría existir una amplia trama de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones, figura en primer lugar, empatado con otros cinco ayuntamientos. Para confeccionar el ranking, la ONG tiene en cuenta hasta 80 indicadores sobre la información que se facilita de la Corporación Municipal, sus relaciones con los ciudadanos, la transparencia en las contrataciones de servicios y la transparencia en materia de urbanismo y obras públicas.

El día de la entrega del premio, Bustos dijo sentirse “orgulloso y honorado” y aseguró que seguiría trabajando en esta dirección.

El premio se entregó once meses más tarde de que la Fiscalía Anticorrupción empezara a investigar la posible trama la trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones que tiene como epicentro al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona).

LOS MERCADOS TIENEN NOMBRE Y APELLIDOS

Geoffrey Geuens, en 'Le Monde Diplomatique' 

Los socialistas europeos denuncian con virulencia “las finanzas” que reinan sin restricciones en el mundo y que habría que controlar mejor. Sin embargo, la imagen descarnada de los “mercados” tiene como efecto dejar en las sombras a los verdaderos beneficiarios de la crisis y de las medidas de austeridad en curso.

El ex banquero socialista Jean Peyrelevade, que pasó de la banca pública a las finanzas privadas, y de Francois Mitterrand a M. Francois Bayrou, explicaba en 2005: “El capitalista ya no es directamente identificable (…) ¿Con quién se rompe cuando se rompe con el capitalismo? ¿Qué instituciones hay que atacar para poner fin a la dictadura del mercado, fluido, mundial y anónimo?”. Este ex director adjunto del gabinete del primer ministro Pierre Mauroy concluía: “A falta de un enemigo identificado, Marx es impotente” (1).

Que un representante de las altas finanzas –presidente del grupo Banca Leonardo (familias Albert Frère, Agnelli y David-Weill) y gerente del grupo Bouygues– niegue la existencia de una oligarquía, ¿debe realmente sorprender? Más extraño es que los medios de comunicación dominantes difundan esa imagen desencarnada y despolitizada de las poderosos de las finanzas. La cobertura periodística de la designación de Mario Monti como presidente del Consejo Italiano bien podría constituir, en ese sentido, el ejemplo perfecto de un discurso-pantalla que hace referencia a “tecnócratas” y “expertos” allí donde se conforma un gobierno de banqueros. Incluso pudo leerse en el sitio internet de algunos diarios que “personalidades de la sociedad civil” acababan de tomar las riendas (2).

UN SINDIOS

Juan José Millás, en 'El País'

Desde que los ministros de Rajoy, en especial Montoro y Ana Mato, decidieron explicar didácticamente los porqués de la demolición del Estado, entendemos las cosas mucho mejor. He aquí un resumen, claro como el agua, de sus argumentos: Se pone precio a la sanidad para que continúe siendo gratuita y se expulsa de ella a determinados colectivos para que siga siendo universal. Se liquidan las leyes laborales para salvaguardar los derechos de los trabajadores y se penaliza al jubilado y al enfermo para proteger a los colectivos más vulnerables. En cuanto a la educación, ponemos las tasas universitarias por las nubes para defender la igualdad de oportunidades y estimulamos su privatización para que continúe siendo pública. No es todo, ya que al objeto de mantener el orden público amnistiamos a los delincuentes grandes, ofrecemos salidas fiscales a los defraudadores ambiciosos y metemos cuatro años en la cárcel al que rompa una farola. Todo este programa reformador de gran calado no puede ponerse en marcha sin mentir, de modo que mentimos, sí, pero al modo de los novelistas: para que la verdad resplandezca. Dentro de esta lógica implacable, huimos de los periodistas para dar la cara y convocamos ruedas de prensa sin turno de preguntas para responder a todo. Nadie que tenga un poco de buena voluntad pondrá en duda por tanto que hemos autorizado la subida del gas y de la luz a fin de que resulten más baratos y que obedecemos sin rechistar a Merkel para no perder soberanía. A no tardar mucho, quizá dispongamos que los aviones salgan con más retraso para que lleguen puntuales. Convencidos de que el derecho a la información es sagrado en toda democracia que se precie, vamos a tomar RTVE al asalto para mantener la pluralidad informativa. A nadie extrañe que para garantizar la libertad, tengamos que suprimir las libertades.

¿UN GOBIERNO MÁS TRANSPARENTE?

Yorokubu

Quizá sepas qué es una Ley de Transparencia, quizá no. Quizá sepas lo que es abrir datos, quizá no. Quizá sepas qué es Open Government, quizá no. Lo que es seguro es que si eres español tendrás poca idea de lo que hacen las instituciones públicas con tu dinero. Y eso se debe a que seguramente no sepas qué son ni una Ley de Transparencia, ni abrir datos, ni Open Government. Y si lo sabes sabrás también que en España de eso hay poco. Al menos en las instituciones, porque gente trabajando para que éstas sean más transparentes sí hay.

Primer paso, definir el problema. Y Los políticos tienen uno importante. Un 8,6% de los españoles ve la corrupción como el principal mal del país y más del doble, un 19,4%, ve en la clase política en el origen de esos males, según datos del CIS. En las últimas elecciones generales, con la calle viviendo manifestaciones y concentraciones históricas y en medio de una crisis sin precedentes, un 33,97% de los ciudadanos con derecho a voto se abstuvieron, votaron en blanco o nulo. Uno de cada tres, ahí es nada. La ciudadanía siente que sus representantes les son ajenos, distantes, sienten que no solucionan sus problemas, sino que los crean y, paradójicamente, sienten que sus representantes no les representan. Un momento, ¿ese es un problema de los políticos? Posiblemente no, porque cuanto menos atención prestemos a lo que hacen más manga ancha para actuar tendrán. Y a la vista de la reacción de la ciudadanía en el último año parece que la sociedad empieza a tomar conciencia de lo importante que es tomar decisiones.

¿La solución? Puede pasar por saber mejor qué hacen nuestros representantes, ya que eso ayuda a capacitar a la ciudadanía a la hora de tomar decisiones y actuar en consecuencia. El run-run en este sentido, el de una mayor transparencia institucional, parece imparable. Si bien es cierto que hay gente en este país que lleva años trabajando por una Ley de Transparencia, para que las instituciones abran sus datos a la opinión pública y para que sepamos un poco más de lo que hacen los políticos con nuestro dinero, en los últimos meses el ruido ha aumentado. Ya en la anterior legislatura se habló un montón de estas cosas porque el Gobierno de entonces prometió una Ley de Transparencia, que es el texto que regula la forma en que se abren los datos de las instituciones a la opinión pública. Prometió pero incumplió. Y ahora el actual Ejecutivo recoge ese guante y prepara un texto que presentará de forma inminente.

LA OPACIDAD CORROMPE

Soledad Gallego-Días, en 'El País'

Con una ley que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por la Generalitat de Valencia o por el Gobierno de Baleares, con una Ley de Transparencia que hubiera obligado a la Administración andaluza a explicar detalladamente los gastos y financiación de los ERE, si todas las administraciones públicas españolas hubieran estado obligadas a colgar de sus páginas web las recalificaciones de terrenos y todo tipo de contratos esenciales, se hubiera podido luchar mucho mejor contra la corrupción que infecta nuestra sociedad, a todos los niveles, desde hace años.

La exigencia de que España contara con una ley similar a las Freedom Information Act, aprobada por prácticamente todos los países de nuestro entorno, es antigua y ha sido ignorada durante años, Gobierno tras Gobierno, socialistas y populares, sin dar ninguna explicación razonable. El resultado de ese gusto por el secretismo ha sido impedir que los ciudadanos (no solo los periodistas, sino los ciudadanos, en general) contaran con algunas de las mejores herramientas, internacionalmente reconocidas y contrastadas, en la lucha contra la eventual venalidad de los políticos o la corrupción y corruptelas de las administraciones. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y con mayor satisfacción ciudadana.