Con una ley que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por la Generalitat de Valencia o por el Gobierno de Baleares, con una Ley de Transparencia que hubiera obligado a la Administración andaluza a explicar detalladamente los gastos y financiación de los ERE, si todas las administraciones públicas españolas hubieran estado obligadas a colgar de sus páginas web las recalificaciones de terrenos y todo tipo de contratos esenciales, se hubiera podido luchar mucho mejor contra la corrupción que infecta nuestra sociedad, a todos los niveles, desde hace años.
La exigencia de que España contara con una ley similar a las Freedom Information Act, aprobada por prácticamente todos los países de nuestro entorno, es antigua y ha sido ignorada durante años, Gobierno tras Gobierno, socialistas y populares, sin dar ninguna explicación razonable. El resultado de ese gusto por el secretismo ha sido impedir que los ciudadanos (no solo los periodistas, sino los ciudadanos, en general) contaran con algunas de las mejores herramientas, internacionalmente reconocidas y contrastadas, en la lucha contra la eventual venalidad de los políticos o la corrupción y corruptelas de las administraciones. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y con mayor satisfacción ciudadana.
Las leyes de Transparencia, que obligan a los Gobiernos, nacional, autonómico y local, a facilitar el libre acceso a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido, además, grandes impulsoras de administraciones eficaces y sociedades comprometidas. No se trata de una manía de los medios de comunicación, sino de una garantía de los derechos ciudadanos y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, por muy democrática que se proclame. Las nuevas tecnologías permiten hoy día el escrutinio de centenares, miles de datos, que, convenientemente relacionados y cruzados, en la mayoría de los casos por asociaciones ciudadanas y medios de comunicación, permiten detectar rápidamente procesos dudosos o decisiones no justificadas.
En unos momentos de crisis y de desconfianza creciente hacia los políticos, la transparencia se vuelve todavía más imprescindible para un funcionamiento correcto de la vida pública. Abrumados por los recortes y los ajustes presupuestarios, los ciudadanos tenemos derecho a acceder fácilmente a los datos, documentos y estudios que llevan a nuestros políticos a tomar las decisiones que adoptan.
¿Por qué no se pueden conocer en España, en un plazo razonable, los informes que elaboran los asesores económicos de La Moncloa y sí se pueden analizar los que realiza el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Por qué los suecos o los daneses pueden saber la lista de personas con las que se reúnen sus presidentes y ministros y los españoles deben permanecer en la ignorancia?
Es muy importante que la nueva legislación alcance a todas las administraciones y todo tipo de organizaciones financiadas con dinero público, porque la experiencia nórdica ha demostrado que lo que resulta extraordinariamente útil es poder controlar las decisiones que se adoptan en los niveles más cercanos: ¿Qué ajuste se pedirá a cada hospital? ¿Como los organizará la administración de cada centro sanitario? ¿Está justificado el recorte de programas sociales en cada ciudad y pueblo? ¿En que se piensan emplear los recursos disponibles? ¿Cómo y por qué se deciden en España las prioridades de gasto, tanto a nivel estatal como de las autonomías?
La peor equivocación posible sería dejar el trabajo a medio hacer y que, después de tanto esperar, la ley no permitiera cumplir estos objetivos. La sociedad española necesita urgentemente un baño de transparencia, a todos los niveles, porque la situación actual y el daño causado por la opacidad de las distintas administraciones ha sido enorme. La información puede ayudar a mejorar la salud de nuestra democracia, fortaleciendo su responsabilidad. Si se va a exigir a los ciudadanos un sacrificio tan grande como el que se anuncia, lo mínimo es darle respuesta clara a preguntas elementales: ¿Quién ha tomado esa decisión? ¿Cómo ha llegado a la conclusión de que es necesaria? ¿Qué datos se han manejado y que objetivos se persiguen?
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