Ciertamente la UE acaba de relajar la férrea cerrazón a cualquier política de estímulos a la economía que mantenía en los últimos años. El plan de fomento del empleo juvenil y el de apoyo a la financiación de las pequeñas y medianas empresas que se han aprobado el 27 de junio así lo indican. Pero las cuantías de ambos son demasiado reducidas y su aplicación futura demasiado incierta -al menos cuatro acuerdos similares se han quedado en nada en el pasado- como se pueda proclamar que la Unión, y Berlín, acaban de dar un "giro social", como ha dicho algunos. Mientras no se demuestre lo contrario, la política europea sigue dominada por los intereses de la gran finanza. Porque éstos condicionan decisivamente las decisiones de los grandes países, empezando por Alemania, y porque los lobbies bancarios mandan en el día a día de la vida política de Bruselas.
Lobbies, y muy poderosos y sofisticados, los hay en todos los países, incluido España. Pero todos ellos actúan discretamente, casi clandestinamente. Porque casi ninguna legislación nacional, aunque tampoco la prohíbe expresamente, reconoce su función primordial, que es la de influir en el poder político a fin de que éste decida en el sentido que a ellos les interesa. La UE, en cambio, sí. Bruselas les dio carta de naturaleza hace ya muchos años porque consideró que su conocimiento de los distintos sectores contribuiría a que los funcionarios y los políticos europeos decidieran políticas más ajustadas a la realidad. Desde ese punto de vista, consagrado en los textos legales comunitarios, los lobbies, más que parte interesada, son colaboradores necesarios en la gestión política de la Unión.
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