LA UE, EL BCE, LA SOBERANÍA NACIONAL Y LA CLASE TRABAJADORA EUROPEA

Salvador López Arnal, en Rebelión

En “Omnia orta occidunt”, uno de los artículos de su último libro traducido al castellano, La historia falsa y otros escritos [1], Luciano Canfora reproduce la carta que el 5 de agosto de 2011 Draghi y Trichet [D-T] enviaron al gobierno italiano, dirigido entonces por Silvio Berlusconi.

No se ha hecho pública aún, salvo error por mi parte, la carta que el dueto-central-bancario-europeo dirigió también por aquellas fechas al gobierno Zapatero. No es probable que fuera muy distinta ni en su contenido, ni en sus finalidades ni incluso en su estilo militar con mando en plaza.

Querido primer ministro, señalan con vacías palabras D-T, el Consejo de Gobierno del BCE debatió el 4 de agosto -¡la carta es del 5!- la situación en los mercados de deuda pública italiana. El Consejo consideró “que la toma de medidas urgentes por parte de las autoridades italianas es esencial para restaurar la confianza de los inversores”. Dado que los Jefes de la zona euro de la cumbre de Estado o de gobierno de 21 de julio 2011 habían llegado a la conclusión de que “todos los países del euro reafirman solemnemente su determinación inflexible para honrar plenamente su propia garantía soberana y todos sus compromisos con unas condiciones fiscales sostenibles y reformas estructurales”, en esa misma línea, el Consejo de Gobierno del BCE consideraba que Italia necesitaba urgentemente “reforzar el estado de su garantía soberana y su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales.”

CUCHILLAS CONTRA EL DERECHO A HUELGA

Ignacio Escolar, en 'eldiario.es'

El Gobierno anuncia una nueva reforma, otra que no estaba en su programa: la del derecho a la huelga. «Soy partidario de una ley de servicios mínimos para que se cumplan» -explicó Rajoy-. «He encargado que se estudie para hacer compatible el derecho a la huelga y la libertad de los ciudadanos». Su propuesta parte de cinco falacias, tan obvias como fácilmente desmontables.


1. El Gobierno no busca regular los servicios mínimos, sino restringir el derecho constitucional a la huelga. No hay más que ver el momento en el que llega esta propuesta: tras el triunfo de la huelga de limpieza en Madrid, que ha demostrado que es falso eso de que la movilización no sirva para nada. Los trabajadores evitaron los despidos porque su protesta fue visible y los ciudadanos trasladaron esa presión al ayuntamiento. En eso consisten las huelgas o las manifestaciones. Y aquellos que proponen huelgas que no se noten, o manifestaciones en las afueras de las ciudades para que no las vea nadie, piden poner alambre de cuchillas a los derechos fundamentales de los trabajadores.

2. Los servicios mínimos ya están regulados. Que no haya una ley específica no significa que no exista regulación. Además de las leyes, en un Estado de derecho existe la jurisprudencia. En el caso de los servicios mínimos, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que fija claramente en qué consisten y cómo se aplican esos servicios mínimos. Además, la Constitución lo que pide es una ley que regule «los servicios esenciales de la comunidad», que no son lo mismo que los servicios mínimos.

3. No son los trabajadores quienes abusan de los servicios mínimos. Al contrario, suele ser la administración pública cuando ejerce como patronal quien sistemáticamente los incumple, fijando unos servicios mínimos abusivos que después suelen rechazar los tribunales. La ventaja para los gobiernos es que la sentencia normalmente llega meses o incluso años después de que la huelga haya terminado. Así pasó en la huelga de Metro de Madrid del 2010, donde el Gobierno autonómico fijó unos servicios mínimos del 50% que luego los tribunales rechazaron.

4. Quienes violentan el derecho a la huelga no son los piquetes. Los datos son claros y salen del CIS, que en el 2012 realizó una encuesta tras la huelga general del 29 de marzo. En ella se demuestra que son más del doble los trabajadores que quisieron hacer huelga pero no pudieron -por la presión de la patronal o por miedo al despido- que aquellos que se vieron obligados a respaldar la huelga contra su voluntad.

5. El derecho a huelga forma parte de la libertad de los ciudadanos, no está en su contra. Y contraponer ambos derechos es, simplemente, intentar enfrentar a unos ciudadanos contra otros para que una minoría gane de nuevo en un momento en el que los más débiles están pagando todos los platos rotos.

LAS FORMAS DE LA DESIGUALDAD

La riqueza actual no conecta con la propiedad, sino con la burocracia. En el otro extremo están los trabajadores que carecen de una retribución digna porque las sociedades no los necesitan para crecer

José María Ruiz Soroa, en 'El País'

Escribía el sociólogo Barrington Moore que la desigualdad ha sido un hecho universal en las sociedades humanas dotadas de escritura. Por ello, lo más interesante de este fenómeno no es tanto su pura constatación, ni siquiera la medición del grado cuantitativo que alcanza, sino el estudio de las formas concretas que adopta la desigualdad en cada sociedad y época concretas, así como los principios que cada cultura utiliza para legitimarlas a los ojos de sus miembros.

Dado que la desigualdad económica ha vuelto a ser un tema de actualidad, resulta conveniente analizar las formas más llamativas que adopta esa desigualdad hoy en día en una sociedad europea como la española. Porque si la desigualdad es una constante, las desigualdades son distintas: si hablamos solo de la primera de una manera genérica corremos el riesgo de recaer en clichés manidos que poco aportan a la comprensión de la realidad, por muy cargados de emoción que estén. Así sucedía hace poco en este diario con un autor que celebraba el redescubrimiento de que en la sociedad existen las clases que Marx estudió en su momento. Un hallazgo de más que dudoso valor.

LA LUCHA MINERA Y LA CRISIS DEL PERIODISMO

Visto en 'La última en llegar'

El pasado 22 de junio comenzó la III Marcha Minera, una apuesta de los mineros de dar visibilidad a la protesta ante el cerrazón del Gobierno a negociar el recorte de 200 millones de euros que llevaría a la desaparición del sector del carbón en el país. Está previsto que lleguen el 11 de julio a Madrid, donde se prevé que haya miles de personas apoyando las reivindicaciones del sector, el único realmente movilizado en plena época de recortes en el gasto social, ayudas multimillonarias a la banca, medicamentazos y amenazas de subidas del IVA y de otros impuestos.

Las cuencas mineras llevan desde el 30 de mayo en huelga indefinida, con un apoyo importante de la población, tanto en las zonas afectadas como en el resto del país, que, compartiendo o no todos sus métodos de protesta, entiende que se están jugando el pan de sus hijos.

No se ha repetido este apoyo en los medios de alcance nacional, que han pasado de ignorar el conflicto, a destacar sólo las acciones de violencia o los gestos de apoyo político en el Congreso a la lucha minera, la irrupción de las mujeres de los trabajadores en el Senado (con la consiguiente expulsión) o la negativa de Juan Morano, senador del PP, a apoyar unas cuentas públicas que certificaban la muerte del sector minero en el país. En los últimos días, en gran medida gracias al apoyo de los líderes de UGT y CCOO a la Marcha Negra, en las escaletas de los informativos de televisión se han podido ver colas con el día a día del periplo hacia la capital.

Ante la evidencia de unos medios que, en general, no están prestando atención al conflicto, los mineros han decidido organizarse: han abierto cuentas de Twitter, que mantienen muy activas, para contar lo que ocurre cada día (@PorAsturies , @Mineros_Leon @MarchaNegra ), han creado una radio comunitaria y emiten un programa diario de la Marcha Negra (http://www.javiermanzano.es) y, en general, han decidido dar la espalda a los medios de comunicación tradicionales, actitud más que justificada si se tiene en cuenta lo ocurrido hoy.