"SI CREÁSEMOS UNA SICAV EN CADA BARRIO, SE TOMARÍAN EN SERIO LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL"

- La recaudación en España por el Impuesto de Sociedades ha caído desde los 44.000 hasta 14.000 millones
- Los trabajadores declaran una media 19.359 euros al año y empresarios y profesionales sólo 11.036 euros
- Las grandes multinacionales tecnológicas sólo tributan en España un millón de euros en impuestos al año

Tomeu Ferrer, en eldiario.es

"Si los vecinos hiciéramos una Sicav en cada barrio, se tomaría en serio la lucha contra el fraude fiscal". Con esta frase un poco provocadora remachaba, Jordi Giró, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (Confavc) su intervención en una jornada de análisis de la fiscalidad en España. Contra lo que se pudiera pensar, el líder vecinal no defendía la elusión fiscal, sino una fiscalidad realmente progresiva, que contribuyese a luchar contra el austericidio e incrementara la recaudación poniendo el énfasis en aspectos diferentes a los de la política oficial española.

La intervención de Giró formaba parte del Ágora Vecinal, un ciclo de charlas iniciado con la primera, titulada "¿Fiscalidad justa?". En él participaron Miguel Ángel Mayo, delegado en Cataluña del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha); Ariadna Trillas, representante de larevista Alternativas Económicas y Jordi Giró, que fue moderado por el director de la Fundación Periodismo Plural y de CatalunyaPlural.cat, Josep Carles Rius.

¿POR QUÉ FALTA VOLUNTAD POLÍTICA PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE?

nuevatribuna.es

La Administración rehúye de los informes de economía sumergida porque sus resultados pueden evidenciar, con toda probabilidad, una política antifraude ineficaz y precisamente lo último que desean los responsables políticos en este momento es someter a escrutinio de toda la opinión pública sus políticas económicas.


Recientemente, losTécnicos del Ministerio de Hacienda hicimos público nuestro último informe sobre la evolución de la economía sumergida, que arrojaba una cifra de fraude equivalente al 24,6% del PIB, más de 250.000 millones de euros. Pese a la rigurosidad del estudio coordinado por el profesor Jordi Sardá de la Universitat Rovira i Virgili, algunos responsables políticos salieron una vez más a la palestra pública para asegurar que es imposible aproximarse a la dimensión del fraude precisamente porque es una realidad opaca y difícil de medir.

Si el Gobierno o cualquier otra administración respaldara un informe de economía sumergida estaría dispuesto a hacerfrente a un problema que aun siéndolo evita las revueltas sociales en un país con una tasa de paro de casi el 26%

Pero lo cierto es que este argumento enmascara una falta clara de voluntad política en la lucha contra el fraude. Sin ir más lejos, ningún gobierno o administración pública, salvo contadísimas excepciones, ha encargado un estudio independiente al respecto, por lo que cabe preguntarse por qué. Desde Gestha pensamos que hay cuatro poderosas razones que explican esta postura.

PAGOS EN EFECTIVO, LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y OTROS CUENTOS DE NAVIDAD

Ricardo Rodríguez, en Mundo Obrero

El autor, Agente de Inspección Fiscal de la Agencia Tributaria, partiendo de las nuevas medidas de la reciente ley 7/2012 que pretenden poner control al fraude fiscal sobre las operaciones en efectivo, analiza todo el conjunto de la política fiscal del PP y entra en la perspectiva del a su juicio acose y derribo a que ha sido sometida la fiscalidad en nuestro país tanto por los gobiernos del PP como por los del PSOE.

1. Pagos en efectivo

La decisión del Gobierno de prohibir determinadas operaciones económicas por cuantía igual o superior a 2.500 euros ha alcanzado bastante popularidad y ha sido discutida a lo largo de las últimas semanas por miles de ciudadanos de a pie haciendo multiplicar las opiniones a favor y en contra. Lo cierto, no obstante, es que se trata sólo de una de las medidas contra el fraude introducidas por la Ley 7/20121, que contiene otras quizá no tan llamativas pero sí de mayor entidad desde el punto de vista fiscal.

Por lo que se refiere a la limitación de los pagos en efectivo, la norma prohíbe que estos pagos puedan llevarse a cabo a partir de 2.500 euros en las operaciones en las que al menos uno de los intervinientes sea empresario o profesional; eleva hasta 15.000 euros el límite para los supuestos en que el pagador sea un particular no residente en territorio español, aunque el perceptor sea empresario o profesional, y no fija límite ninguno para las operaciones entre particulares y para los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito. La multa por incumplir esta limitación será del 25% del importe de la operación, aunque se eximirá de sanción a aquel interviniente en la misma que lo denuncie, exoneración ésta con evidente finalidad disuasoria por efecto del conocido como «dilema del prisionero»: se espera que muchos evitarán los pagos en efectivo ante el temor de ser denunciados por aquellos con los que cierren los negocios.

EL IMPRESIONANTE RASTRO DEL FRAUDE FISCAL

Soledad Gallego-Díaz, en 'El País'

En 2007, previo al estallido de la crisis, las empresas obtuvieron, según la Central de Balances del Banco de España, beneficios récords. Aumentaron un 14,9% respecto al año anterior. Incluso en el primer trimestre de 2008 (ya instalada la crisis) los resultados de las empresas no financieras subieron un 8%, mientras que las financieras los disminuyeron, por primera vez, en un 1,5%. Con esos datos en la mano, Hacienda esperaba una recaudación en el impuesto de sociedades superior a la de 2006 o, como mínimo, similar. Pero no fue así: el impuesto sobre sociedades experimentó una brusca caída del 18%.

Son datos que hicieron públicos los inspectores de Hacienda ya en septiembre de 2008. La única explicación posible a ese fuerte descenso en la recaudación, aseguraron, era el incremento del fraude fiscal.

En solo dos años, 2008 y 2009, el impuesto de sociedades y el IVA cayeron más de 46.000 millones de euros. El IVA se recuperó, pero el impuesto de sociedades no, según ha asegurado esta misma semana Francisco de la Torre, secretario de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE).

La primera explicación que se suele dar a la espectacular caída en la recaudación fiscal, insiste De la Torre, es que resulta inevitable porque en España se han destruido millones de empleos y porque la parte de la economía sumergida ha aumentado. Pero eso no explicaría lo sucedido en 2008. Además, la destrucción de empleo no disminuye los ingresos empresariales, sino los del IRPF y las cotizaciones sociales.

IMPUESTOS Y FRAUDE FISCAL

Vicenç Navarro

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) es una de las instituciones más valiosas que tiene este país. De una manera metódica y rigurosa proveen información de una gran importancia que documenta las enormes injusticias existentes en el sistema fiscal español que se han acentuado todavía más con las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos Zapatero y Rajoy (más este último que el primero) en respuesta a la crisis. En un interesante artículo publicado en Tercera Información (02.05.12), Miguel Ángel Mayo, coordinador en Catalunya de tal sindicato, provee gran cantidad de datos sobre el fraude fiscal en España que, por desgracia no han aparecido en los medios de mayor difusión. Veámoslos.

El fraude fiscal representa una cifra, 89.000 millones de euros, muy elevada y que el Estado deja de ingresar año tras año. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Por otra parte, España es el país que tiene menos inspectores de Hacienda en relación a la población tributaria. Hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Franca y Alemania.

EL FONTANERO Y EL FRAUDE FISCAL

Soledad Gallego-Diaz, en 'El País'

En épocas de crisis formidables, una cosa importante es no permitir que se desvíe la atención de los ciudadanos de los problemas realmente decisivos y de los cambios que van decidiendo los responsables políticos y económicos, muy dispuestos siempre a mantenernos ocupados con problemas generales, mientras pasan por delante, sin que los veamos, los agobios concretos que habría que atacar inmediatamente.

Por ejemplo, los ciudadanos hablamos frecuentemente del fraude fiscal, refiriéndonos al dentista o al fontanero que cobra sin facturar el IVA, al artista o deportista que se ha domiciliado en un paraíso fiscal. Todos ellos merecen el reproche social, la persecución de Hacienda y las multas que correspondan. Pero donde está el verdadero fraude no es en ese grupo de defraudadores, sino en las redes de sociedades que montan a su vez decenas de firmas instrumentales, “pantallas” gracias a las cuales se evitan pagar miles de millones de euros en IVA. Es el llamado “fraude carrusel”, que no se detecta sino con difíciles investigaciones, y cuyas dimensiones actuales deberían provocar mucha más alarma social que el artista de turno. El 76% del fraude, aseguraba hace poco un representante del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, está en empresas que facturan más de seis millones de euros.

El problema es que en España no existe ningún estudio oficial sobre el volumen actual del fraude. Con el pretexto de que son cálculos difíciles de realizar y, un argumento todavía más infame, que los resultados solo sirven para desmoralizar al contribuyente cumplidor, hace ya muchos años que se decidió que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) abandonara ese campo. El diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón ha presentado una proposición no de ley para que se vuelva a encargar al IEF una estimación, revisable cada dos años, y muchas voces en la Comisión Europea quieren que el Gobierno español esté obligado a proporcionar algunos datos.

LA SITUACIÓN FISCAL EN EL REINO DE ESPAÑA Y LOS TAMBORES DE GUERRA DEL NUEVO GOBIERNO

Daniel Raventós · · · · ·

Poco antes de las elecciones a las Cortes del pasado 20 de noviembre, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) envió un informe a los partidos políticos y a la ciudadanía en general titulado "Reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Una medida vital e imprescindible para superar la crisis". Este informe es de lectura obligada para entender muy claramente los rasgos generales de la situación fiscal en el Reino de España desde que empezó la crisis económica hasta hoy [1].

El 19 de diciembre, en su discurso de investidura, el ya nuevo presidente del gobierno de la monarquía española, Mariano Rajoy, se apartó de forma notable de las recomendaciones del informe de Gestha. En el discurso escrito no se cita ni una sola vez el fraude fiscal. Es realmente significativo que en un texto que consta de 31 páginas no se hiciese ni una vaga alusión a uno de los problemas más graves de la economía desde el punto de vista fiscal.

Aunque puede haber diferencias entre distintos estudios realizados sobre el peso de la economía sumergida en el Reino de España, se estima con mucha convergencia de criterio que abarca un porcentaje que va del 20 al 25% del PIB. Comparativamente, este porcentaje es parecido al que se estima también para Grecia e Italia. Y muy diferente al que se estima para, entre otros estados europeos, Austria, Suiza, Francia y Holanda, zonas en donde este porcentaje mengua a la mitad: del 10 al 12%. Según Gestha, la economía sumergida del Reino de España en el año 2010 fue del 23'3% del PIB, porcentaje que supone la evaporación de 88.000 millones de euros de impuestos. Sigue afirmando el informe que si se redujese en 10 puntos este porcentaje (hasta el 13'3%), se podría ingresar 38.500 millones de euros más al año. Muy contrariamente, en el discurso de investidura de Rajoy, éste anunció que "es nuestro compromiso y a él nos vamos a atener: 16.500 millones de reducción del déficit en el año 2012". 16.500 es el 43% de 38.500. Y son millones de euros obtenidos de forma harto diferente.

EL BCE, EL 'LOBBY' DE LA BANCA

Vicenç Navarro

Para qué sirve un banco central? Una de las actividades que un Banco Central realiza en un país es imprimir dinero para, entre otras cosas, comprar la deuda pública de su Estado y con ello bajar los intereses que tenga que pagar su Estado para poder vender sus bonos públicos. De esta manera, cuando los mercados financieros quieren especular sobre el precio de tales bonos públicos (promoviendo en los medios de información, con ayuda de las agencias de calificación de riesgos como Standard & Poor’s, que los estados no podrán pagar los intereses de tales bonos, forzándoles a pagar unos intereses muy altos para poder vender sus bonos –lo que se llama prima de riesgo–), entonces el banco central hace funcionar sus imprentas y produce moneda con la cual comprar su deuda pública, defendiéndola frente a la especulación. Esto es lo que hace un banco central digno de su nombre. Ni que decir tiene que hay también riesgos en imprimir mucho dinero, porque, cuando hay mucha moneda, puede incrementarse la inflación. Pero la inflación en la eurozona no es un problema. Antes al contrario, es demasiado baja, dificultando el crecimiento económico, que es el mayor problema de esta comunidad monetaria.

El problema con la deuda pública de los países de la eurozona es que sus bancos centrales no pueden imprimir dinero ni tampoco pueden comprar su deuda pública. Los estados están totalmente desprotegidos. De ahí que todos (desde Grecia hasta Alemania) tienen o tendrán problemas con su deuda pública. El único banco central que puede imprimir dinero es el Banco Central Europeo (BCE). Pero el problema con este es que no actúa como un banco central, es decir, no compra los bonos públicos de los estados miembros, ni tampoco presta dinero a los estados. El famoso artículo 123 de su reglamento lo dice muy claro. El BCE no podrá comprar deuda pública de los estados. Estos no pueden hacer nada frente a la especulación de los mercados financieros.