¿POR QUÉ FALTA VOLUNTAD POLÍTICA PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE?

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La Administración rehúye de los informes de economía sumergida porque sus resultados pueden evidenciar, con toda probabilidad, una política antifraude ineficaz y precisamente lo último que desean los responsables políticos en este momento es someter a escrutinio de toda la opinión pública sus políticas económicas.


Recientemente, losTécnicos del Ministerio de Hacienda hicimos público nuestro último informe sobre la evolución de la economía sumergida, que arrojaba una cifra de fraude equivalente al 24,6% del PIB, más de 250.000 millones de euros. Pese a la rigurosidad del estudio coordinado por el profesor Jordi Sardá de la Universitat Rovira i Virgili, algunos responsables políticos salieron una vez más a la palestra pública para asegurar que es imposible aproximarse a la dimensión del fraude precisamente porque es una realidad opaca y difícil de medir.

Si el Gobierno o cualquier otra administración respaldara un informe de economía sumergida estaría dispuesto a hacerfrente a un problema que aun siéndolo evita las revueltas sociales en un país con una tasa de paro de casi el 26%

Pero lo cierto es que este argumento enmascara una falta clara de voluntad política en la lucha contra el fraude. Sin ir más lejos, ningún gobierno o administración pública, salvo contadísimas excepciones, ha encargado un estudio independiente al respecto, por lo que cabe preguntarse por qué. Desde Gestha pensamos que hay cuatro poderosas razones que explican esta postura.

En primer lugar, la Administración rehúye de los informes de economía sumergida porque sus resultados pueden evidenciar, con toda probabilidad, una política antifraude ineficaz y precisamente lo último que desean los responsables políticos en este momento es someter a escrutinio de toda la opinión pública sus políticas económicas y sociales implantadas desde el comienzo de la crisis.

Segundo. La ausencia de este tipo de informes permiten al Ejecutivo continuar con su marketing de cifras y publicitar como grandes resultados los obtenidos año tras año por la Agencia Tributaria (AEAT), pasando por alto que la recaudación en la lucha contra el fraude siempre es inferior al objetivo fijado un año antes.

Otra de las causas que explican esta falta de voluntad política reside en el alto grado de jerarquización de la AEAT, lo que la hace poco funcional debido a la desigual carga de trabajo. Por este motivo, los Técnicos de Hacienda deberían tener más autonomía y competencias para combatir la economía sumergida, lo que sin duda mejoraría los resultados del fisco.

Por último, aunque no menos importante, si el Gobierno o cualquier otra administración respaldara un informe de economía sumergida estaría dispuesto a hacer frente a un problema que aun siéndolo evita las revueltas sociales en un país con una tasa de paro de casi el 26% y con un elevado nivel de corrupción que salpica sin excepción a prácticamente todas las instituciones.

De todas formas, la resistencia de los gestores políticos a realizar estos estudios no tiene mucha lógica si tenemos en cuenta que, según el último informe del CIS sobre fraude fiscal, el 67% de los españoles considera que el Ejecutivo hace “poco o muy poco” para lucha contra el fraude. Y en esta percepción no solo influye la falta de transparencia, sino también el mal ejemplo que supone la corrupción. Como decía Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única.