Angel Villegas Bravo
Cuando dicen reforma laboral, de lo que se trata en realidad es de peores condiciones de trabajo, de más precariedad, todavía, y de despido casi, o del todo, gratuito.
Cuando dicen ajustes, se trata de menos profesores en la enseñanza pública y de más horas de trabajo.
Cuando hablan de racionalización de la sanidad pública, se trata de menos camas hospitalarias, de peor calidad, de todavía más largas listas de espera, de repago (que no copago) por acudir a los médicos, por operarse o por usar medicamentos, y de privatización más o menos encubierta y que cada día afecta a más aspectos de la sanidad.
Cuando alardean de que se han bajado el sueldo, resulta que en los mismos hay partidas opacas y cuando se les afea este proceder, alegan que "otros también lo hacen" y que "es absolutamente legal".
Cuando terminan, por las causas que sea, su tarea, después de haber arruinado una Caja de Ahorros (públicas o semipúblicas), se van con indemnizaciones millonariamente indecentes o con pensiones vitalicias que podrían solucionar la vida de muchas familias. Y, dicen, es legal.
Cuando se les pide explicaciones por sus arbitrariedades (reforma de la Constitución a su antojo), dicen que están legitimados por las urnas, como si el hecho de que el ciudadano introduzca una papeleta en una urna, una vez cada cuatro años, les otorgara patente de corso.
Y, tanto ellos como muchos ciudadanos, ante todos estos desmanes, recurren a la odiosa y embustera frase: "Son todos iguales". Pues no, no lo son, o, en todo caso, unos son más "iguales" que otros. A la ciudadanía corresponde discernir sobre todo esto y proceder en consecuencia.
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